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Imagen: DyN.La referencia de la presidente CFK ante la Conferencia Industrial de la UIA a un acuerdo tripartito para encauzar en forma institucional los conflictos sociales y la puja distributiva son el prolegómeno al anuncio de la puesta en marcha del Consejo para el Diálogo Económico Social. La presidente equilibró los mensajes. Asistió al congreso de la UIA, donde pronunció un discurso industrialista, pero llegó en compañía del secretario general de la CGT. La idea del CDES fue desechada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y recobró impulso en la campaña electoral de CFK. Antes de fin de año las tres partes establecerían una pauta general de aumentos salariales (¿del 20 al 23 por ciento?), que luego cada sector discutiría en sus paritarias, y dentro de 90 días comenzaría a sesionar el CDES. A cambio, CFK reclama una garantía del patronato sobre el incremento de los precios. Un anticipo es el acuerdo de paz social en la industria de los hidrocarburos, firmado por Cristina el jueves con los gobernadores de las provincias petroleras, todas las empresas y los sindicatos involucrados, que incluye el establecimiento de una mesa de diálogo. Después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner varios ministros del Poder Ejecutivo recibieron el encargo presidencial de avanzar en la elaboración de este acuerdo. El Consejo será un órgano consultivo permanente del gobierno nacional, presidido por el jefe del gabinete de ministros e incluirá a los partidos políticos de la oposición.
El proyecto de 2008 fue elaborado por el gobierno junto con la UIA y la CGT, se denominó Acuerdo Económico-Social del Bicentenario. Incluía igual representación de las empresas y de los trabajadores (16 cada uno, sobre un total de 40). En el primer grupo estaban incluidas las cuatro cámaras patronales agropecuarias que, en plena confrontación contra el gobierno por las retenciones, decidieron excluirse. Bajo las intimidatorias movilizaciones en las rutas, también los patrones industriales, financieros, comerciales y de servicios subordinaron su participación al arreglo con sus rústicos colegas. Hugo Biolcati recriminó la “indiferencia de grandes actores económicos, que actúan con falta de compromiso cuando no con complicidad lisa y llana” ante “este despojo”. También dijo que habían derrotado al gobierno en las calles y en el Congreso y que en 2009 también lo batirían en las urnas. Lejos de arredrarse, CFK impulsó en noviembre de 2008 la recuperación del sistema previsional, una propuesta de Amado Boudou que a mediados del año siguiente le valió la designación como ministro de Economía. Esto alarmó a las cámaras patronales que se aprestaron para la batalla final. Tampoco el mediocre resultado electoral de junio de 2009, en el que la ventaja del Frente para la Victoria sobre sus rivales fue escasa, indujo el cambio de política que las corporaciones reclamaban. “A veces se gana, a veces se pierde. Así es la democracia, pero ningún resultado modifica nuestras convicciones” declaró entonces Kirchner, derrotado por un candidato insignificante pero millonario en el significativo distrito bonaerense. En sintonía, Cristina impulsó la substitución del decreto Videla de Radiodifusión por una ley de servicios de comunicación audiovisual, la más debatida de la historia argentina, con 24 foros regionales en todo el país y audiencias en ambas cámaras del Congreso con todos los sectores interesados. Esto a su vez profundizó la rispidez con el patronato, donde el afectado Grupo Clarín asumió un confrontativo liderazgo junto con la transnacional italiana Techint. Ambos conglomerados entendieron que la absorción por el Estado de los paquetes accionarios y las obligaciones negociables que habían entregado a las AFJP para financiarse, equivalía a una declaración de guerra. Respondieron sin escrúpulo que así se afectaban la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. En consecuencia, esos tanques patronales acordaron designar presidente de la AEA al manager profesional Jaime Campos, como ariete descartable contra el gobierno, y sustituir en la UIA al industrial metalúrgico Juan Carlos Lascurain, a quien le reprocharon no ser bastante duro con el gobierno, por el plástico Héctor Méndez, quien ya había presidido la UIA durante el gobierno de Kirchner, periodo en el que cuestionó con dureza la política oficial de aumentos salariales.
A pesar de esta agudización de las contradicciones, la presidente dispuso en 2009 que los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Planificación Federal, Julio De Vido, retomaran junto con el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, la propuesta del Consejo para el Diálogo Económico y Social, que incluyó una comparación exhaustiva con el Pacto de la Moncloa, celebrado a la conclusión de la dictadura en España. El CDES sería un ente de derecho público no estatal, se crearía por decreto y lo integrarían 60 miembros. Además de los 40 representantes de los trabajadores y de los patrones, se sumarían diez por los partidos políticos con participación parlamentaria (sólo dos de ellos por el partido gobernante), dos por las organizaciones de consumidores y dos por las universidades nacionales. El resto serían designados por el Poder Ejecutivo, que lo presidiría. Su función será emitir opinión no vinculante sobre anteproyectos de ley y elaborar estudios o informes. El proyecto de decreto contemplaba incluso las ocho comisiones de trabajo que tendría el CDES:
1. Economía y Finanzas,
2. Infraestructura y Energía
3. Políticas Productivas,
4. Pequeña y Mediana Empresa y desarrollo regional
5. Políticas sectoriales (industrial, agropecuaria, de comercio y servicios)
6. Política Comercial Externa e Integración Regional,
7. Empleo, Relaciones Laborales y Seguridad Social
8. Educación, Salud y Desarrollo Social.
Una vez más, la incorporación de los patrones rurales trabó el consenso, a partir del provocativo diálogo jocoso de Biolcati con Mariano Grondona acerca de la sustitución presidencial por Su Graciosa Nulidad Julio Cobos. Todos ellos recibieron una lección cuando la política, que tanto desprecian, puso límites a sus anhelos desestabilizadores.
La recuperación de simpatía social por el gobierno y el clima de distensión que se apreció en los festejos por el Bicentenario, coincidente con la atenuación aquí de la crisis externa gracias a las medidas contracíclicas adoptadas y con la finalización de la peor sequía de la historia, acicateó a la presidente para insistir con la creación del Consejo. Sus lineamientos generales son los mismos esbozados en 2009, aunque además se plantea la posible incorporación de representantes de una mesa de diálogo interreligioso, cuya pertinencia para discutir sobre inversiones y empleo debería ser explicada. También contempla que entre el sector del trabajo no haya sólo representantes de la CGT, sino también de la CTA. En setiembre Kirchner expresó algunas dudas sobre la conformación del CNDS, que no llegaron a analizarse por su internación ese mes y su muerte en octubre. Antes de viajar a Corea para la reunión del G20, Cristina decidió que el proyecto se reactivara, como respuesta integral a las tensiones provocadas por la carrera de precios y salarios. La palabra que más usaron ella y sus ministros en los encuentros con sindicalistas de la UIA y de la CGT fue “responsabilidad” en la canalización del conflicto social. La aceleración en la variación de precios al consumidor puso en crisis el esquema de una pauta salarial implícita, fijada por la primera negociación paritaria de cada año, e hizo necesario uno más abarcador. Durante el velorio de Kirchner, Hugo Moyano invitó a una reunión a Héctor Méndez, en la que acordaron postergar la discusión en el Congreso del proyecto de Héctor Recalde sobre participación en las ganancias, que las empresas quieren reducir a un premio por productividad. Al vencer el nuevo plazo fijado por Recalde la mayoría de las cámaras patronales lo dejó plantado. Mientras, prosiguieron los contactos ministeriales. Seis patrones que según el gobierno representan un tercio del PIB argentino (entre ellos había petroleros, banqueros, metalúrgicos, cerealeros, farmacéuticos) dieron su acuerdo a un esquema que también aceptaron el oficialismo de la CGT representado por Moyano y su principal oposición, del grupo conocido como “Los Gordos”. No está clara la posición de la conducción real del patronato. Hace apenas dos meses, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina “está entrando en una fase confiscatoria”. Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció un discurso incendiario el viernes contra cualquier distribución de ganancias y protección laboral, presionó por una nueva devaluación y se retiró de la conferencia industrial sin esperar a que llegara Cristina. Para los sindicatos obreros, deben entrar en la negociación el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y la cancelación de atrasos en los pagos del Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales, donde se acumularon cerca de 5.000 millones de pesos. En su encuentro del jueves con Moyano, Cristina no fue concesiva con el reclamo de aumento del mínimo no imponible, aunque el desfasaje que ello produciría en algunas zonas grises de la escala salarial (un aumento nominal puede reducir el ingreso real si el trabajador que lo recibe pasa a una categoría impositiva superior) podría compensarse con otros ingresos, por horas extras o viáticos. El desafío es encontrar un mecanismo similar a los aumentos de suma fija que concedió el último gobierno de Juan D. Perón, cuyo impacto porcentual era inverso al nivel de ingresos.
Un problema de difícil solución es el agujero negro del INDEC. Dentro de lo pactado figura una pauta salarial orientativa que se rediscutiría cada cuatro meses. Si la inflación en esos 120 días fuera más alta, se ajustaría, al estilo del acuerdo que permitió reducir una inflación de tres dígitos en Israel. Se comprende que el voluntarismo estadístico del INDEC sea un obstáculo relevante. En el último informe de coyuntura del instituto de investigaciones de la CTA, Cifra, que dirige Eduardo Basualdo, todos los cálculos se hacen tomando las cifras del Indice de Precios al Consumidor a partir de los IPC generados por las Direcciones Provinciales de Estadística de Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Salta, La Pampa y Río Negro, debido a que se mantuvieron al margen de las modificaciones del IPC-INDEC. Hasta diciembre de 2006 esos índices tuvieron la misma evolución que los del INDEC. El informe constata que la recuperación de la economía luego del impacto de la crisis internacional ha sido tan pronunciada que en el segundo trimestre de este año su tasa de crecimiento interanual rondó el 12 por ciento, mientras que para los sectores productores de bienes superó el 18 por ciento. Los salarios reales de los trabajadores registrados crecieron el 2,1 por ciento entre los segundos trimestres de 2009 y 2010, pero no ocurrió lo mismo con los no registrados, de modo que para el conjunto de los asalariados el nivel de las remuneraciones no se ha modificado desde el segundo trimestre de 2009 y sigue por debajo del alcanzado antes del estallido de la convertibilidad a fines de 2001. El incremento en el ritmo de variación de los precios atenuó el efecto de la Asignación Universal por Hijo sobre los niveles de indigencia, que sólo han disminuido un 20 por ciento, y los de pobreza, en 7,5 por ciento. Al mismo tiempo, las ganancias de las principales empresas siguen siendo superiores a las del promedio de la convertibilidad, como se aprecia en el gráfico. Sin duda será decisivo el rol del arbitraje estatal entre fuerzas tan asimétricas.
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