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Luego de que sus autoridades se negaran a concurrir a la comisión investigadora de las escuchas (CIE), la Universidad de La Matanza emitió un comunicado en el que advirtió que esa casa de estudios no hizo “ninguna recomendación al Ministerio de Educación. El gobierno porteño debe hacerse responsable de sus contrataciones”, en alusión al contrato que tuvo Ciro James. Tras la desmentida a la versión PRO de dos testigos de la universidad que sí asistieron y de las autoridades de la universidad, Mauricio Macri respondió sin más: “Yo le creo a Mariano (Narodowski) cuando dice que se lo recomendaron en la Universidad de La Matanza. Han pasado muchas cosas rarísimas”.
Las autoridades que no asistieron a la CIE están en rebeldía para la Justicia. Desde la universidad, aseguraron que el martes próximo asistirá por su cuenta el decano Alejandro Finochiaro. El resto, de momento, seguirá desobedeciendo la orden judicial. “Las autoridades siempre tuvieron la voluntad de presentarse, pero no aceptarán jamás que se atente contra la histórica autonomía universitaria”, estimaron en el comunicado, en el que cuestionaron a Macri por “abandonar a su suerte la educación pública en la ciudad de Buenos Aires”.
El presidente de la CIE, Martín Hourest, consideró que con el recurso judicial que presentaron para poder traer a los testigos con la fuerza pública “la comisión retomó su camino institucional”. “Si bien considero que lo de la Universidad de La Matanza fue bochornoso y que estuvimos en presencia del peor resabio del menemismo, al menos hemos garantizado que la comisión continúe. Lamento que el rector de la universidad, Daniel Martínez, y los decanos estén hasta el momento en rebeldía y contumacia al no presentarse”, declaró. Por su parte, la secretaria de la CIE, Gabriela Cerruti, anunció que presentará un proyecto para dar de baja el convenio que tiene la universidad con el gobierno porteño. “Es inadmisible que oculte a sus directivos y no preste colaboración”, destacó.
En tanto, el juez Roberto Andrés Gallardo rechazó las apelaciones de los legisladores macristas, dado que no los consideró parte de la causa. La CIE había votado por mayoría pedir la asistencia de la Justicia. Sí le hizo lugar a la apelación de las autoridades de la Universidad de La Matanza y a la de la fiscal interina Ana Di Iorio, quien apeló –en los Tribunales porteños se comenta que actuó de oficio por primera vez en su vida– la decisión que permitió avanzar a la CIE. Su superior, el fiscal general Germán Garavano, es otro de los que se negaron a asistir.
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