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A dos días de que el Senado trate el proyecto de ley que propone aumentar los haberes jubilatorios al 82 por ciento móvil, la oposición trabaja para asegurar el quórum. El conglomerado que intenta aprobar el proyecto –con media sanción en Diputados y rechazado de forma casi unánime por el oficialismo– asegura contar con los 36 votos necesarios para forzar, al menos, un empate, que volvería a dejar todo en manos del vicepresidente Julio Cobos. Pero la bancada kirchnerista anticipó que no se sentará en los escaños para habilitar la discusión, por lo que el éxito de la maniobra depende de que la oposición consiga al menos una adhesión más. Ahora las miradas se posan en un puñado de legisladores que aún no hizo pública su postura.
Para la oposición no se trata de una votación más: 16 meses después de los comicios legislativos en los que le quitó al kirchnerismo la mayoría en ambas Cámaras, el conglomerado todavía no pudo transformar en ley ni un solo proyecto, y se descuenta que el año que viene, en plena campaña presidencial, los acuerdos en el heterogéneo Grupo A, de por sí endebles, se harán aún más complicados, por lo que ésta podría ser la última chance que tienen de anotarse un punto en esta arena política. El proyecto ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el 19 de agosto pasado con 136 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones.
El núcleo opositor reúne los votos de casi todo el radicalismo y el Peronismo Federal, además de juecistas, cívicos, el socialista Rubén Giustiniani, senadores de partidos provinciales y la adhesión del chubutense Marcelo Guinle, del Frente para la Victoria, que adelantó que apoyará el tratamiento en general y luego intentará introducir modificaciones cuando se discuta el proyecto en particular, al igual que los pampeanos Carlos Verna y María Higonet. Del otro lado, a los 29 senadores kirchneristas restantes se sumarán los votos de sus aliados fueguinos José Martínez y María Díaz, la peronista federal Roxana Latorre y el radical José Roldán, quienes ya anunciaron su negativa al proyecto.
Ahora, todos esperan conocer la decisión de los tres senadores que todavía no anticiparon su voto: el neuquino Horacio Lores (aliado circunstancial del oficialismo), el misionero Luis Viana (FpV) y el riojano Carlos Menem (Peronismo Federal). Con que uno de ellos tres se siente pasado mañana en su banca, el conglomerado opositor –de no mediar deserciones de último momento– podría anotarse su primer triunfo parlamentario.
Pero desde la bancada kirchnerista confían en que, como sucede desde junio del año pasado, los planes del Grupo A terminen en nada. “Si sale este proyecto y se aplica, quiebra la Anses y así volvemos a entrar en el ciclo de las crisis previsionales”, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Eric Calcagno. Desde la Casa Rosada, en tanto, ya han avisado que en caso de que la ley sea aprobada, la presidenta Cristina Fernández usará su prerrogativa constitucional para vetarla. Por un lado, por cuestiones formales: “Todos los dictámenes de la oposición adolecen de la cuestión básica, que es el financiamiento”, advirtió Calcagno. Por el otro, porque desde el gobierno nacional consideran que al intentar imponer un proyecto de estas características “el arco opositor está ejerciendo una especie de parlamentarismo que no está en nuestro sistema y que configura una anomalía institucional”.
En tanto, el santafesino Giustiniani, defensor del proyecto, sostuvo que “el 82 por ciento móvil es una de las leyes más importantes que puede aportar el Congreso”, luego de señalar que “los fondos” para llevarlo a cabo “están” porque la Anses “tiene un superávit anual de 54 mil millones” de pesos.
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