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La Justicia aceptó al Estado nacional como querellante en la causa contra los integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú que cortaron durante tres años y medio la ruta 136, aunque rechazó llamar a indagatoria a los asambleístas denunciados. Las dos decisiones fueron tomadas por el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel, quien consideró que los vecinos no llegaron a tener conciencia, mientras bloqueaban el puente internacional, de que estuvieran cometiendo un delito.
La querella había sido presentada por el Gobierno a principios de junio, como un modo de presión para que la Asamblea levantara el corte, evitando ordenar un operativo de represión. En el escrito que llevó a la Justicia, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, pidió en nombre del Estado la indagatoria de diez integrantes de la Asamblea: Jorge Fritzler, Sira Muñoz, Osvaldo Daniel Fernández, Juan Antonio Ferrari, Ana María Acosta, Paola Robles, Cristina y Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez.
En el escrito, el Estado pidió que se los investigara por “amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, atentado al orden público, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento”. Además, los consideró presuntamente responsables de la muerte del motociclista Walter Alejandro Malucci, quien falleció en la madrugada del 26 de abril de 2009 al llevarse por delante un acoplado instalado en el corte.
Sin embargo, la fiscalía discrepó con el pedido. Y ayer, el juez Pimentel también rechazó los argumentos del procurador. “Se vislumbra al momento de actuar de aquellos que interrumpieran el tránsito vehicular, un déficit de conciencia en la realización del ilícito, lo que les impidió comprender la criminalidad del acto y hacer exigible en el caso una conducta conforme a derecho”, sostuvo.
“Si se tiene en cuenta, durante el tiempo que medió el corte de ruta, el contexto social imperante, la ausente actividad prevencional, la opinión jurídica de la representación estatal ante organismos internacionales, (...) es evidente que en la subjetividad de todos aquellos que llevaron adelante la medida de fuerza no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho”, concluyó.
De todas maneras, al aceptar al Estado como querellante, el fallo le deja abierta al Gobierno la posibilidad de apelar. Y además, sienta un precedente para lo que pueda pasar a partir de agosto, cuando venza la tregua de 60 días votada por la Asamblea, momento en el que los vecinos podrían volver a cortar la ruta si el plan de vigilancia para Botnia-UPM no los conforma.
En su fallo, el juez advirtió que los argumentos por los cuales no citará a declarar a los asambleístas no serán aplicables si vuelven a bloquear el puente, porque con este fallo considera que quedan avisados de que el corte es un delito. “El decurso de los acontecimientos importa ya la necesaria instancia reflexiva que ha de erradicar toda duda sobre la inexistencia de la permisión.”
La expectativa de los asambleístas es que el gobierno nacional desista de la querella. Así lo plantearon la semana pasada en la reunión que mantuvieron con el gobernador Sergio Urribarri, a quien pidieron que intervenga ante la Casa Rosada. En la Rosada no parecen interesados en fogonear la causa ahora que el corte se levantó, pero difícilmente retire su querella mientras la posibilidad de un nuevo bloqueo siga latente.
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