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La comisión investigadora de la Legislatura citó a Mauricio Macri a declarar sobre sus responsabilidades políticas en el caso de las escuchas ilegales. Pero el jefe de Gobierno porteño dejó trascender que no tiene pensado ir. “Ya estuvo en la Legislatura y no hay elementos nuevos para aportar”, aseguró el secretario general, Marcos Peña. La oposición porteña cuestionó la decisión de Macri de faltar al último encuentro de la comisión investigadora (CIE). “Macri tiene un problema grave: cree que la ley de los comunes no lo toca. Si decide no presentarse a declarar, va a chocar otra vez con la ley”, le advirtió el presidente de la CIE, Martín Hourest. Además, convocaron a Franco Macri, a la esposa de Jorge “Fino” Palacios y a diversos funcionarios de la ciudad.
“No tengo nada que ocultar. Apuesto a una democracia transparente. Yo no tengo problemas en poner la cara ante la Comisión de Juicio Político en la Legislatura”, había dicho Macri cuando él mismo solicitó su juicio político. El tiempo (y las derrotas) hicieron que cambiara de idea. La Legislatura le rechazó el autojuicio y creó una comisión investigadora, que avanzó pese a las estrategias para frenarla que desplegó el PRO. Como anticipó Página/12, la CIE citó a Macri a declarar. Lo convocó para el 29 de noviembre como funcionario investigado (y no como testigo), pero el jefe de Gobierno dio marcha atrás sobre sus propias palabras. “No va a ir”, informó Peña, y los macristas salieron a justificar el faltazo. “Mauricio no tiene por qué venir. Basta de circo”, indicó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. “Ya estuvo perdiendo el tiempo en la Legislatura durante siete horas contestando preguntas”, contribuyó Fernando de Andreis.
“Tiene un nivel de irresponsabilidad absoluto, porque viene de un conflicto institucional generado por él y se niega a dar explicaciones”, advirtió Hourest. “Nos parece poco razonable que Macri ahora diga que no va a testificar cuando aseguró que colaboraría ante la Justicia (a la que él mismo denuesta)”, recordó el presidente de la CIE. “Las explicaciones que brindó en su oportunidad no tenían incorporadas las informaciones que poseemos hoy y, en consecuencia, frente a hechos que se han ido aclarando necesitamos la palabra de Macri, y así formarnos nuestro propio juicio en torno de sus responsabilidades políticas”, advirtió el legislador de Igualdad Social.
“En lo que lleva investigado la comisión, ya sabemos que la Embajada de Israel no recomendó a Palacios, que la Universidad de La Matanza no recomendó a Ciro James, que todos sabían en el gobierno que Palacios tenía una agencia de investigaciones y que James era ex policía federal contratado por el Gobierno de la Ciudad para armar el área de inteligencia de la policía. Sobre todo eso tiene que venir a dar explicaciones Macri”, remarcó la secretaria de la CIE, Gabriela Cerruti. “Macri se ampara en su cargo para seguir tapando su responsabilidad política”, advirtió el legislador Marcelo Parrilli, del MST.
Además de la citación al procesado jefe de Gobierno, los legisladores definieron el cronograma de testigos hasta el final de la investigación, el 30 de noviembre. Para este viernes está convocada la secretaria privada de Macri, Ana Moschini, que fue la encargada de enviarle por mail al cuñado del líder de PRO una carta para que leyera ante la prensa, en la que Macri aparecía exculpado. También ese día deberán asistir el ex director de Compras Edgardo Cenzón, el subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, y el comisionado mayor Ricardo Ferrón. Los dos primeros tendrán que dar explicaciones sobre la compra de aparatos de contrainteligencia por parte de la policía porteña. Y el último fue denunciado por Parrilli por haber formado parte de un operativo de la dictadura.
Para el lunes 15 están llamados a declarar los oficiales de la cúpula de la Metropolitana: los superintendentes Eduardo Martino, Roberto Cotz, Carlos Kevorkian, el comisionado general Carlos Misurelli, el auditor externo de la fuerza Gustavo Morón y Alejandro Parodi, un ex agente de inteligencia de la Federal que actualmente se ocupa del área de información delictual de la policía porteña. También convocaron al subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Luis Alem.
Para el miércoles 17, el PRO pidió que se cite a los periodistas Daniel Santoro, Gerardo Young y Romina Manguel para hablar sobre la presunta identidad del agente de la SIDE que le habría avisado a Sergio Burstein sobre las escuchas y que el macrismo filtró a los medios. Ese día deberán asistir el ex agente de inteligencia de la Federal Pascual Mazzeo y el ex comisario Héctor Barúa. Los dos son asesores del Ministerio de Justicia porteño. Para ese día está convocado también Franco Macri, aunque es un albur si asistirá o no.
El viernes 19 deberán concurrir los ex funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra a los que el PRO vincula con la tenencia precaria de un locutorio concedida a Ciro James en 2002 en el Parque de la Ciudad. El miércoles 24 tienen que declarar el fiscal general Germán Garavano –quien ya se negó en una oportunidad–, el ministro de Justicia de la ciudad, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco.
El viernes 26 está citada la esposa de Palacios, Alicia Beatriz Ares, que tiene a su nombre empresas del ex comisario, y los ex jueces misioneros que ordenaron las escuchas, Horacio Gallardo y José Luis Rey. Ese mismo día deberán asistir el ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma, el ex senador menemista Héctor Maya, el ex dirigente de Boca Roberto Digón y Marie France Peña Luque, la ex esposa de Mariano Macri, hermano del jefe de Gobierno.
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