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El politólogo italiano Giovanni Sartori analizó en sus libros el comportamiento habitual de los partidos políticos que saben que nunca llegarán al poder. Según Sartori, sus nulas chances de acceder al gobierno conducen a estos partidos a lo que él llama la “sobreoferta electoral”, es decir, a la multiplicación de promesas grandilocuentes que, de cualquier modo, nunca se verán en la tarea de llevar a la realidad. Estas “oposiciones irresponsables”, como también las llama, no se preocupan por desarrollar programas coherentes ni aplicables; a diferencia de quienes deben conciliar sus palabras con la gestión de gobierno, estas oposiciones pueden prometer alegremente el paraíso terrenal porque nunca deberán rendir cuentas de sus discursos.
El debate del 82 por ciento móvil en el sistema jubilatorio argentino posee características similares a las que describió Sartori. Distintos conglomerados opositores se pelean por ver quién formula las promesas más generosas, sin demasiada preocupación por cómo financiarlas de forma sostenible. Pero lo curioso del caso en cuestión es que muchos de estos opositores no sólo tienen expectativas de llegar algún día al gobierno, sino que ya han ocupado ese rol y nunca intentaron implementar semejantes promesas. Cuando Sartori pensaba en opositores “irresponsables”, se refería a los partidos que nunca habían gobernado y que no planeaban hacerlo; en la Argentina, los opositores irresponsables ya han estado en el gobierno, y eso vuelve aún más llamativas sus promesas: ¿por qué no hicieron nada por aplicarlas cuando tuvieron la posibilidad? Parece que nuestros opositores quieren contribuir al desarrollo de la ciencia política mundial. Son un novedoso objeto de estudio, que ni pensadores de la talla de Sartori habrían podido imaginar.
El monto que implicaría establecer jubilaciones que equivalgan al 82 por ciento móvil del salario significaría debilitar fuertemente las cuentas del Estado argentino, socavando el equilibrio fiscal que nuestro país ha conseguido en estos años. Implicaría volver a las épocas del déficit fiscal y del endeudamiento, que luego concluyeron en default y grave crisis económica y social. Los argentinos conocemos ese modelo y no queremos repetirlo, porque conocemos sus consecuencias.
De todas maneras, es genuino e imprescindible discutir los modos para seguir mejorando la situación de los jubilados. Pero hay que hacerlo con honestidad, reconociendo todo lo que se ha hecho en los últimos años. Con los 17 aumentos otorgados desde el año 2003, la jubilación mínima ha aumentado casi 500 por ciento en este período. A su vez, y gracias a una ley impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la movilidad jubilatoria está garantizada hoy dos veces al año, eliminando toda discrecionalidad o arbitrariedad en su otorgamiento. Si a esto sumamos la incorporación de 2,5 millones de nuevos jubilados, entendemos por qué hemos logrado disminuir a niveles mínimos la pobreza y la indigencia en los adultos mayores. Por lo tanto, hay que celebrar que se debata sobre la situación de los jubilados, pero siendo claros sobre cómo es la situación hoy y cómo era la situación cuando aún gobernaban muchos que hoy formulan promesas fastuosas.
Finalmente, no hay que olvidar que este gobierno recuperó para el sistema previsional público los fondos de la AFJP. En otros países, la crisis financiera internacional produjo una enorme caída de dichos fondos de capitalización, empobreciendo significativamente a los futuros jubilados y quitando sentido a cualquier sistema jubilatorio: el de brindar previsibilidad para los años por venir. Con la decisión de la Presidenta y la aprobación del Congreso, los trabajadores argentinos están seguros de que sus aportes no se arriesgan en los volátiles mercados financieros. Además, esto ha permitido inyectar fondos a la economía real, a los sectores productivos, a la generación de empleo, a la Asignación Universal por Hijo, y todo sin las exorbitantes comisiones que cobraban las AFJP. Si hoy algunos proponen aumentos aún mayores, es porque este gobierno tomó la decisión de volver a un sistema previsional público, solidario y sustentable.
En definitiva, es auspicioso que debatamos cómo mejorar la situación de nuestros mayores. Pero debemos hacerlo con memoria, con responsabilidad y sin prometer lo que se sabe que no se puede cumplir.
* Secretario de la Gestión Pública.
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