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El país|Jueves, 22 de julio de 2010
El jefe de Gobierno decidió pedir su propio juicio político por el caso de las escuchas ilegales

Macri prefiere que lo juzguen a su manera

Quiere cerrar cuanto antes el tema. Aunque sólo cuatro votos lo separan de su eventual destitución, está seguro de que la mayoría del PRO en la Legislatura no peligra y será absuelto. La oposición porteña definirá hoy si avanza en su enjuiciamiento.

Por Werner Pertot
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Macri pide su propio juicio político para superar el mal trago de la confirmación de su procesamiento por el espionaje.

Mauricio Macri anunció que se pedirá juicio político a sí mismo por el caso de las escuchas ilegales. El jefe de Gobierno especula con los números de su bloque que le asegurarían –si no hay deserciones– que el procedimiento no prospere. “Confío plenamente en mis legisladores”, afirmó el líder de PRO, que los sentó en primera fila en la conferencia de prensa. Cuatro votos separan a Macri de una eventual destitución, en la que no jugarán un rol menor los dos legisladores de Francisco de Narváez. Tampoco los de Elisa Carrió, quien opinó que la movida es “una locura institucional”. La oposición porteña se reunirá hoy para tomar una posición frente a la medida con la que Macri confía poder ganar una suerte de absolución política por el espionaje realizado desde la Policía Metropolina. Por segunda vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un juicio político a su jefe de Gobierno, tras la destitución de Aníbal Ibarra en 2006.

Macri fue tomando la decisión a través de las distintas capas que conforman su núcleo de poder: primero, tuvo una cena el martes con sus amigos de colegio Cardenal Newman en el restaurante Sottovocce en Puerto Madero. Luego se reunió esa misma noche con la mesa chica política, que integran Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el secretario general Marcos Peña y el presidente de PRO José Torello, que había estado en la cena. Allí consensuaron ir por el juicio político y lograr con esto un impulso a su candidatura. “Así ponemos la política a la par de la Justicia”, fue uno de los argumentos.

La idea de la cúpula es que no se podía demorar para siempre la comisión investigadora especial que proponía la oposición porteña, y que esa iniciativa iba a prolongar en el tiempo una erosión mediática. Por lo tanto, la estrategia es acortar los tiempos en los dos planos: reclamar un juicio oral expeditivo y uno político que lo deje “absuelto”. Para este caso, no parecen haber tenido en cuenta que la comisión investigadora que actuará tiene un plazo de casi cuatro meses de trabajo (ver aparte). “Hay que acortar los tiempos –afirma uno de los armadores de Macri en la Legislatura–. Siempre tenés la posibilidad de que alguien del bloque se te abra. También podemos captar a algún opositor.” En el Palacio de Gobierno, en cambio, se muestran seguros de que no tendrán deserciones. “Si pasamos por esto y zafamos, aumentan las chances de que Macri sea candidato a presidente. Los legisladores lo saben y no creo que nadie se autoinmole.”

Dentro de la interna del PRO, la lectura que hacen algunos del entorno del jefe de Gobierno es que éste es un golpe para el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, uno de los que orquestaron la estrategia judicial. “También es una ruptura con los abogados de Macri, que recomendaban no hacer olas y dejar que siguiera el trámite”, advierte otro macrista.

Ayer por la mañana, hubo una segunda reunión con los principales referentes del espacio a los que les comunicaron la iniciativa. Allí estuvo un grupo de legisladores PRO, que después ocuparon los lugares junto a Macri en la conferencia de prensa: Helio Rebot, Alvaro González, Fernando de Andreis, Enzo Pagani y Oscar Moscariello. Son los lugares que normalmente ocupan Michetti o Larreta, que se ubicaron en la segunda fila. Por si el mensaje no era suficientemente claro, Macri lo explicitó: “Los legisladores del PRO tienen un compromiso con la verdad”, afirmó el jefe de Gobierno, que pone su destino en sus manos al avalar que se inicie el juicio político. Sostuvo que lo hace para “darle la máxima transparencia y demostrar que esto es una operación política de Néstor Kirchner”. Macri dijo estar “a disposición de la comisión investigadora” y en su entorno sostuvieron que irá a la Legislatura cuando esta comisión lo cite. No aceptarán, en cambio, una interpelación.

De rostro adusto, el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, escuchó en silencio. En el PRO se dice que no estaba de acuerdo ni con esa decisión ni con apurar el juicio oral. Macri justificó que sus legisladores no votaron la aprobación del proyecto de juicio político en la sesión especial del martes: “Fue una sesión desorganizada y no habíamos podido reflexionar”, se excusó. También afirmó que allí vio “legisladores que están preocupados honestamente y otros buscando su interés personal”.

Con esa decisión, abrirá un nuevo escenario de juicio político (van tres desde la autonomía de la ciudad). La Legislatura funcionará en dos salas. Si la oposición porteña logra ponerse de acuerdo, tendría 26 de los 30 votos necesarios en la sala acusadora: cuatro votos separan a Macri de que se substancie el juicio y pase a la sala juzgadora, donde las chances para Macri se angostan. Allí, los macristas tienen 5 votos y los opositores los diez necesarios para destituirlo. Por lo tanto, la definición se dará en la sala acusadora, donde ya se empezó a rumorear que existen tres votos PRO en duda: los de Jorge Garayalde, Victoria Morales Gorleri y el del jefe de bloque PRO, el peronista Cristian Ritondo, con su sugestivo viaje a Disney en medio del incendio.

De Narváez es un ex aliado de Macri al cual también seguirán de cerca desde Bolívar 1, porque tiene dos legisladores en juego que hace poco emigraron de PRO: Daniel Amoroso en la sala acusadora y Mónica Lubertino en la juzgadora. De Narváez sostuvo que Macri “va en la dirección correcta”, pero igual hay dudas sobre cómo actuará. En la sesión especial del martes, Amoroso votó con la oposición porteña para que se creara una comisión investigadora especial, que es distinta de la que funcionará con el juicio político. La del juicio político tendrá 13 miembros (de entre los 45 de la sala acusadora), que deben distribuirse proporcionalmente (para el PRO, son 6 oficialistas y 7 de los otros bloques; para los opositores, 5 PRO y 8 de otros). En cambio, las dos propuestas opositoras eran crear dos comisiones que evalúen previamente el mal desempeño de Macri y si se debe iniciar juicio político. Tenían alternativamente 15 o 19 miembros y no necesariamente respetaban la proporcionalidad.

El PRO llevaría hoy el tema al recinto. Desde la oposición porteña, varias fueron las voces que le recordaron a Macri que el único que le pidió juicio político fue Marcelo Parrilli, del MST. Antes que definir si se debe iniciar o no el juicio político, algunos prefieren avanzar con la comisión investigadora especial. Una jugada que Macri buscó cortar de cuajo.

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