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Lidia Papaleo de Graiver, viuda del ex socio mayoritario de Papel Prensa, David Graiver, declaró ayer ante los miembros de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado de La Plata. Fuentes judiciales aseguraron que la mujer ratificó que se desprendió de la empresa bajo presiones y que afirmó que su cuñado, Isidoro Graiver, tenía mala relación con la familia porque había sido dejado de lado en el manejo de los bienes.
Papaleo de Graiver habló durante cinco horas ante el fiscal Marcelo Molina. “Ratificó lo que le dijo a (el secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno”, señaló su hermano, Osvaldo Papaleo, quien la acompañó a los tribunales platenses. En esa oportunidad la mujer relató que en noviembre de 1976 fue a una reunión en las oficinas de La Nación donde firmó la venta de las acciones de la empresa. Allí estaban, dijo, entre otras personas, Manuel Campos Carlés, por La Nación, y Héctor Magnetto, de Clarín.
“En la mencionada reunión se suscribe un boleto de venta sobre el cual jamás pude opinar, ni sobre el precio ni sobre los términos del mismo ni sobre la forma de pago, como tampoco ningún abogado de mi parte pudo verlo antes. Lo tuve que firmar sin siquiera haberlo leído”, había relatado la mujer en la carta que envió al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La viuda de David Graiver había señalado que Pedro Jorge Martínez Segovia, que era presidente de Papel Prensa, la había citado con anterioridad a un almuerzo en el que le dijo que estaba en representación del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y que debía vender las acciones de Papel Prensa a personas que no fueran judías ni extranjeras.
Papaleo de Graiver fue secuestrada el 14 de marzo de 1977. La mujer fue introducida en un auto y llevada a lo que después supo era el centro clandestino de detención Puesto Vasco, donde fue torturada. Después de cuatro días de estar allí, se enteró de que en ese lugar también se encontraban su suegro, Juan Graiver, su cuñado, Isidoro Graiver, y otras personas de su familia o que tenían vínculos con los negocios de su esposo. Alberto Rousse y Beto Cozzani fueron algunos de los represores que la maltrataron. El 4 de abril de 1977 fue trasladada al Pozo de Banfield y allí fue interrogada por el coronel (Oscar) Gallino, quien le preguntaba sobre distintos bienes de su esposo.
Durante su declaración ante el fiscal Molina, Papaleo de Graiver se refirió al testimonio de su cuñado Isidoro, quien fue a declarar el martes y aseguró que “nadie le indicó quiénes debían ser los compradores de los bienes puestos a la venta” y que los que adquirieron la empresa (Clarín, La Nación y La Razón) eran “el mejor oferente para la compra”. El miércoles, los diarios Clarín y La Nación publicaron una solicitada firmada por Isidoro Graiver con similares términos (ver aparte).
Papaleo de Graiver ratificó ante Molina que la venta de acciones se hizo bajo presiones y atribuyó los dichos de Isidoro Graiver a que tenía mala relación con la familia porque había sido dejado de lado del manejo de los bienes y que por ese motivo tenía cierto resentimiento. Según fuentes judiciales, durante su testimonio reconoció que tenían que vender Papel Prensa (la situación económica del grupo no era buena) y que los militares no querían que ellos mantuvieran sus negocios.
El expediente en el que declaró Papaleo de Graiver es una derivación de la causa Camps que está a cargo del juez Arnaldo Corazza. El magistrado delegó la investigación en los fiscales Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dulau Dumm. De acuerdo con el anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes, el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, están elaborando un escrito para presentar en esta causa.
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