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¡A la orden, mi sargento!
Por Roberto Bergalli *
Parecería que en la República Argentina no se hubieran producido dos dictaduras militares en el transcurso de dos décadas, generando la segunda miles de muertos (asesinados), otros muchos miles más desaparecidos forzosamente, centenas de detenidos torturados, niños secuestrados y una cantidad inconmensurable de familias destrozadas por causa del ejercicio de un poder castrense irrestricto. Todo este drama nacional ha sido el resultado de una educación militar orientada a la muerte, a la agresión y a la destrucción de quien pretendiera oponerse a los designios de los comandos de “iluminados” que se creyeron los salvadores del “ser nacional”.
Me pregunto: ¿es ésta la educación que pretende impartirse mediante el Servicio Cívico Voluntario previsto para jóvenes de 14 a 25 años en situación de vulnerabilidad social, quienes serían alojados en las unidades militares, según el proyecto que el lunes 28 pasado recibió media sanción por el Senado? Me resisto a pensar que el proyecto de los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, el justicialismo puntano y el oficialista José Pampuro, aunque este último finalmente no se presentó a la votación, conlleve semejante pretensión. Pues, de haber sido impulsada la propuesta por tales propósitos, la misma podría ser entendida como un mensaje subliminal de aquel poder castrense, afortunada y ostensiblemente derrotado, primero por el fracaso de la Guerra de Malvinas y, luego, por la voluntad democráticamente expresada en las urnas en repetidas oportunidades posteriores.
Por lo demás, primero los radicales proponentes y luego los de inspiración justicialista demostrarían haber olvidado el sacrificio en vidas, libertades y seguridades personales que entregaron tantos militantes de sus propios partidos quienes fueron blanco de los atropellos de un poder militar desenfrenado, que atravesó todo el territorio argentino y el de los demás países atribulados por el mal recordado Plan Cóndor.
Repito que me resisto a pensar que la propuesta presentada en el Senado pueda estar orientada por la idea de que los jóvenes en situación de vulnerabilidad social vayan a recibir una educación de parecido talante. Mas quienes hemos sido víctimas de la represión ejercida por aquel poder militar no podemos menos que desconfiar de que la educación que se ofrezca en ese Servicio Cívico Voluntario pudiera ser la más adecuada para jóvenes carenciados (¿cuál sería y cómo se expresaría esa voluntad que supuestamente se indica como propia de los jóvenes en situaciones “vulnerables”, para aceptar el servicio cívico que cumplirían en unidades militares? ¿No sería precisamente esa situación de vulnerabilidad lo que estaría señalando la falta de voluntad para someterse a ese tipo de educación?). Todo ello así, pues aun cuando la derrota militar y los votos populares hayan servido para desalojar de las mentes de los militares jóvenes todo aliento destructor, puede sospecharse que la vieja educación castrense no haya quedado en la trastienda de la formación de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que denigraron a los derechos humanos.
Algo que termina de asombrar con la propuesta senatorial y que inclina de manera negativa, aún más, la balanza de su dudosa legitimidad, es la circunstancia de que la propuesta fue impulsada desde la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, habiéndose mantenido alejada a la Comisión de Educación desde donde, en cualquier caso, debería haber partido una opinión discordante. No puede aceptarse, entonces, que legisladores de partidos democráticos desconozcan los riesgos de la propuesta cuestionada. Educar o formar en oficios a los jóvenes por ahora excluidos que pueda hacerlos hábiles para asumir en sus futuros los desafíos de la vida social no puede ser jamás una tarea de personas que no están preparadas para ello. Es imprescindible que tales personas estén orientadas por un espíritu educador, a menos que se busque restaurar un servicio militar, afortunadamente eliminado, con el cual se llevó al sacrificio a aquellos jóvenes que entregaron sus vidas en el Atlántico Sur.
* Docente jubilado de la Universitat de Barcelona (Cataluña, España).
Por Norberto Alayón *
El Senado dio media sanción a un proyecto denominado Servicio Cívico Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la oposición y el pleno respaldo del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, a quienes se les “proporcionará cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. El entrenamiento “se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que se afecte al Servicio”. Se puntualiza expresamente que los participantes “deberán respetar los reglamentos de las Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”. El primer objetivo, que consta en el artículo 2º del proyecto aprobado, es “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”.
¿Por qué a los mentores de esta iniciativa, pensar en “espacios de contención” para adolescentes y jóvenes en “situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y desprotección, habría que precisar) los lleva a pensar en los cuarteles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de contención? O habría que preguntarse a qué contención se refiere la norma o en qué pensaron sus autores. ¿Acaso en una suerte de intento de revitalización directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio? Hasta el propio Ejército rechazó el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
El mismo día que se aprobó este proyecto de ley en el Senado, el vicepresidente Cobos publicó un artículo de enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires. Y un agudo lector, de esos que envían comentarios a los diarios, develó la verdadera y profunda esencia de esta iniciativa. Le escribió un mensaje de apoyo a Cobos por su nota, finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga miedo de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no sólo los vacunos necesitan bretes”.
Rápidamente se entiende el significado de brete, pero puede resultar útil repasar algunas de las acepciones que figuran en los diccionarios: “En las estancias y mataderos, sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos las bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”.
¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia esos jóvenes pobres contiene esta aparentemente beatífica propuesta?
El funcionamiento social empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores (con mayor gravedad en este caso, por tratarse de 33 senadores de la Nación) que proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles militares. La democracia debe garantizar –y está en condiciones de hacerlo– que las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad”, como si se tratara de políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, debería garantizar que las instituciones en las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean las que los incluyan y contengan.
Una vez más se intenta, por medio de este proyecto de ley, cristalizar la existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas más profundas de la pobreza.
En suma, para los jóvenes pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y universidades privadas.
* Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA.
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