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El caso del ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra espera por una resolución. Mientras el canciller Héctor Timerman aseguró que no iba a haber “apuro” y que se iban a “respetar las leyes” de ambos países, el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, atacó al Gobierno, al que exigió que resuelva “inmediatamente la extradición”. El Gobierno debe decidir aún si le otorga el status de refugiado político que impediría su extradición, aunque esperan la resolución del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), donde se encuentra la solicitud desde hace siete años pero que resolvería esta semana.
“Tenemos nuestros pasos legales y procedimientos, no nos vamos a apurar ni confundir por este denso ataque mediático de los nuevos demócratas que han descubierto temas que antes no trataban”, aseguró ayer el canciller Timerman desde Nueva York, adonde viajó para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después del fallo que la Corte Suprema emitió la semana pasada, en donde destrabó la extradición del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el gobierno trasandino renovó la presión para que sea entregado a las autoridades de ese país. En ese sentido, el canciller explicó que existía con Chile “una relación muy buena, muy intensa, de mucho respeto y no lo vamos a alterar” y aclaró que se iba a resolver “con respeto tanto para las leyes argentinas como chilenas”. A su vez indicó que “no hay plazos” para tomar una determinación sobre el estado de Apablaza.
El ex guerrillero solicitó que se lo reconozca como refugiado político unos meses después de ser apresado en la localidad de Moreno en 2004, donde todavía vive con su pareja y sus hijos. Apablaza fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización que se enfrentó a la dictadura pinochetista y más tarde a las intenciones de perpetuarse en el poder del ex dictador. La Justicia chilena solicitó su extradición al juzgarlo por haber participado presuntamente en el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro del empresario Cristián Edwards, dueño del diario El Mercurio. El tema se fue tornando espinoso para la relación bilateral, aunque los sectores de la derecha chilena son los que presionan fuertemente para que el ex guerrillero sea extraditado, sobre todo después de que otro ex líder del grupo, Mauricio Hernández Norambuena –preso en Brasil–, lo señalara recientemente en una entrevista como partícipe de los actos de que lo acusan.
El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, insistió ayer en que “existen elementos suficientes” para que el gobierno argentino le conceda a su defendido el status de refugiado político. “No hay una sola prueba o indicio”, sostuvo, que involucre a Apablaza en los delitos que se le imputan y que en Chile lo acusan sólo por haber integrado el FPMR.
No es la visión del radical Ernesto Sanz, quien volvió a exigir al gobierno nacional que “conceda inmediatamente la extradición. No se puede mezclar el asilo político cuando el país de origen, donde impera la democracia, lo está juzgando por un delito común cometido por este hombre en democracia también en Chile”. Sanz sostuvo que no sabía “qué inventará el Gobierno. No sé de qué manera podría defender a este hombre, pero me parece que hace muy mal a las relaciones internacionales”.
El sábado, cuando viajó a Santiago para participar de las celebraciones del Bicentenario chileno, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con su par trasandino, Sebastián Piñera, quien le pidió que firme la extradición.
En ese sentido, Timerman afirmó que todavía había que esperar: “Hay un comité especializado en estos temas, que son los que tienen que elevar el informe para que decida el Poder Ejecutivo. No voy a especular hasta que no tenga ni el informe ni el fallo (de la Corte), que no vi todavía”.
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