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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que le pidió a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que ponga en marcha la articulación de la Policía Federal con la Metropolitana para que ésta se haga cargo de enfrentar una serie de contravenciones y delitos que figuran en convenios firmados en 2004 y 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Página/12 adelantó en forma exclusiva, el 15 de enero, que una de las prioridades de Garré sería delegar en la Metropolitana casos como las usurpaciones de tierras o casas, los cortes de calles, los vendedores ambulantes, los trapitos, la custodia de mujeres amenazadas por sus maridos y otros hechos de esa naturaleza. Garré ya mantuvo un diálogo con el fiscal general contravencional porteño, Germán Garavano, a quien le fue anticipando la necesidad de que la Metropolitana se haga cargo de estas contravenciones y delitos. Por el lado de la Ciudad, se señala que la Metropolitana no tiene la cantidad de efectivos suficientes y que aún no está en condiciones de ocuparse de esas situaciones. “Es bueno que podamos sentarnos entre ambos gobiernos para discutir serenamente estas cosas en beneficio de los ciudadanos –señaló la Presidenta– y sin enredar a la sociedad en falsas discusiones.”
El escenario del discurso de la Presidenta fue en el Club Albariño, en el que hubo una extensísima ocupación en diciembre. Después de largas negociaciones y cuando el juez Daniel Rafecas detectó que había varios individuos que impulsaron la toma para concretar un negocio inmobiliario, el predio fue desalojado. En ese caso puntual, la responsabilidad de recuperar el terreno del Estado correspondió y sigue correspondiendo a la Federal, porque se trata de instalaciones que son propiedad del Estado nacional, no de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la mayoría de los casos que ocurren en el distrito porteño, las ocupaciones son en tierras que pertenecen a la Ciudad y, al tratarse de contravenciones, es el propio gobierno porteño, a través de la Metropolitana, el que debe hacerse cargo. Un ejemplo es el Parque Indoamericano.
La Presidenta detalló la instrucción que le dio a la ministra Garré en el sentido de que “podamos articular con el gobierno local y con nuestra Policía Federal las jurisdicciones y competencias que han sido perfectamente delimitadas”. Se refería, en concreto, a los convenios firmados entre Nación y Ciudad en 2004 y 2007. Y puso como ejemplo que la Policía Metropolitana hizo el desalojo de la llamada escuela-shopping por lo que sostuvo que “deberíamos combinar esfuerzos y lograr un mejor rendimiento en beneficio de la ciudadanía”.
La Presidenta se estaba refiriendo a una ley votada en el Congreso nacional el 18 de febrero de 2008 en la cual se la pasaron a la Ciudad las competencias en materia penal en una serie de delitos que esa norma enumera en forma taxativa. Como la Metropolitana es auxiliar de la Justicia porteña, se le plantea que debe hacerse cargo de los casos en que ciudadanos cometen esos delitos.
La enumeración es la siguiente:
- Lesiones en riña, es decir peleas entre vecinos o conocidos. Aquí no entran los hechos graves, como homicidios, que siguen estando a cargo de la Justicia nacional.
- Abandono de persona, o sea cuando una persona enferma o en graves dificultades no es asistida por quien tiene el deber de hacerlo.
- Exhibiciones obscenas.
- Amenazas. Una de las cuestiones que requiere más efectivos es la custodia de personas amenazadas, en especial mujeres que fueron agredidas por sus ex parejas.
- Violación de domicilio.
- Usurpación, como fue en el Parque Indoamericano.
- Daños.
- Ejercicio ilegal de la medicina, es decir los curanderos y falsos especialistas.
- Incumplimiento de asistencia a un hijo, hija, esposa, padre o madre, o sea a cualquier familiar que está bajo su responsabilidad. El caso más tradicional es el de los que no pagan la cuota alimentaria.
- Trato cruel de los animales.
- Delitos de discriminación.
En algunos de los diálogos informales, la Ciudad argumenta que no tiene todavía efectivos suficientes y que tampoco cuenta con una infantería lista para intervenir ante cortes de calles o las ocupaciones de predios. Por lo que dejó entrever la Presidenta ayer, lo que debe empezar a tratarse es la transferencia progresiva de la competencia de la Metropolitana en todas estas cuestiones.
La Nación, por su parte, sigue a cargo de los delitos más graves y los que tienen que ver con las organizaciones delictivas: narcotráfico, secuestros, terrorismo. También la Policía Federal deberá seguir custodiando los edificios y predios del Estado nacional, así como debe prestar el servicio de seguridad a funcionarios, legisladores y jueces.
En el fondo de lo transmitido ayer por la Presidenta hay un criterio que sostienen quienes junto a Garré llegaron al Ministerio de Seguridad: la descentralización. El criterio es que la prevención del delito y los delitos más sencillos tienen que estar en manos de los intendentes y de los gobernantes que están más cerca de los hechos.
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