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Los controles de habilitación en los locales donde los jóvenes se reúnen para presenciar un recital, bailar o tomar una copa volvieron a quedar sobre el tapete y el fantasma de Cromañón reapareció ayer al derrumbarse parcialmente un club nocturno del barrio de Palermo, lo que provocó la muerte de dos chicas y heridas de distinta gravedad a por lo menos otras 25 personas. “Pudo haber sido una tragedia como la de Cromañón”, dijeron a Página/12 fuentes policiales y médicas que asistieron a las víctimas. El Beara Lounge Club, en Scalabrini Ortiz 1638, estaba habilitado por el gobierno porteño como restaurante y bar, pero en los hechos era utilizado para organizar recitales, en franca contravención a las leyes vigentes. Ayer, en un entrepiso donde estaba el salón VIP, actuó en vivo el cantante de cumbia Ariel Puchetta, ex líder el grupo Ráfaga, quien sostuvo que en el lugar se reunieron unas 300 personas durante su show. Cuando se desplomó el piso y cayó sobre los que estaban en la planta baja, sólo había unas 150 personas, lo que disminuyó la gravedad del hecho.
“No hemos encontrado fallas en el control del Estado”, aseguró ayer, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que lo ocurrido se originó en “un mal uso de las instalaciones” y, en especial, del entrepiso. El funcionario hizo foco en los dueños del local, por haber permitido que “un centenar de jóvenes saltaran masivamente” en el VIP, un lugar que era presentado en la página web del club como un living (el “lounge” al que alude el nombre del club), lleno de cómodos sillones que ayer se derrumbaron junto con el entrepiso.
Larreta estuvo acompañado por el titular de la Agencia Gubernamental, de Control, Javier Ibáñez, quien, aunque eludió “definir la causa” del derrumbe, comentó que el entrepiso tenía capacidad para soportar un peso de “400 kilogramos por metro cuadrado”, que habría sido superado por la presencia masiva de jóvenes haciendo “pogo”.
Rodríguez Larreta no dudó en hacer responsable de lo ocurrido “al dueño del local”, Juan Carlos García Yun, quien ayer estuvo detenido unas horas en la comisaría 25ª, ante la que se había presentado, imputado, en principio, por el delito de “homicidio culposo”, aunque los abogados de las víctimas pretenden que el cargo sea de “estrago doloso”, como ocurrió en el caso de Omar Chabán, el dueño de Cromañón (ver aparte).
“Vamos a trabajar a fondo para que se conozcan los responsables”, prometió el secretario general del gobierno porteño, Marcos Peña, quien pidió a los medios que se manejaran “con prudencia” respecto de las posibles causas, al menos hasta que se conozca el resultado de las pericias que se están realizando. Rodríguez Larreta destacó que el gobierno porteño viene “acompañando a las familias”. La madre de uno de los jóvenes que murió en el derrumbe de hace un mes en Villa Urquiza contó ayer que el Gobierno de la Ciudad nunca se comunicó con la familia desde la tragedia (ver página 4).
El titular del Ejecutivo, Mauricio Macri, se solidarizó desde Europa, donde está de gira, a través de un mensaje por la red social Twitter. “Quiero expresar mis condolencias a las familias de las dos chicas fallecidas hoy (por ayer) en el derrumbe”, expresó Macri (ver página 5). El Beara figuraba en el listado del plan “Salí Seguro”, instrumentado por el macrismo para dar garantías a las salidas nocturnas de los jóvenes.
El gobierno porteño insistió en que el local estaba “habilitado”, al igual que el entrepiso, que contaba con un “certificado de sobrecarga firmado por un profesional matriculado”. Voceros del macrismo señalaron que la veracidad de ese documento es responsabilidad de los dueños de los locales y de los profesionales que los extienden. “No se le puede exigir al gobierno que chequee cada ascensor de los edificios de la ciudad para ver si es correcto su funcionamiento”, dijo Peña sobre ese punto.
Los funcionarios dijeron que el Beara está habilitado, dato que confirmó a Página/12 el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas del incendio en Cromañón. “La habilitación lleva el número 913 y tiene fecha del 5 de diciembre de 2008. El problema es que la autorización es para que funcione como restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y casa para fiestas privadas, no para la realización de recitales, como ocurrió en la madrugada del viernes.”
El local tiene, en total, incluyendo el entrepiso, 491 metros cuadrados. “Lo grave –insistió Iglesias– es que para esos destinos, para los que está habilitado, no hay más requisito que tener un matafuegos. No hace falta un certificado de bomberos, no hace falta que los materiales que se utilicen sean ignífugos, no hace falta un balde con aserrín. Es muy barato para los dueños.” El abogado, que hizo una presentación ante el juez Roberto Gallardo, pidió que se investiguen “algunos hechos muy concretos, previos a lo sucedido, que no podían ser ignorados por el gobierno porteño”.
“Yo me enteré del caso ayer por la mañana, por los medios de prensa. En menos de una hora reuní información, por Internet, que el gobierno pudo haber reunido antes, de la misma forma. Las supuestas ‘fiestas privadas’ no lo eran, porque se vendían entradas. Eso lo confirmaron dos chicos que estuvieron en el club y que las compraron en la puerta del local”, explicó Iglesias. Precisó, incluso, que ayer “se estaba promocionando un nuevo evento para mañana (por hoy). Se trataba del Kiniro J. Festiva, compuesto de tres partes: el Festival Kiniro, el Kiniro J.-Party, y el Kiniro J.-Party para mayores de 18 años. Esto se iba a realizar, en el mismo club, desde las 13 hasta las 4 de la mañana. Las entradas se vendían por Internet y personalmente en dos locales ubicados en Río de Janeiro 532 y en Talcahuano 367”. El juez Gallardo allanó ayer esos lugares.
En su presentación ante la Justicia, Iglesias precisó que las entradas a la venta tenían precios que iban desde los 25 pesos a los 40 y a los 120 pesos. “Si yo lo pude averiguar en un ratito, ¿cómo no lo pudieron haber hecho, antes los inspectores del gobierno porteño? Si lo hubieran hecho, tendrían que haber clausurado el local y haberle puesto la faja en la puerta, lo que habría evitado esta nueva tragedia.” Toda la información aportada por Iglesias puede ser chequeada en la página web “kinironews. blogspots.com”. “Si uno quiere organizar un recital, tiene que disponer de ambulancias, bomberos, planos de salidas de emergencia y pasar una inspección previa y una durante el recital. Por eso, antes era más fácil apelar, como Cromañón, a la habilitación como locales clase ‘C’. Ahora, los habilitan como locales para ‘fiestas privadas’.”
El gobierno porteño sostuvo que la habilitación del Beara le permitía realizar “bailes y espectáculos”, pero en el marco de reuniones privadas, no de shows por los cuales se paga una entrada. El Beara “fue verificado antes de obtener la habilitación por un profesional verificador de habilitaciones” y ese trámite figura como ‘Regular’ en www.saliseguro. gob.ar. Allí se sostiene que todo esto significa que “no tuvo clausuras por incumplimiento de medidas de seguridad ni por haber realizado actividades sin permiso en el último año”.
De todos modos, el local fue “dos veces clausurado” por “irregularidades en la venta de entradas”, un dato que, admitió el gobierno, demuestra que se estaba haciendo lo que se conoce como “desvirtuación de rubro”. La denuncia, sin embargo, fue desestimada por la Justicia contravencional, que levantó las clausuras. Los funcionarios porteños, además, informaron ayer que la Agencia Gubernamental de Control “fiscalizó Beara nueve veces durante 2010, la última (vez) el domingo 5 de septiembre”.
Las víctimas mortales de lo ocurrido ayer en el club de Palermo fueron identificadas como Leticia Provedo, de 20 años, y Ariana Lizarraga, de 21, las dos con residencia en la Capital Federal. Las chicas fallecieron cuando eran trasladadas al Hospital Fernández. Los heridos fueron llevados a los hospitales Pirovano, Santojanni, Durand, Tornú y Rivadavia.
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