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Antes de que CFK zanjara diferencias y estableciera los criterios con que se debe analizar la perspectiva de la seguridad, el debate había llegado a tonalidades extremas y hasta sorprendentes. Las necesidades electorales hicieron mover el timón a unos cuantos. Así, aparecía el manodurista De Narváez –inventor del mapa del delito construido con la denuncia vecinal– hablando sobre un “proceso de contención familiar, de educación, de empleo juvenil, de trato de adicciones”. Curiosamente, el ex ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, sostuvo que “la edad de imputabilidad tiene que bajarse un poco, hasta los 14 años”, aunque no mencionó ni una palabra sobre la rimbombante denuncia que realizara cuando ministro, en la que aseguró que la Bonaerense reclutaba menores para robar autos y matar. También el gobernador Daniel Scioli presionó sobre la baja de la edad, mientras que el gobernador de Tucumán, José Alperovich, calificó al debate como “una puja patética e infanticida en la oposición”.
Scioli aseguró que “estamos enfrentando características de violencia y de delito que exigen que vayamos readecuando la legislación vigente” y manifestó: “Esperemos que se dé el debate en Diputados para tener un marco jurídico que permita abordar esta problemática”. Su mensaje fue más neutro que el que había lanzado la semana pasada en reclamo de la baja de la edad.
El opositor Francisco de Narváez, a contramano de su propio discurso, dijo que “más allá de un nuevo régimen penal juvenil, que estoy dispuesto a acompañar, necesitamos un proceso de contención familiar, de educación, de empleo juvenil, de trato de adicciones, de deportes, de cultura”. Pero su compañero de bancada, Gustavo Ferrari, sostuvo que “no se puede tratar hasta marzo el proyecto que tiene media sanción en el Senado” y reclamó a la Presidenta que convoque a sesiones extraordinarias”.
Desde el oficialismo, Florencio Randazzo y Nilda Garré, y diputados del FpV como Agustín Rossi y Ariel Passini, criticaron la iniciativa de bajar la edad. Y Alperovich aseguró que “la inseguridad es un problema grave, y todos coincidimos en ello, al punto de que la Presidenta decidió crear un ministerio para combatirla, resulta ridículo que a una clase política acusada de alentar la ilegalidad y hasta pactar con el delito para mantener sus prebendas, no se le caiga una sola idea inteligente para aportar”.
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