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“¡Exodos! ¡Exodos! Rebaños
de hombres, rebaños de gentes
que teméis los días huraños
que tenéis sed sin hallar fuentes
y hambre sin el pan deseado.
Los éxodos os han salvado:
¡Hay en la tierra una Argentina!”
Rubén Darío, “Canto a la Argentina”.
El lanzamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri y los crímenes cometidos en Soldati se vinculan, pero deben ser escindidos para su análisis. La sincera diatriba de derecha es, claro, un recurso para disimular responsabilidades de gestión, cuanto menos. Los asesinatos integran una agenda más vasta que concierne al gobierno porteño y al nacional, tanto como a sus respectivas policías.
La propuesta de Macri, su contenido estigmatizante y xenófobo, no debe valer como cortina de humo. Las responsabilidades por los asesinatos de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y el nuevo muerto que se conoció anoche son, por ahora, opacas. La vida humana, valor supremo, impone que se traten como un ítem específico. Ambos tópicos se sobrevolarán, pues, en esta nota. El orden en que se abordan es arbitrario, no supone primacía ni lógica ni cronológica.
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En una de las contadas diferenciaciones virtuosas de su precedente norteamericano, la Constitución de 1853 garantizó los derechos “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Seguramente, el concepto amplio no era compartido de modo cabal por muchos de nuestros próceres. La propia Carta Magna imponía al Congreso “promover la inmigración europea” pensando en gentes rubias y presentables. Pero la historia fue más abierta y afín al Preámbulo. Nuestro país dio acogida a corrientes de variados lugares, en general desterrados de sus patrias por el hambre, las guerras, las persecuciones. Se construyó una encomiable tradición, claro que enfrentando detractores y enemigos. Desde la infausta ley de Residencia hasta los ataques de grupos “patrióticos”, siempre hubo quienes abominaron de los recién llegados, los atacaron y descalificaron. En promedio, la Argentina fue un país de acogida. Las peripecias que incluyeron sus propias crisis determinaron flujos de entrada y de salida.
En cualquier caso, siempre se alabó al “crisol de razas”, expresión impropia si se quiere ser purista pero expresiva de la idea de conjugar una síntesis desde la diversidad. Los versos de Darío que encabezan esta columna cantaron esa epopeya, un siglo atrás.
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Macri, con sinceridad ideológica, elige un rumbo diferente. Su presentación de ayer (ver asimismo nota central) recorre todos los tópicos de un falso nacionalismo, con hondas raíces autóctonas e internacionales. Hay permisividad, adujo, en la ley inmigratoria actual. Hay abuso de quienes se valen de beneficios sociales que deberían ser “para nosotros”. Hay un vínculo entre los inmigrantes de países vecinos y hermanos con formas organizadas de delincuencia.
Ya que estamos, “Mauricio” abogó por la militarización de la lucha contra ciertos delitos, tomando como ejemplo al Brasil. De tal modo, el jefe de Gobierno se puso de punta no sólo contra las normas inmigratorias, sino contra la Ley de Defensa, una de las políticas de Estado de la restauración democrática.
Varias de esas posturas no son ilegales: una ley puede reemplazarse por otra. Pero sí trasuntan un espíritu excluyente, una cosmovisión repudiable desde las vertientes progresistas o, más ampliamente, humanistas.
Macri elige su domicilio existencial o, mejor, lo confirma. Habrá que ver qué piensan de su movida los compañeros peronistas federales. Para algunos de ellos será una mínima mancha más en su piel atigrada. Entre ellos podrá estar, paradojas te trae la vida, su aliado Francisco de Narváez, nacido en Colombia, que aspira a importantes cargos en este país y que ocupa (con todo derecho) una banca en Diputados.
La admisión de la diversidad, el ius soli que otorga no ya los derechos sino la nacionalidad argentina a los nacidos acá son pilares que justifican no sólo oponerse al discurso de Macri, sino repudiarlo.
Eso es sencillo, y además forzoso, para el cronista, nieto de judíos europeos que cayeron a estas pampas sin una moneda, sin saber castellano, sin compartir la religión mayoritaria y acusados de cien males, entre ellos quitarles trabajo a los gauchos.
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El uso y abuso de la inseguridad y la vindicta de “otros” que ponen en riesgo a los ciudadanos libres (“la gente”, en jerga política y mediática) es un sambenito de la derecha, en muchas comarcas. El inmigrante es abusador, ventajero... rápidamente se pasa a sindicarlo como delincuente. En el centro del mundo tales narrativas gozan de buena salud. Sin justificar lo nefasto, es interesante señalar que esos países atraviesan una crisis económica feroz, de las que exacerban (y popularizan) esos reflejos. La Argentina, en cambio, no es un país superpoblado, se está acercando a una situación de pleno empleo, no existen en ella conflictos religiosos profundos. De cualquier modo, Macri puede interpelar a muchos, incluyendo personas de los sectores más humildes. Un discurso simplificador, con un enemigo sencillo, visible, un poco diferente, dista de ser un pasaporte al fracaso.
Pero sí divide aguas en la sociedad y fuerza a definiciones, entre ellas la defensa de las normas vigentes (algunas acuñadas en buena hora por el actual oficialismo, otras más añejas) que engarzan con nuestra mejor historia.
Macri, de paso cañazo, aspira a distraer sus carencias deplorables en política habitacional. Y a poner bajo la alfombra posibles maniobras de “punteros PRO” que habrían incitado a familias humildes a ocupar terrenos, en la ilusión de que eso les habilitaría una legalización inminente.
Todo esto dicho, las responsabilidades de los crímenes de Soldati son un capítulo más vasto que alude a posibles responsabilidades de la Federal y la Metropolitana que deben investigarse a fondo.
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Hay muchos puntos oscuros en el accionar policial conjunto que terminó en una masacre en la que murieron un paraguayo y una boliviana, afincados en este suelo con todo derecho.
Por lo pronto, su propia génesis: se desconoce, hasta ahora, el contenido de la orden de desalojo de la jueza María Cristina Nazar. No se sabe por qué los dos cuerpos policiales actuaron conjuntamente. La experiencia comprueba que esas coaliciones suelen ser disfuncionales, aun entre cuerpos de una misma fuerza. La masacre de Ramallo es un ejemplo que viene a cuento.
El segundo aspecto, del que no hablan ni el gobierno nacional ni el porteño, es la brutalidad desplegada en la represión. Como reseñan las excelentes notas escritas en este diario por Carlos Rodríguez, los federales dispararon con asiduidad, con armas largas. Desde los dos comandos se dice que sólo usaron balas de goma. Dos salvedades se imponen. La primera es que la lesividad de un proyectil no deriva, exclusivamente, del material con que está confeccionado. También de la saña con que se utiliza o la cercanía con “el blanco”. El maestro Carlos Fuentealba fue asesinado con una bomba de gas lacrimógeno.
El segundo apunte es que no sería novedad que los uniformados mezclaran balas de goma con otras de plomo. Contra versiones oficiosas de la Metropolitana y la Federal, no está comprobado que los proyectiles homicidas hayan sido disparados por pistolas “tumberas”: ésa es una posibilidad, entre otras que incluyen la proveniencia de armas largas, “pistolones o escopetas”, como también anticipó este diario ayer.
La presencia de federales de civil tirando a discreción es patente en las filmaciones y otro motivo de preocupación.
Otra cuestión abierta es la denuncia de Sergio Schoklender sobre la existencia de grupos armados, bien diferenciados de los ocupantes del predio que intrusaron viviendas construidas por la Asociación Madres de Plazo de Mayo con anuencia activa de la Metropolitana.
Como destaca un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundido ayer, el hecho integra una aciaga seguidilla en muy breve lapso, que abarca los crímenes de Barracas y los de Formosa. El CELS habla de “represión sin límites” en Soldati, “alevosas omisiones” en Barracas y “faceta (policial) más reprobable” en Formosa.
Es prematuro hablar de Soldati, pero hasta ahora el único expediente que ha avanzado como es debido es el que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. Fue determinante la presteza de la fiscal Cristina Caamaño, quien apartó a la Federal de la investigación. También hubo valorable sintonía entre Caamaño y la jueza Wilma López.
En este caso habrá que ver si la determinación del fiscal Sandro Abraldes encuentra eco en el juez Eliseo Otero. Hasta ahora, el fiscal lleva la pesquisa, como cuadra cuando no se tiene identificado a un posible autor material.
La acumulación de hechos de sangre con conductas, por la parte baja sospechosas, de las Policías justifica la advertencia del CELS, que el cronista traduce en sus propias palabras. Se percibe una crisis sistémica de las Fuerzas de Seguridad, no por los motivos que aduce la derecha (permisividad), sino por todo lo contrario. Falta de autoridad civil que las conduzca y de gobiernos que tomen distancia si se producen hechos de sangre, facilitando las investigaciones y no defendiendo a los propios sea de viva voz o callando.
La derecha acecha de muchos modos, se ve en estos días. En el plano político ideológico, que aunque no guste forma parte del escenario democrático y es dirimido en su momento por la ciudadanía. Y por el desmadre de las policías bravas, un mal endémico de la Argentina que requiere un abordaje político institucional que, en estas horas, no aparece.
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