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En el penal de Ezeiza, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, tiene un régimen restrictivo, de preso común. Al comienzo ni siquiera le permitían el contacto directo con su abogado, con quien hablaba a través de un vidrio, con cierta dificultad. Quienes van a visitarlo se muestran preocupados por su salud, ya que sufre de hipertensión y temblores. Al poner el foco en esos temas, tratan de minimizar el presentimiento generalizado a su alrededor, de que es posible que se prolongue su estadía en la cárcel. Si la jueza Wilma López se toma al pie de la letra el plazo que marca la ley, hacia fines de esta semana, o a lo sumo unos días después, resolverá si lo procesa y le dicta prisión preventiva por el homicidio de Mariano Ferreyra, en el que aparece señalado como instigador. En los últimos días el juzgado y la fiscalía a cargo de Fernando Fiszer multiplicaron las medidas de prueba orientadas a corroborar si hubo una motivación económica detrás de la organización, desde la cúpula del gremio, de la patota que atacó a los trabajadores tercerizados de la línea Roca y las agrupaciones que los apoyaban, entre quienes estaba el militante del Partido Obrero asesinado. Como parte del análisis de sus vínculos con las empresas tercerizadas y los mecanismos empresarios alentados por la UF contra sus afiliados, rastrean movimientos de dinero del gremio y citaron a una contadora con acceso a sus finanzas, entre otros nuevos testigos.
Pedraza fue detenido hace casi dos semanas junto con el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado Claudio Alcorcel. Lo que precipitó el arresto, como reveló Página/12, fue el resultado de una serie de allanamientos –algunos en las casas de los sindicalistas– que habrían permitido confirmar la relación de Pedraza y directivos de la UF con las empresas que tercerizan contratos de empleados ferroviarios para abaratar costos, en especial con la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur. Esa superposición de intereses sindicales y empresarios no es un dato menor para los investigadores, que presumen la existencia de “móvil económico” detrás de la organización de la fuerza de choque y el crimen de Ferreyra. Las nuevas medidas ordenadas en la causa apuntarían a sumar datos a esa hipótesis.
Hay documentos bajo análisis que darían pistas sobre los movimientos de fondos de la UF para trazar un mapa de los ingresos y egresos, es decir, de sus relaciones económicas desde tiempo antes de los sucesos en Barracas. Esto explica la reciente citación como testigo de una empleada contable, cuyo nombre de pila es María Elena, que al parecer conoce bien los balances del sindicato. La mujer fue a declarar aterrorizada. En el juzgado le pidieron que explicara –por ejemplo– dos pagos: uno de 2 millones de pesos y otro de 2.546.000. Ella, al parecer, los relacionó con la compra de dos inmuebles en la calle Estados Unidos, uno en el año 2009 y otro en 2010, y se comprometió a entregar documentación, según informaron allegados al expediente. Las preguntas rondaron también la vieja historia del descuento compulsivo que les aplicaban a los ferroviarios para un fondo de sepelios, que a Pedraza le valió un procesamiento, ya que se lo consideró un desvío millonario de fondos.
Otra parte del interrogatorio apuntó a beneficios otorgados a ciertos trabajadores y las promesas de contratación de familiares.
Pedraza, Fernández y Alcorcel están imputados como posibles instigadores y organizadores de “un emprendimiento criminal previamente acordado” con quienes integraron la patota que atacó con palos, piedras y armas de fuego a un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados que reclamaban puestos en planta, despedidos de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) y militantes sociales que los apoyaban. Aquella iniciativa, definió la jueza, pretendía ser un gesto “aleccionador” para impedir los cortes de vías como medida de protesta. Les adjudicó, así, participación en el homicidio calificado de Ferreyra y en la tentativa de matar a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos (heridos de bala). Las pruebas que los comprometen ocupan decenas de páginas, pero tienen tres núcleos:
- Según la fiscalía, mientras transcurría el ataque de la patota ferroviaria, Fernández se comunicaba “permanentemente” por teléfono con el delegado Pablo Díaz, que se encontraba en el lugar de los hechos dando directivas a los matones. Fernández se encontraba en la sede de la UF, y con él estaba Pedraza. “Todos estaban conectados y coordinados”, sostiene el fiscal. Pedraza y Fernández alegan que estaban en un congreso. El primero dijo en la indagatoria que se enteró de los incidentes por televisión. El segundo, que le parecía “lógico” hablar con Díaz ante una protesta “espontánea”. El carácter planificado de lo ocurrido ya fue señalado hasta por la Cámara del Crimen cuando confirmó los procesamientos de siete integrantes de la patota. Según ese tribunal, un dato elocuente fue la presencia del barrabrava Cristian Favale (acusado de disparar), que no era ferroviario pero tenía una promesa de contratación, quien llegó con más personas ajenas al ámbito; el ataque se produjo justo cuando los manifestantes emprendían la retirada.
Para el fiscal Fiszer, el reclutamiento del grupo de choque se hizo bajo promesas de “rédito económico”, que consistían en “asegurar el ingreso de familiares como empleados, así como también la permanencia o mejores expectativas para los que ya fueran empleados”. Los sindicalistas aducen que es tradición incorporar familiares. Parte de la convocatoria y la organización se habría hecho desde los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, donde se desempeñaban Alcorcel (que además fue nexo con Favale) y otro de los detenidos, Juan Carlos Pérez, acusado de juntar y ocultar las armas.
- Un tercer aspecto apunta a que Pedraza y su entorno habrían actuado movidos por intereses económicos. De otro modo –razonan los investigadores– no se explicaría el empeño por sostener el esquema de tercerización de los ferroviarios y la indiferencia frente a los despedidos de Ugofe, la empresa que administra las líneas Belgrano Sur, Roca y San Martín, bajo tutela estatal. Ambos asuntos se ventilaban en la protesta donde mataron a Ferreyra. Los tercerizados denunciaban que sus salarios eran la mitad de los de un trabajador de planta y su contratación estaba fuera del convenio colectivo del sector. La jueza López pudo comprobar la vinculación de los más estrechos colaboradores de Pedraza en la UF, con la Cooperativa de Trabajadores del Mercosur (que terceriza el mantenimiento de vías y desmalezamiento), de la que son directivos. Pedraza, en la indagatoria, no discutió la relación con la firma y dijo que las cooperativas se crearon para dar trabajo tras el desguace de los ferrocarriles en el menemismo.
Para sumar pruebas sobre estos mecanismos empresarios de la UF, el fiscal Fiszer reiteró un pedido de documentación –que ya había hecho la primera fiscal del caso, Cristina Caamaño, ahora viceministra de Seguridad– al juez federal Norberto Oyarbide, relacionado con la investigación del patrimonio del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En esa causa, hay cientos de e-mails y documentos de la computadora de quien era mano derecha de Jaime, Manuel Vázquez, sospechado de ser su testaferro. Vázquez revisaba los contratos del área, entre ellos los de ferrocarriles. Uno de los materiales hallados ilustra cómo fue el proceso de confección, en 2005, del convenio para la transferencia del paquete mayoritario de acciones del Belgrano Cargas –en poder de la UF desde fines de los noventa– a la empresa Sideco, del Grupo Macri, asociada con una firma china (Sanhe Hopefull). En un fax dirigido por Vázquez a Pedraza, de parte de Jaime, le envía el texto con correcciones supuestamente acordadas, al que accedió Página/12. Al costado se pueden leer los tramos “eliminados”: dos de ellos, los más grandes, eran los que establecían la creación de “un nuevo convenio colectivo de trabajo” que debía incluir una “cláusula de estabilidad laboral”. Más allá de que luego se agregaron otras firmas al consorcio, además de La Fraternidad y los camioneros, lo que interesa en el expediente del homicidio de Ferreyra es la lógica con la que se llevaba a cabo esa negociación.
Pedraza, Fernández y Alcorcel reclamaron la excarcelación tras la indagatoria. La jueza les dijo que no con argumentos demoledores, que les pintan un panorama sombrío. No sólo argumentó que podrían fugarse, sino que ya habían quedado en evidencia al menos dos iniciativas motorizadas por la UF para entorpecer la causa: el posible intento de soborno al juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi para que dejara en libertad a los siete integrantes de la patota, detenidos desde fin de octubre; y el presunto intento del perito de uno de los detenidos (respaldado por el gremio) de inutilizar la bala que mató a Ferreyra, prueba material elemental del caso. La historia de lo que podía haber sido una coima (y quedó trunca) fue detectada a través de una escucha a Pedraza y quedaron implicados el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que actuaba como abogado defensor, y fue secretario de Riggi, y un intermediario conocido en el medio sindical, Juan José Riquelme. El juez Luis Rodríguez, que se había inhibido, fue confirmado al frente de la investigación: esta semana allanó la UF y se llevó los libros contables de diciembre, enero y febrero, para ver si de allí salió dinero con rumbo incierto. El intríngulis del perito Roberto Jorge Locles lo investiga el juez Alberto Baños y ya hubo varios testigos que afirmaron que alteró la bala, golpeándola, de una manera que no pareció accidental en medio de una junta de expertos. Habría, además, escuchas donde surgiría la intención, desde el gremio, de embarrar la cancha.
La Cámara de Apelaciones citó a la defensa de Pedraza y sus laderos a una audiencia por las excarcelaciones recién para el 31 de marzo. Todo indicaría que para entonces la jueza Wilma López ya habrá tomado una determinación sobre el futuro del líder ferroviario.
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