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En su primera gestión en el conflicto por Botnia-UPM desde que asumió el cargo, el canciller Héctor Timerman se reunió con el presidente uruguayo, José Mujica, y su par Luis Almagro, a quienes les entregó la propuesta argentina para cumplir con el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Su contenido no fue dado a conocer, pero en Buenos Aires fuentes del Gobierno aseguraron que se avanzó con la propuesta de dos planes de control –uno para Botnia y otro para el río Uruguay– y que, en ese marco, la Argentina aceptó que las industrias propias ubicadas sobre el río Uruguay también sean vigiladas.
Timerman viajó a Montevideo, donde se reunió con Almagro en la sede de la Cancillería. Luego, y en un gesto de la importancia que da al tema el gobierno uruguayo, se sumaron al encuentro Mujica y el vicepresidente Danilo Astori.
La reunión, almuerzo incluido, duró más de cuatro horas. A su término, el canciller uruguayo la calificó de “positiva” y dijo que su país responderá a la propuesta argentina “posiblemente en una semana”. Timerman, por su parte, aclaró que prefería “no revelar su contenido”, para esperar “que Uruguay la analice”.
“He traído una propuesta para el monitoreo del río Uruguay, una propuesta que entendemos nosotros basada en la ciencia y en el interés de resolver esto lo antes posible para abocarnos a lo más importante, que es la unión de nuestros pueblos y la lucha contra aquellos que quieren retrasar la justicia social. La hemos dejado en manos del ministro Almagro. Desde nuestro punto de vista estamos dispuestos a un monitoreo total, ancho y absoluto de todo el río Uruguay en ambas orillas y con todas las garantías que todos debemos tener para cuidar el medio ambiente.”
Por la mañana y antes de entrar a la reunión, el canciller había anticipado en declaraciones radiales algunos lineamientos. Aseguró, con una idea novedosa para este tema, que se puede implementar “un monitoreo científico en tiempo real”.
“Se trata de un monitoreo amplio, absoluto, abierto y en tiempo real, para que toda la ciudadanía de ambos pueblos esté enterada de qué es lo que sucede con el medio ambiente en el río”, definió. Y agregó incluso que “Argentina está preparada para empezar el monitoreo a partir de hoy mismo al mediodía, cuando entreguemos nuestra propuesta a Uruguay”.
Sobre la participación de Brasil, aclaró que sólo puede ser decidida a nivel de presidentes, entre Cristina Kirchner y Mujica. “El fallo de (el Tribunal de) La Haya no habla de Brasil”, recordó Timerman, por lo cual ambos mandatarios “van a tener que discutir si les parece apropiado sumarlo, dado que sería incorporar algo que no está en el fallo y que, como canciller, no tengo la posibilidad de hacerlo.”
Antes de partir a Montevideo, y en busca de generar consenso, el canciller había recibido en el Palacio San Martín al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para ponerlo al tanto. Al retirarse de la Cancillería, el gobernador aseguró tener “plena coincidencia” con la propuesta. “La alternativa que se va a plantear tiene que ver con la decisión de actuar de manera rápida y enérgica en un control eficiente”, declaró. Con el mismo objetivo, Timerman convocó a una reunión para la semana próxima a una delegación de la asamblea de Gualeguaychú.
Las negociaciones por Botnia tienen como marco el acuerdo que Mujica y Cristina Kirchner hicieron a principios de junio, en un encuentro que realizaron en la quinta presidencial de Anchorena, en Colonia. Allí, para dar cumplimiento al fallo de La Haya, que ordenó que Botnia fuera sometida a “un monitoreo continuo”, los mandatarios convinieron en implementar dos planes de control, uno para Botnia y otro, más en general, para el río en los 500 kilómetros de cauce compartido.
El acuerdo tuvo como cláusula no escrita la exigencia uruguaya de que el corte que la asamblea de Gualeguaychú mantenía contra Botnia en la ruta 136 fuera levantado, lo que finalmente ocurrió, previa querella del gobierno nacional a los asambleístas, el 19 de junio pasado.
Durante la gestión del ex canciller Jorge Taiana, equipos de la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente elaboraron una propuesta para la vigilancia de la papelera, que propuso instalar dentro de Botnia-UPM equipos para el monitoreo continuo de las emisiones de gases y los vertidos al río. Tras reemplazar en el cargo a Taiana, Timerman habló además de una solución “innovadora” del conflicto.
Algunas versiones señalan que el canciller respaldaría la creación de una universidad binacional ambiental –o un centro de investigación– que, radicado en Gualeguaychú, se especialice en cuestiones ecológicas.
Argentina y Uruguay se dieron 60 días para acordar el monitoreo de Botnia-UPM, plazo que se cumplirá a fines de julio. Lo esperable es que el Uruguay, tras leer la propuesta argentina, presente una contrapropuesta con los cambios o agregados de su factura.
Para la posición argentina, lo importante es poder tomar muestras en el interior de Botnia-UPM, instalando allí un sistema de monitoreo que sea continuo. Para los uruguayos, el tema pasa por ampliar el control a todo el río, incluyendo las fábricas argentinas, tema que está por fuera de lo ordenado por el Tribunal de La Haya, pero en el que los dos gobiernos se muestran dispuestos a coincidir.
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