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El 7 de junio pasado el Ministerio de Defensa denunció ante el juez federal Ariel Lijo a tres almirantes, dos abogados y dos empresarios por “cohecho, tráfico de influencias y soborno internacional”. La contratación con la empresa alemana Ferrostaal para el desarrollo de cuatro patrulleros oceánicos multipropósito por 600 millones de pesos es el motivo de los delitos invocados. Lijo incautó documentación en varios allanamientos pero el jefe de la Armada, Jorge Godoy, ni siquiera alejó de sus oficinas a varios de los denunciados. El contraalmirante Juan Carlos Palma sigue a cargo de la Dirección de Sistemas de Apoyo de la Armada; es decir que es segundo de la Dirección de Materiales, el área más sospechada por las negociaciones con Alemania. El contraalmirante Alejandro Francisco Uberti está retirado pero sigue ocupándose del proyecto de vender las cuarenta hectáreas linderas de la Base Naval de Ushuaia que quedarán desafectadas una vez que se concrete el proyecto del Polo Logístico Antártico. El abogado de la Armada Osvaldo Luis Parrinella, señalado por el arrepentido alemán que sacó a luz los negocios non sanctos como el posible contacto en la Argentina, sigue revisando contratos en el sexto piso del Edificio Libertad.
En el juzgado de Lijo empezaron a analizar los papeles recogidos en los allanamientos a los domicilios del vicealmirante Gustavo Leprón, de Uberti, de Parrinella y de dos directivos de Ferrostaal en Buenos Aires, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia. Los marinos pretenden ganar tiempo con la feria judicial mientras desde el Edificio Libertador, sede de la cartera de Defensa, están expectantes por la actitud de la conducción de la Armada. El diálogo entre la ministra Nilda Garré y Godoy es prácticamente inexistente.
Sobre el vicealmirante Leprón se posan todas las miradas porque se desempeñaba como director de Materiales mientras se realizaron las negociaciones para construir las lanchas patrulleras. Por otras denuncias de irregularidades en la contratación de las obras de traslado del polo educativo de la Armada a Vicente López –en reemplazo de la ESMA–, Leprón había sido pasado a retiro. Sin embargo, siguiendo el derrotero de los hombres de confianza de Godoy y del vicealmirante Enrique Olmedo, jefe de Personal de la Armada, fue recontratado de inmediato como retirado en servicio: recaló en la Agencia Logística de Defensa –el área encargada de centralizar las compras de las Fuerzas Armadas– y luego como vicepresidente del astillero Tandanor, cargo que tuvo que abandonar al estallar el escándalo con Ferrostaal.
La revista alemana Der Spiegel publicó a principios de abril una nota de investigación dando cuenta de los supuestos negociados con la Argentina, Defensa primero lo desestimó pero luego le pidió a la Dirección de Transparencia que analizara el caso. El informe de treinta y nueve carillas fue lapidario y desembocó en dos denuncias judiciales.
En el Edificio Libertad se asombraban de la familiaridad con la que Leprón entraba y salía para llevarse carpetas con documentación sobre las contrataciones en las que había puesto su firma. Le tuvieron que pedir que devolviera los papeles que con tanto ahínco recolectaba para armar su defensa. Junto a Leprón trabajaba el entonces capitán de navío Palma –actual contraalmirante– quien manejaba la relación con los contratistas y es el único de los denunciados que sigue en actividad y en su puesto.
La búsqueda de antecedentes de la Dirección de Transparencia tropezó con otras sospechas independientes de los patrulleros oceánicos. Irregularidades en una contratación del año 2004 entre la Armada y Ferrostaal para comprar un motor para la Fragata Libertad derivaron en otra denuncia penal contra Leprón, los capitanes de navío Alberto Pérez y a Eduardo Harris (retirado) y los capitanes de fragata Gerardo Bellino y Mario Pontello (retirado) –entre otros funcionarios de la Armada– y se pidió la promoción de sumarios internos para los oficiales en actividad. Los conocedores del expediente cuentan que “entre la apertura de sobres, la adjudicación de la compra y el pago de la factura, pasaron no más de diez días, cuando usualmente el trámite de adjudicación solamente tarda casi dos meses”. Esta causa quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Una tercera denuncia realizada sobre los mismos casos por la Oficina Anticorrupción recayó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas.
La andanada de denuncias de corrupción frunció el entrecejo de más de un marino, pero no alcanzó para que los involucrados sientan alterada su rutina. En el caso del contraalmirante Uberti, perteneciente a una “familia naval” –cuatro de sus cinco hermanos son marinos y el quinto trabajaba como personal civil de la fuerza– sigue actuando como nexo entre la Armada y Tierra del Fuego para la desafectación de los terrenos aledaños a la Base Naval de
Ushuaia. Un megaproyecto hotelero con muelles para crucero que seduce a más de un inversor. El comandante del Area Naval Austral es el contraalmirante Daniel Martín, su antecesor Guillermo José Estévez fue el encargado de organizar en 2008 el pase a la provincia de la Base Naval que por la expansión de la ciudad quedó en el centro de Ushuaia y ahora se desempeña como subsecretario de Gobierno del municipio.
El abogado de la Armada Osvaldo Parrinella, encargado de darles forma legal a todas las contrataciones de grandes licitaciones continúa en su apartada oficina del extremo del ala norte del sexto piso del Edificio Libertad. El testigo de identidad reservada que aportó información a la fiscalía de Munich señaló que el contacto que mediante sobornos habría acelerado el negocio con la Armada era conocido como “rizos de oro”. Parrinella es famoso por su pulcritud y por su incontenible afición a peinarse.
Tras el receso invernal, la Justicia espera la respuesta de los exhortos librados a Alemania y comenzarán las citaciones a marinos, empresarios y abogados denunciados. Mientras tanto, en el Edificio Libertad la plana mayor de la Armada sigue como si nada hubiese sucedido.
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