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La Defensoría del Pueblo porteño inició una actuación a fin de analizar la legalidad del “manual de procedimientos” donde el Ministerio de Educación de la Ciudad indica a los directores de las escuelas tomadas que efectúen la denuncia ante la Policía Federal adjuntando la lista de los estudiantes que participan de la medida, según informó ayer Página/12.
“El Ministerio debería saber que cualquier cosa que escriba forma parte del proceso educativo y lo que dice este memorándum no parece muy educativo que digamos”, dijo a Página/12 la titular de la Defensoría, Alicia Pierini. La actuación que se instruye en ese organismo, explicó, apunta a “determinar si este memorándum resulta lesivo para los derechos de los estudiantes”.
El memorándum enviado el jueves por las autoridades educativas a los directores de escuelas medias generó un amplio rechazo: estudiantes que marcharon a la cartera educativa repudiaron la medida (ver aparte) y desde todo el arco opositor porteño cuestionaron la falta de diálogo de las autoridades educativas para resolver el conflicto. Hasta ayer había seis colegios secundarios tomados por estudiantes en reclamo de mejoras edilicias y hoy, en una reunión de la coordinadora de estudiantes secundarios, podrían resolverse medidas similares en otros establecimientos a partir del lunes.
Desde el Ministerio de Educación porteño se intentó aclarar ayer que el pedido de efectuar listas de los alumnos que participen de las tomas no tenía “fines persecutorios” sino el objetivo de “garantizar la seguridad del alumnado ante la confirmación de que en algunas escuelas ingresaron personas ajenas a la comunidad educativa”. También denunciaron que en un establecimiento, el Manuel Belgrano, se organizó “un baile” durante la toma y que la portera del edificio habría observado “el ingreso de alcohol”. Los estudiantes admitieron que “se escuchó música”, pero rechazaron que se hubieran consumido bebidas alcohólicas.
El memorándum 912.750, al que accedió Página/12, recomienda “efectuar una denuncia ante el organismo competente (Policía Federal Argentina) sobre el hecho de la toma y la posible configuración de un delito por parte de los participantes”. también sostiene que esa denuncia deberá ir acompañada “con copia autenticada del acta” donde, entre otros puntos, se incluye el “listado lo más completo posible de los alumnos que participen de la medida” (ver facsímil). El memorándum lleva la firma del director general de Educación de Gestión Estatal, Roberto Angrisani.
Pierini manifestó que la Defensoría está dispuesta a mediar en el conflicto, si alguna de las partes lo solicita, aunque destacó que “el sistema educativo ya tiene gente especializada en mediación escolar”. “Ante un conflicto en la escuela media, hay que ver cómo se lo desactiva y no incrementarlo con decisiones como ésta”, consideró.
La actuación de la Defensoría se inició a partir de una iniciativa del Area de Derecho a la Educación de ese organismo. Su titular, Gustavo Lesbegueris, dijo a este diario que el Manual de Procedimiento “importa la renuncia al diálogo y a transitar las instancias de la mediación escolar prevista por la ley como forma para resolver conflictos y, en cambio, apela a la denuncia policial a los que reclaman”. De esa manera, agregó, “intentan acallar las voces de las comunidades escolares que peticionan ante las autoridades, pretendiendo ocultar sus propias responsabilidades, entre ellas, la ineficiente ejecución del presupuesto asignado a construcción y mantenimiento de escuelas, y evidenciando cada vez más explícitamente su pensamiento autoritario”.
Para la presidenta de la Comisión de Educación de Diputados, Adriana Puiggrós, la actitud adoptada por el ministerio porteño es “francamente represiva”. “Cuando hay una toma es porque no hubo lugar para el diálogo. ar aviso a la policía, botonear a los chicos, tratarlos como a delincuentes, no contribuye a resolver el conflicto”, afirmó.
“No es haciendo lista de los alumnos que reclaman como se va a encontrar la salida a este conflicto sino aplicando la Ley de Mediación Escolar, que es la herramienta para buscar una solución”, dijo el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), autor del proyecto que permitió crear el sistema de mediación en las escuelas de la ciudad. “Como ocurrió con el conflicto por el recorte de las becas, cuando el ministro Mariano Narodowski intentó hacer lo mismo, el macrismo vuelve a responder con más autoritarismo”, dijo la legisladora Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria).
El legislador Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) recordó que aquella vez, “la Justicia determinó que se anulara la disposición por su inconstitucionalidad grosera”. Para Ruanova, esta situación “podría haberse evitado si el gobierno de Macri hubiera hecho las mejoras edilicias necesarias, porque la plata está, pero sólo gastó en el primer semestre el 7 por ciento del presupuesto para infraestructura escolar”.
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