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Martha María Brea tejió con restos de lana y sus dedos la bufanda con la que Ana María de Silvo declaró una y otra vez en los juicios por los desaparecidos. Habían estado juntas en El Vesubio, Martha tejió esa bufanda porque Ana María sentía frío en el cuello. Hace unos días, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Martha, entre un grupo de cinco cadáveres hallados el 1º de junio de 1977 en una esquina de Lomas de Zamora y enterrados como NN. Esa prueba probablemente ingrese ahora al juicio oral a pedido del fiscal Félix Crous para potenciar las acusaciones por homicidio. A esta altura, sin embargo, nada parece poder revertir lo que la fiscalía admite como un problema de fondo que arrastra desde la primera instancia: pese a los 156 casos de la causa, 17 homicidios, 75 desaparecidos, ninguno de los penitenciarios o guardianes de El Vesubio podrá ser acusado por homicidio.
Las dificultades para acusar por homicidio no son, en realidad, un problema que arrastra solamente el Vesubio. La misma dificultad aparece en varias causas del I Cuerpo. Sucede en Automotores Orletti, y sucedió en la ya concluida causa por el llamado circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). En cada causa, quienes estuvieron cuerpo a cuerpo con los secuestrados llegan a juicio con otras acusaciones menores, pero ninguna incluye homicidio, un criterio que impide a las querellas pedir la prisión perpetua.
En ABO, por ejemplo, la causa ingresó a la etapa oral por 181 víctimas y con 17 acusados, pero ningún acusado por homicidio, y por lo tanto sin posibles perpetuas. En ese caso, no es que no había cuerpos identificados sino que los represores que llegaron a juicio eran quienes estaban en los centros clandestinos y entre ellos no había autores mediatos, es decir aquellos responsables de mayor jerarquía que son a quienes el juez Daniel Rafecas –de la primera instancia– suele considerar usualmente como responsables.
“Para Rafecas todo el que interviene en un centro clandestino es responsable por aquello que hizo personalmente y no por la cuestión sistemática”, explica Crous. “No ve la existencia de que hay un aparato organizado de poder, de que los jerarcas dominan todo, pero los demás parecen no participar del sistema; los considera en los términos de una autoría clásica y no ve que el guardia en realidad alimenta un sistema en el cual se tortura y se mata, le limita su responsabilidad a la conservación de la vida del cautivo, acusa por tormento, pero no le atribuye la contribución a la muerte que es el destino final, que sabe que es una de las alternativas más probables de estos lugares que eran centros de tortura y de exterminio”.
Para revertir la situación, en ABO la fiscalía de Alejandro Alagia pidió la incorporación de cinco cuerpos identificados para imputarles a los acusados y ampliar así las pruebas. El Tribunal Oral Federal 2 inéditamente admitió la ampliación, cosa que pese a la corrección política de sus integrantes no sucedió hasta ahora con El Vesubio ni con Orletti.
En Orletti, por ejemplo, durante el debate se consiguió que varios testigos hablaran de cómo los guardias mataron en un submarino a Carlos Santucho, el hermano del dirigente del PRT. Pese a haber ocurrido en un tanque que estaba dentro del galpón, el TOF 1 en ese caso no lo amplió.
En El Vesubio el tribunal que encabeza Leopoldo Bruglia viene rechazando los pedidos de ampliación de imputación por homicidio para los cinco penitenciarios acusados. No sucede lo mismo con los tres militares. Una de esas decisiones se conoció la semana pasada: el TOF4 aceptó la ampliación de la acusación por homicidios para los militares pero no para los penitenciarios. Félix Crous había presentado el pedido en noviembre por la identificación del EAAF de Ofelia Cassano, Hugo Manuel Mattion, la médica y enfermera del hospital de Quilmes María Luisa Martínez y Generosa Fratassi y Laura Isabel Feldman. Todos pasaron por el Vesubio. En el caso de Martínez y Fratassi declaró hasta el médico de neonatología del Hospital de Quilmes, confirmando que las dos mujeres habían sido secuestradas luego de avisar a la familia de una secuestrada que estaba dando a luz. La fiscalía quiso acusar por esas muertes además de a los militares a Diego Salvador Chemes, Ricardo Néstor Martínez, Ramón Antonio Erlan, José Néstor Maidana y Roberto Carlos Zeolitti, en carácter de coautores mediatos. Crous invocó en el pedido el fallo del TOF 2 de ABO. Pero no prosperó. Por esa razón, ahora con el caso de Martha María sólo pedirá la ampliación para los militares.
“El tribunal plantea que la fiscalía del juicio no elija un modo de acusar distinto a la primera instancia porque consideran que sería un planteo inconsistente”, dice Crous. Eso que “técnicamente es complejo no es un disparate y la verdad es que es una limitación que ya tuvimos en otros juicios”. Y que tendrán, porque la causa por el Hospital Posadas siguió los mismos pasos.
En ese contexto, El Vesubio se prepara para entrar en la etapa final del juicio. Aún falta la incorporación de pruebas por lectura, pero resta el testimonio de un solo testigo. Una vez concluido, comenzarán los alegatos. Entre las víctimas de esta primera etapa de la causa están Héctor Oesterheld y Raymundo Gleyser..
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