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Desde Tucumán
El represor Luciano Benjamín Menéndez sumará hoy una nueva condena por violaciones a los derechos humanos. Es que el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, presidido por Carlos Jiménez Montilla, leerá los fundamentos de la pena en contra de los cuatro imputados que quedan en pie en la megacausa sobre crímenes cometidos en el centro clandestino Jefatura de Policía. El dictador Antonio Domingo Bussi fue excluido de este expediente por razones de salud y los jerarcas Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo murieron mientras se desarrollaban las audiencias que comenzaron el pasado 16 de febrero.
Menéndez llegó a Tucumán desde Córdoba el martes por la noche en un vuelo especial y con la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para escuchar de boca de los jueces los cargos que se le imputan y la pena en cada caso. Lo acompañarán en el banquillo de los acusados Roberto “El Tuerto” Albornoz y los ex policías Luis y Carlos De Cándido.
Menéndez pidió hacer uso de la palabra antes de que terminara la última jornada y antes de que el tribunal pasara a deliberar. Como era de esperar, el genocida sostuvo y ratificó la teoría de los dos demonios, y aseguró que en la Argentina se vivía un clima “de guerra”. Sus palabras fueron muy parecidas a las expresadas ante los jueces cordobeses días atrás, cuando también habló de la “persecución” de parte del gobierno nacional desde el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner.
El abogado del represor Albornoz, Exequiel Avila Gallo (h.), intentó deslindar las responsabilidades de su defendido y puso el foco en Bussi y en la “indiferencia” de la sociedad. “Hoy, a 34 años de los hechos, es fácil hacerle de capotón furioso a Bussi con máscara de oxígeno. Pero hace 34 años, nadie lo miraba fuerte”, lanzó y pidió la absolución de su cliente. El fiscal Terraf lo acusó de haber tenido expresiones “atrevidas y temerarias”.
Avila Gallo continuó: “Había un temor reverencial generalizado, sea en la esfera privada o dentro de la estructura administrativa de la provincia. En ese contexto, nadie hacía nada sin que lo haya ordenado Bussi”, dijo para graficar el clima de temor que paralizaba a la sociedad y que, según él, incluía a su defendido. “Ni (Alberto) Cattáneo tomaba las decisiones DF (Disposición Final, era la sigla que indicaba la muerte) sin consultarle a Bussi”, agregó para tratar de despegar a su defendido, quien fuera jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía tucumana.
Esta causa incluye a 22 víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en pleno barrio norte de la capital tucumana. Los represores recibirán hoy una condena por los delitos que cometieron. Resta saber si el tribunal enviará a los represores a la cárcel o si volverán a repetirse las escenas del 2008, cuando esa decisión quedó en manos de la Cámara de Casación y, así, Bussi, siguió “detenido” en un coqueto country en Yerba Buena, al pie de los cerros tucumanos.
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