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La AFIP realizó un operativo en la provincia de La Rioja, donde detectó cerca de 400 trabajadores en “condiciones infrahumanas”, en dos predios propiedad de la empresa del diputado salteño Alfredo Horacio Olmedo. A pesar de gozar de un régimen de promoción agrícola, en el olivar que administra el actual precandidato por la gobernación de Salta había extranjeros indocumentados, personal tercerizado viviendo en carpas, improvisadas letrinas y malos olores producto de la falta de higiene, según los inspectores. Olmedo se defendió de la acusación y aseguró que es “una campaña para desprestigiar a una familia”, y lo vinculó con su lanzamiento por la gobernación salteña. Además aclaró que la Subsecretaría de Empleo riojana lo autorizó a hacer un campamento “tipo boy scout”.
Según el informe de la AFIP, los trabajadores de AHO SA vivían en dos predios: 360 dormían en carpas de nylon y los restantes, en dos “precarias habitaciones” de un parque industrial. La explotación, con una extensión de 800 hectáreas y un predio total de 950, se dedica a la cosecha de aceitunas, estaba bajo el Régimen de Promoción Agrícola y es administrada en forma directa por el diputado Olmedo. Alrededor de 20 inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, junto a la Policía Federal, fueron parte del operativo realizado ayer. En los campos encontraron dos precarios asentamientos, donde se alojaban los empleados de la firma. Allí vivían 33 adultos y tres menores en dos habitaciones “sobre cartones apoyados en el piso”. De la inspección visual se desprendió que “esas personas compartían un solo inodoro y guardaban sus bebidas y alimentos sin ningún tipo de refrigeración”.
Por otra parte, había un “campamento” con 120 carpas de nylon, armadas con palos y apoyadas sobre la tierra, que eran habitadas por tres peones cada una. Según relataron los agentes, en el asentamiento había “olor nauseabundo, gran cantidad de insectos y líquidos estancados en los pasillos que separan las carpas”, a causa de la descomposición de los alimentos de-sechados y de la cercanía con doce “improvisadas” letrinas.
Para ser beneficiario del régimen de promoción, AHO SA se comprometió a hacer inversiones y a tener a la mayor cantidad de gente en relación de dependencia. Solo podría contratar personal en forma temporaria por el lapso de tres meses al año. Aun así, según la AFIP, se registraron en el campo de Olmedo 140 trabajadores tercerizados y otros 42 extranjeros indocumentados, provenientes de Bolivia, que declararon que la empresa estaba en tratativas de regularizar su situación.
“Hay una persecución política”, denunció Olmedo en diálogo con Página/12. Aseguró que las actas oficiales del operativo no registraron ninguno de los delitos comunicados por la AFIP. “La inspección no encontró nada irregular, ni de trabajo ilegal. La gente que dicen que es de Bolivia no estaba trabajando porque estaban esperando el certificado de buena conducta y de residencia”, indicó el diputado sojero, que defendió el hecho de tener personal tercerizado para determinadas tareas. En ese sentido, se despegó de las “condiciones infrahumanas” denunciadas y explicó que “las fotos que se ven de los baños no son del campo”, sino “de locales que hay en el centro de La Rioja”. “El campamento está autorizado por la Subsecretaría de Empleo de La Rioja. Tienen televisión color, cancha de fútbol, de voley y sapo”, indicó Olmedo. “Si hay alguien que querellar no es a mí, sino a la provincia de La Rioja que autoriza a que vos hagas un campamento ‘tipo boy scout’”, aclaró el empresario.
De acuerdo con lo que confirmó la encargada del operativo, Laura Bologna, las actas dejaron constancia de los pasos que tuvo el procedimiento y los videos y las fotografías del lugar permitieron hacer una evaluación de las condiciones reales en las que se encontraban los trabajadores. El director general de los Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, indicó a Página/12 que tras “constatar si el personal estaba registrado o no, se puso en conocimiento de la situación al juez”, y anticipó que este caso también formará parte de la querella que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsará para que se investigue si se trata de otro caso de trabajo esclavo.
Informe: Gabriel Morini.
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