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La participación de la mayoría de los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra ya estaría comprobada para la Justicia. Tres de ellos –los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez y el empleado ferroviario Guillermo Uño– habrían utilizado armas durante el ataque a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y las agrupaciones de izquierda que intentaban realizar una protesta. Pablo Díaz, delegado de la Unión Ferroviaria (UF), habría sido el reclutador de la patota. A los demás se les adjudicarían funciones de apoyo no menores. Con gran cantidad de pruebas recolectadas, la jueza Wilma López estaría dando los últimos retoques a una resolución en la que podría responsabilizar al menos a varios de los imputados como partícipes del delito de homicidio calificado, que prevé hasta penas de prisión perpetua. La investigación de todos modos continúa, y podría haber nuevas detenciones y/o indagatorias, según versiones que circulaban ayer a última hora.
Esta semana, la jueza y la fiscal Cristina Caamaño volvieron a indagar a la mayoría de los detenidos e incluso hicieron un careo entre Favale y Sánchez, que se acusaron mutualmente. Durante los interrogatorios les exhibieron de qué se los acusa: “Haber integrado una organización formada con el propósito de impedir a un grupo de manifestantes que cortaran las vías del ferrocarril ex línea Roca, utilizando para eso violencia física sobre personas, efectos contundentes y armas de fuego”, de lo que resultaron el asesinato de Mariano y tres personas heridas de bala (Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos). Contra la suposición de la mayoría de los abogados defensores, la calificación legal que analizaría la jueza no sería asociación ilícita, sino homicidio calificado, con lo cual los imputados –o algunos de ellos– podrían seguir detenidos.
Como informó Página/12, las pericias balísticas realizadas hasta el momento por Gendarmería y la Policía Federal identificaron que durante la embestida de los matones de la UF se utilizaron por lo menos tres armas, dos calibre 38 y una calibre 22. Los estudios se hicieron sobre seis proyectiles: uno es el que mató a Mariano; otro es un fragmento de la bala incrustada en la cabeza de Elsa; los demás fueron hallados en el suelo. De acuerdo con numerosos testimonios, los tres sospechosos de haber accionado las armas o al menos haberlas tenido en su poder son Favale (barrabrava de Defensa y Justicia), Sánchez (ex barra de Racing) y Uño. Este último fue señalado como encargado de distribuirlas. Juan Carlos Pérez, portero del taller ferroviario de Remedios de Escalada, fue descripto como quien las recogió después de que fueron utilizadas. Las imágenes de televisión y filmaciones de teléfonos celulares también fueron claves para reconstruir los hechos.
A Díaz le apuntaron testigos, al menos uno de los detenidos (Pérez) y también los policías que se ocuparon del operativo, que contaron que lo veían dando directivas al grupo de choque. Un testigo de identidad reservada relató que fue Díaz quien ordenó que abandonaran el lugar después de la balacera y en ese momento Pérez se habría puesto a juntar las armas, que le habrían entregado Sánchez, Favale y Uño. Díaz, todo indicaría, habría tenido como apoyo a Jorge González –a quien se vio en las imágenes de televisión con cuello ortopédico–. González y Salvador Pipito fueron detenidos por amenazar a los periodistas de C5N que querían filmar los acontecimientos. Esa conducta pondría en evidencia la voluntad de ocultar “algo”.
Por lo pronto, el dirigente gremial más comprometido es Díaz, pero en la causa aparecen elementos que podrían complicar a otros. Díaz, al parecer, estaba en contacto –antes y durante– con Juan Carlos “Gallego” Fernández, tercero en la línea jerárquica de la UF. El titular del gremio, José Pedraza, testificó que Fernández era quien le informaba todo lo que iba ocurriendo. El juzgado estaría estudiando la conducta de todos ellos.
La fiscal Caamaño pidió días atrás más indagatorias que hasta ayer a la tarde no habían sido ordenadas por el juzgado. Además de la línea de investigación sobre la autoría material del asesinato, se investigan las responsabilidades gremiales, y también las de la policía (intervino la Federal y en menor medida la Bonaerense). A última hora circulaban fuertes rumores de nuevas posibles detenciones.
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