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La Comisión de Asuntos Constitucionales será hoy el eje del debate entre oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados. Su presidenta, la peronista disidente Graciela Camaño, convocó para el mediodía a las tres diputadas que plantearon cuestión de privilegio ante supuestas presiones del oficialismo durante la sesión especial en la que se discutía el Presupuesto 2011, la semana pasada. Allí tendrán que ratificar o rectificar sus dichos la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que acusó al Gobierno de “usar la Banelco” para comprar voluntades; la cobista Cynthia Hotton, quien dijo recibir llamados telefónicos de funcionarios para ausentarse de la sesión; igual que la radical santacruceña Elsa Alvarez. El kirchnerismo irá a la reunión dispuesto a “desenmascarar la maniobra opositora”, dijeron, que trabó el debate del Presupuesto.
“La comisión tratará la cuestión de privilegio que propuso Elisa Carrió y por eso citó a las diputadas que avalaron la propuesta en el recinto, Hotton y Alvarez”, sostuvo Camaño. La diputada duhaldista afirmó que la comisión sólo discutirá si hubo legisladores involucrados en las denuncias y que de encontrar supuestos delitos deberá enviar la actuación legislativa a la Justicia. Aunque reconoce que “los tiempos se aceleraron” por la actuación de oficio de un fiscal y la convocatoria de la jueza federal María Servini de Cubría a las legisladoras que hicieron las denuncias en el recinto (ver aparte).
Lilita tendrá que fundamentar la denuncia que puso bajo sospecha a diputados oficialistas y opositores, además de ministros del gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien acusó de ejercer presión sobre legisladores de la oposición. Una de las dudas será si Carrió sólo ratificará sus dichos o aportará pruebas, como los mensajes de texto que, según denunció, habrían llegado a los celulares de diputados.
Las otras dudas serán si Hotton y Alvarez develarán los nombres de quienes las habrían llamado para presionarlas, aunque ambas aseguraron en el recinto que no recibieron ofertas económicas ni nada por el estilo para cambiar su postura en contra del Presupuesto del Gobierno.
Cynthia Hotton, militante evangelista, insistió en estos días que su denuncia era en contra “de un sistema corrupto”, pero que no daría nombres porque tiene “un gran aprecio” a la persona que la habría contactado. Alvarez, en cambio, afirmó que daría nombres pero no si aportaría pruebas concretas sobre las llamadas que le proponían –según dijo– “ausentarse del recinto”.
En cambio no será de la partida el secretario parlamentario de Proyecto Sur, Mario Mazzitelli, quien también dijo que había recibido llamadas del supuesto secretario del ministro de Planificación, Julio De Vido, en la que le habrían preguntado “qué quieren ustedes”. En el interbloque de centroizquierda coincidieron en “bajarle el tono” a la denuncia de Mazzitelli y que no sumarían leña al fuego de quienes “alientan el escándalo por encima de la verdadera discusión, que es el Presupuesto”. Aunque tampoco le sacarían el cuerpo si hay “pruebas concretas”.
El oficialismo tampoco está dispuesto a que la reunión de la comisión se transforme en “una usina de rumores, sin pruebas ni fundamentos”. Por eso, sus diputados irán a la comisión con la intención de “desenmascarar la maniobra opositora que sólo buscaba no discutir el Presupuesto ante la posibilidad de perder la votación” en la sesión de la semana pasada, decía anoche un importante miembro del bloque oficialista.
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