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El chisporroteo entre el Estado y Techint es la manifestación pública de una disputa política que lleva tres años y se acentuó con la muerte de Néstor Kirchner. En noviembre, la transnacional italiana presionó al gobierno de la presidente CFK para que realizara una nueva devaluación, que hubiera implicado un brusco descenso en los ingresos populares, como ocurre en promedio cada siete años desde la dictadura militar, según el cálculo de Martín Redrado. Su principal accionista, Paolo Rocca, también cuestionó en noviembre la política del gobierno y su presunta pretensión de injerencia en las decisiones de inversión del holding.
El grupo fundado por el asesor siderúrgico de Benito Mussolini, el capitán de artillería Agostino Rocca, con capitales alemanes e italianos que fugaron de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene sedes en Milán y en los paraísos fiscales de Luxemburgo y las Antillas Holandesas, para no pagar impuesto a las ganancias distribuidas. Desde allí controla un centenar de empresas en más de veinte países, que emplean a 40.000 trabajadores. En estas condiciones, es una proeza de relaciones públicas y propaganda haber instalado que se trata de un grupo nacional, líder de la industria argentina. El actual gobierno también realizó aportes a esa ficción, con discursos ingenuos ante la sonrisa satisfecha de los italianos. A mediados de 2008, la presidente CFK acompañó a Paolo Rocca en la inauguración de la universidad corporativa de Techint en Campana y arrojó flores retóricas sobre el grupo. Pero pocos meses después, el gobierno nacional recuperó la administración pública del sistema previsional. Su privatización en 1994 desfinanció al Estado, lo impulsó al endeudamiento con los mismos bancos que recibieron el negocio de las jubilaciones, consumió en gastos administrativos y comisiones una porción exorbitante de los aportes de los trabajadores y dejó al margen de cualquier protección a quienes no tuvieran un empleo que les permitiera soportar esas exacciones. Pero Techint y su principal socio político, el Grupo Clarín, impulsaron una declaración de la Asociación Empresaria AEA, según la cual al poner fin a esta situación escandalosa se afectaban la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. En 2009, Techint comunicó la posibilidad de no pagar a su vencimiento obligaciones negociables por 22 millones de dólares de su Transportadora de Gas del Norte, lo que agitaría el fantasma de un nuevo default soberano de la Argentina, en un pésimo momento internacional. La insignificancia de la cifra para una transnacional revela la índole política de la jugada. El gobierno respondió con la designación de un veedor, quien detectó en el balance de 2008 recursos genuinos para hacer frente al compromiso y presentó una denuncia penal contra los responsables de una declaración irregular del default.
Tampoco aceptó la solicitud de Rocca de que la ANSES comprara la cuarta parte del paquete accionario de TGN, que estaba en manos del fondo inversor del Bank of America, Blue Ridge, alegando que no habría dinero estatal para socorrer a una empresa cuyos incumplimientos justificaban rescindir el contrato de concesión. Entre diciembre de 1996 y la eliminación del régimen de capitalización, en 2008, Siderar había colocado acciones a las AFJP por 2.680 millones de pesos, equivalentes al 25,97 del paquete accionario. Pero Rocca siempre se opuso a la designación de un director estatal por la minoría en representación de esas acciones, obtenidas por la ANSES al expropiarse las AFJP. En cambio ofreció nombrar por la mayoría al ex ministro Aldo Ferrer. La ANSES también había declinado una solicitud del Grupo Clarín para financiarle con fondos previsionales el soterramiento de los cables de sus operadoras Multicanal y Cablevisión, ya que no se trataba de una inversión reproductiva y generadora de empleo, sino apenas el acatamiento demorado a una ley de 2005. Ante esta negativa oficial, el Grupo Clarín consiguió fallos judiciales y omisiones legislativas que pospusieron hasta ahora el cumplimiento de la ley. En 2008, al desatarse la peor crisis global en un siglo, la familia Rocca anunció que debido a las condiciones de mercado suspendería la construcción de un nuevo alto horno de fundición de palanquilla y un tren de laminado continuo. En su anuncio a la Bolsa de Comercio dijo que continuaría la ampliación cuando se recuperara la demanda, local e internacional, y que había ordenado a los subcontratistas que suprimieran los puestos de trabajo correspondientes a ese proyecto. Eran 2.400 cesantías. El gobierno nacional, cuya política maestra frente a la crisis fue la preservación del empleo, respondió que no toleraría un solo despido y dictó la conciliación obligatoria con las uniones de obreros de la construcción y metalúrgicos. Techint utilizó esta situación para presionar al gobierno: si intercedía ante el presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, y éste indemnizaba la expropiada participación del grupo italiano en Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), invertiría ese dinero en SIDERAR. El gobierno hizo la gestión, consiguió que los despidos se convirtieran en suspensiones rotativas, pagó parte de los sueldos con el programa REPRO y aceptó que la obra se reprogramara a más largo plazo, pero no que quedara paralizada, en cuyo caso estudiaría las condiciones jurídicas para una eventual expropiación. El gobierno cumplió su parte pero Techint no invirtió en ese proyecto los fondos pagados por Venezuela.
La versión del Grupo Clarín sobre la resistencia de Techint a la designación de directores por la minoría estatal no coincide con la secuencia de los hechos, que aquí se reconstruye en base a diálogos con funcionarios del gobierno nacional y de la propia Techint. Clarín sostiene que Techint había propuesto la designación por consenso del economista Benny Kosacoff, a quien menciona como ex profesor del ministro de Economía, Amado Boudou, pero dice que la presidente CFK lo rechazó y en cambio dispuso el dictado del decreto 441, que incrementó la representación estatal en los directorios en forma proporcional a las tenencias accionarias, y designó a Axel Kicillof, que los italianos no aceptaron. Pero Kosacoff nunca fue profesor de Boudou, el ministro jamás llevó esa propuesta a Olivos y la crisis se desató mucho antes. En setiembre de 2010, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina “está entrando en una fase confiscatoria”. Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció en noviembre un discurso incendiario en la conferencia anual de la UIA y se retiró sin esperar a que llegara Cristina. Se opuso a cualquier distribución de ganancias y protección laboral y presionó por una nueva devaluación.
En sus comunicaciones internas la Organización Techint utiliza siglas para referirse a personas y entidades. Paolo Rocca es identificado como PRO. Durante la reunión anual para directivos y empleados, realizada a fines de noviembre de 2010 en el Hotel Sheraton, luego de la entrega de medallas a quienes cumplían 25 años de servicios, PRO se jactó de que Techint había instalado en tiempo récord en México un laminador de acero peregrino o continuo con el que apunta a fortalecer el pie que puso en Norteamérica con la adquisición hostil de la acería estadounidense Maverick. Un alto ejecutivo de Techint cuenta que los conflictos allí fueron enormes: “Se violaron reglas a nivel institucional, se llegó a accionistas por medios cuestionables, se quiso implementar la misma desregulación laboral que en 1997 se hizo al erigir SIDOR en Venezuela: donde a cada obrero despedido se le abonaron apenas mil dólares”. Igual que en la UIA, abogó por el cambio de paradigma económico productivo y se quejó por “los problemas de productividad que tiene el país”, o sea por los niveles de protección a la mano de obra en el actual contexto político. Dijo que la productividad laboral había crecido a una tasa anual del 4 por ciento y los salarios en dólares a un ritmo de 22 por ciento al año. Omitió cualquier referencia a la rentabilidad excepcional obtenida en esos mismos años y dijo que era “necesario actuar” sobre el tipo de cambio, los aranceles y la protección antidumping. También objetó el proyecto de ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas “con control de la producción y colaboración en la dirección”.
Cristina tomó nota, buscó el destino más agradable para Aldo Ferrer y a pocos días de la reunión del Sheraton le ofreció la embajada en París. El Senado le dio el acuerdo el 15 de diciembre y Ferrer se reunió con el elegido para sucederlo, el macroeconomista Axel Kicillof, para transmitirle su experiencia como presidente del directorio de Techint. Pero en enero, cuando Amado Boudou transmitió el nombre del candidato a Techint, su operador político Luis Betnaza puso mala cara. Dijo que no podía tomar una decisión en ausencia del CEO de la compañía, Daniel Novegil, quien saltó a esa posición luego de dirigir la operación del grupo en Venezuela. Volvieron a reunirse en febrero, al regresar Novegil al país. Recién allí contraofertaron con el nombre de Kosacoff: sería otro “candidato de consenso”, como Ferrer, designado en la propuesta de la mayoría. Boudou nunca mencionó su nombre ante la presidente, porque sus instrucciones eran estrictas: dada la manifiesta hostilidad pública del holding, no era admisible repetir el procedimiento que derivó en la designación de Ferrer a propuesta de los Rocca. Recién este mes, cuando Betnaza y Novegil rechazaron el nombre de Kicillof. Clarín lo demonizó como camporista, La Nación como marxista. El 14 de abril Cristina firmó el decreto 441, que consagra el ejercicio pleno de los derechos que corresponden al accionista minoritario en defensa de sus intereses, que en este caso son los del sistema previsional. Techint no lo aceptó, la Comisión Nacional de Valores declaró ineficaz e irregular la asamblea de accionistas y ambas partes recurrieron a la Justicia. El Estado aduce que el decreto 441 tiene plena vigencia (aunque los abogados de empresas extranjeras reunidos en el Colegio de la calle Montevideo lo cuestionen) y que la antigua ley de sociedades impide en sus artículos 66 y 70 mantener una cuenta de resultados no asignados y exige una fundamentación precisa para constituir un fondo de reserva, ya que la razón de ser de la empresa privada para el inversor minoritario es la distribución de dividendos. En el caso de Siderar, esa cuenta ilegal supera los 1700 millones de dólares y la empresa sólo propuso distribuir 1500 millones de pesos.
Clarín también afirmó el viernes que el 11 de mayo, al reanudarse la asamblea de accionistas que pasó a cuarto intermedio, los directores de Siderar por el Programa de Propiedad Participada votarían a favor de la propuesta estatal. Sostuvo que para ello, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, Naldo Brunelli, había puesto dos condiciones: que entre los directores estatales no hubiera ningún camporista y que la ANSES aprobara la distribución de dividendos propuesta por el holding itálico. Funcionarios del gobierno nacional que mantuvieron contacto con Brunelli y con el director por el PPP, Francisco Cudos, negaron que existieran tales condiciones. Cudos preside junto con el director suplente de Siderar, Cayetano Raúl Berterame, la sociedad anónima ISA (Inversora Siderúrgica Argentina), creada por Brunelli para manejar el paquete accionario de los obreros, muchos de los cuales le vendieron sus acciones. Oriundo de Concordia, Berterame integró durante los setenta los grupos universitarios de la derecha peronista y de los guardianes de hierro que, luego del asesinato del obispo Carlos Ponce de León, en 1977, apoyaron la erección del monumental templo a la Virgen del Rosario, que habría aparecido en la villa Pulmón o El Campito. En su biografía del cura obrero Jorge Galli, Rafael Restaino escribió que “se dejó de luchar por el prójimo como proponía el obispo y quienes seguían sus lineamientos, para esperar sólo la salvación rezando”. El periodista Carlos del Frade agrega en su trabajo “La Iglesia y la construcción de la impunidad” que “Somisa pasó a integrar el patrimonio del poderoso grupo Techint. Más de 8.000 despidos y 174 millones de dólares en indemnizaciones y retiros voluntarios sirvieron de anestesia para los obreros metalúrgicos. La secuencia de los hechos en San Nicolás es una síntesis de la historia social del país y de la región: sacerdotes comprometidos - movimiento obrero organizado - terrorismo de Estado - ajuste - milagros individuales - anestesia social - olvido y silencio promovido desde la jerarquía misma”.
Durante un encuentro en la Casa de Gobierno, a la que acudieron junto con el miembro del secretariado nacional de la UOM e intendente kirchnerista de Quilmes, Francisco Gutiérrez, Brunelli y Cudos explicaron su voto junto con la empresa porque se trataba de aprobar su propia gestión en el directorio. Además Techint ha tenido la astucia de que también los hombres de la UOM dependan de su buena voluntad, ya que en un canje de acciones los dejaron por debajo del mínimo requerido para designar un director propio. El holding les planteó que si ingresaban los directores de la ANSES sería a expensas de los del PPP. Durante esa visita, Brunelli y Cudos se comprometieron a oponerse a la demanda judicial contra el decreto 441 y a apoyar el 11 de mayo la propuesta de la ANSES. “Sin condiciones”, dicen. Brunelli también se preocupó por negar que tenga una empresa que provee a Siderar de los sándwiches y las gaseosas del refrigerio. “Soy vegetariano”, bromeó. Uno de sus últimos negocios conocidos fue la construcción de un Anfiteatro para 15.000 personas con un crédito del Banco Mundial. En San Nicolás todos conocen la serie de empresas que creó para prestar distintos servicios a Siderar. Estas son algunas de esas muestras del sindicalismo empresario:
-Servicio de Emergencias Médicas (SEM), con treinta ambulancias en San Nicolas, Ramallo, Baradero, Mercedes y Rafaela.
- Caspor, empresa de operaciones portuarias que actúa en el puerto de Techint en San Nicolás y en el de Acindar, en Villa Constitución
- Jurafer, transporte de productos siderúrgicos con unos treinta camiones.
- Litoral bus, colectivos de media distancia que transportan operarios a las fábricas desde y hacia San Nicolas, Villa Constitución y Rosario.
- Loveraz, empresa de montajes industriales para Siderar, Siderca, Acindar y otras grandes empresas de la zona, donde trabajan alrededor de 500 obreros.
En tres semanas se sabrá si la versión más fiel sobre la posición de Brunelli es la del gobierno o la del Grupo Clarín.
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