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El gobierno de Mauricio Macri no podrá utilizar las polémicas armas de impulsos eléctricos Taser X26 en la ciudad de Buenos Aires. Así lo dictaminó ayer la Justicia en lo Contencioso Administrativo, que hizo lugar a un amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos porteño (ODH) al considerar estos dispositivos como elementos de tortura. La sentencia generó un duro rechazo por parte del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien negó que ese armamento “sirva para torturar”, y anunció que apelará la medida. A su vez, apuntó hacia “una minoría que politiza todas las acciones del gobierno de Macri” y hasta deslizó la posibilidad de convocar a una consulta popular para que los vecinos se pronuncien acerca de cuáles deberían ser las políticas de seguridad que se implementen en la ciudad.
El fallo de la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, Andrea Danas, demolió uno a uno los argumentos del PRO para que la Policía Metropolitana porte las armas de descargas eléctricas que formaban parte de su plan de seguridad. El escrito considera que su implementación viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y ordena que el gobierno encabezado por Macri se “abstenga” de utilizarlas y “deje sin efecto” su adquisición.
“Esta es una victoria muy grande de los derechos humanos”, afirmó Carlos Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), a Página/12 apenas conocida la sentencia. La organización había presentado el 22 de febrero pasado un recurso de amparo ante la Justicia porteña para impedir la utilización de las Taser X26 por considerarlas un elemento de tortura basada en informes de Amnesty Internacional. En su momento, la jueza Danas suspendió su salida a la calle de manera cautelar y convocó al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que justificara con sus palabras el deseo del macrismo de dotar de ese armamento a su fuerza. En el fallo, Danas sostiene que la argumentación oficialista se redujo a “afirmaciones dogmáticas” basadas en la descripción técnica de las armas, pero “sin datos científico-médicos que desmientan la realidad que afirman no sólo el propio fabricante, sino también Amnistía Internacional”. La jueza refiere a la “potencialidad letal” que las Taser pueden tener en personas con enfermedades preexistentes o bajo efecto de estupefacientes. También subraya que el posible daño no depende ni de la preparación técnica de los uniformados ni de las medidas de seguridad tendientes a evitar abusos, ambos pilares del discurso oficial en su defensa.
La sentencia tomó por sorpresa a los macristas, que intuían que la magistrada no avalaría la presentación. El mismo Montenegro anticipó que el Gobierno de la Ciudad “va a apelar” la medida, para que –según él– “la Cámara ponga un poco de cordura ante este tipo de disparates”. “Hay una sensación de que una minoría politiza todas las acciones del gobierno. No se dan cuenta de que una mayoría silenciosa es la que sufre los problemas cotidianos de la inseguridad en la calle”, disparó el ministro. En ese sentido, Montenegro anunció que desde el PRO harán una convocatoria “para que cada vecino opine sobre las políticas de seguridad” y, de esta forma, se expresen a favor o en contra de la construcción de una nueva comisaría para la Metropolitana o de que “se aprueben las leyes contra motochorros y trapitos”. Así Montenegro unificó su queja contra anteriores veredictos judiciales contrarios a la construcción de comisarías en espacios verdes de la ciudad, y contra la Legislatura, que se resiste a tratar los proyectos oficialistas para erradicar motochorros, limpiavidrios y cuidacoches.
En sintonía se expresó el jefe de la Policía Metropolitana, que aseguró que el fallo le resulta “incomprensible”, y calificó de “lamentable” la decisión de la jueza Danas. Con un argumento casi calcado, pero a la inversa, Burzaco resaltó que la magistrada “no tiene justificaciones técnicas ni médicas a partir de las cuales hacer semejantes injerencias”, y volvió a insistir en la cantidad de fuerzas de seguridad que usan las X26 en todo el mundo. El funcionario se preguntó si en las provincias donde su utilización aún está permitida se están respetando los derechos humanos y si el Renar –que debe regular estas armas– las aprobó a sabiendas de que son consideradas un elemento para torturar.
Informe: Gabriel Morini.
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