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En agosto de 2009, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, actual ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de Gobierno por el PRO, anunciaron la reinauguración del Parador de Costanera Sur, el cual daría alojamiento, alimentación y atención médica y psicológica a 140 personas en situación de calle. En aquel entonces, el actual jefe de Gobierno manifestaba que “nunca antes se trabajó con tanta dedicación, entusiasmo e integración entre los funcionarios políticos y las personas que integran la estructura histórica de la ciudad” (sic).
¿En qué se materializó tanto entusiasmo y dedicación? Las condiciones actuales de abandono del Parador de Costanera Sur nos responden en forma más honesta y menos eufemística a la que nos tiene sometidos nuestro jefe de Gobierno: graves y constantes deficiencias habitacionales del Parador, crónicas faltas de insumos esenciales para las familias alojadas (desde pañales y toallas hasta elementos para primeros auxilios), un único baño con dos duchas para mujeres, la presencia de plagas –y, por supuesto, concomitantes enfermedades–; todas condiciones de vida humillantes impuestas por el gobierno como única respuesta para aquellas personas que sufren la crisis habitacional de la ciudad –profundizada por el macrismo–- en su forma más cruda, la situación de calle. Familias que, ante semejante situación crítica y desesperante, obtienen como única respuesta un “parador” que se constituye como la antítesis del deber del Estado de garantizar el derecho a la vivienda digna.
El manifiesto abandono por parte del gobierno local y especialmente por parte de Eugenia Vidal, la “ministra estrella” de la gestión PRO, de decenas de hombres, mujeres y niños, a menos de dos años de aquella entusiasta y optimista jornada de reinauguración, fue denunciado el pasado 3 de mayo por la Asesoría Tutelar Nº 1 (dependiente del Ministerio Público Tutelar, parte del Poder Judicial de la ciudad), el cual presentó una acción de amparo ante el peligro que significa el grave deterioro y abandono del parador para la salud psicofísica de los niños, niñas y adolescentes allí alojados.
Pero, más allá de las consecuencias de esta acción judicial, no debe entenderse el estado actual del parador como un “fracaso” del gobierno macrista: en sus tres años de gestión en la ciudad, el PRO ha mostrado su éxito en su política de desmantelamiento de la estructura estatal de asistencia social, de la que este caso es sólo un ejemplo. El abandono de los Centros Residenciales para la Tercera Edad –observado por la Auditoría de la Ciudad– y del Hospital Borda son otras muestras de que no sólo existe negligencia y desentendimiento de las responsabilidades que el pueblo le delegó con su voto, sino que también actúa una lógica perversa de individualización y tercerización de la protección social.
Ciertamente es difícil imaginar de qué manera “son bienvenidos” –como reza su nuevo slogan de campaña– tantos niños, mujeres y hombres que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social, cuando se los abandona a su suerte por una política social que se limita a brindar, en el mejor de los casos, subsidios de montos irrisorios y que actúa paliativamente y sólo ante la presión de demandas judiciales.
¿Es necesario otro ensayo macrista para ver hasta qué punto es insalvable la distancia entre su concepción de individualización represiva de la política social y la concepción emancipadora de la misma bajo el enfoque de garantía de derechos económicos, sociales y culturales? Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que en situación de extrema pobreza deben sobrevivir de (o a pesar de) una política de asistencialismo que les impide construir un presente seguro y un futuro pensable, ¿deben seguir dependiendo de la tutela de acciones de amparo?
* Diputado de Proyecto Sur.
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