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La investigación de los presuntos sobornos para conseguir la libertad de los acusados del asesinato de Mariano Ferreyra tiene dos caras complementarias, que quedaron en evidencia en las escuchas telefónicas de la causa reveladas esta semana por Página/12: una es la naturalidad y la aceitada red de contactos con que un jefe sindical –el ferroviario José Pedraza en este caso– es capaz de hacer gestiones con la aparente intención de conseguir el tribunal que quiere y el fallo que necesita; la otra es la que siembra sospechas sobre un grupo de integrantes de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, de haber participado en la maniobra. Los problemas en la Cámara de Casación son de arrastre y exceden a este hecho puntual. Lo que llama la atención es que pese a que son conocidos hace años, ni el Gobierno ni el Consejo de la Magistratura ni quienes proponen iniciativas de cambio dentro del Poder Judicial, ninguno ha logrado avanzar mucho. En el mundillo judicial, a este tribunal, ya hay quienes –con humor– le cambiaron el nombre: ahora le dicen Cámara de Tasación.
Para el fiscal Sandro Abraldes existen pruebas suficientes de que Pedraza y el contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas Angel Stafforini habrían ofrecido y entregado dinero a dos intermediarios para que a su vez hicieran forum shopping en Casación: o sea, elegir a los jueces y comprar voluntades. Uno de los operadores habría sido Juan José Riquelme, miembro de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), que por su cuenta oficiaba de lobista, habitué de pasillos y despachos de Casación hace años; y el otro es Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario por trece anos del camarista Eduardo Riggi, luego juez federal subrogante y más tarde defensor de uno de las acusados del crimen de Ferreyra. Aráoz, además, habría sido el nexo con el prosecretario Luis Ameghino Escobar, quien hizo el sorteo de la causa, y que le tocó casualmente a la Sala III, que integra Riggi. Pero el dictamen de Abraldes no dejó todo ahí. Pidió investigar a Riggi, a su colega Gustavo Mitchell y al subrogante Mariano González Palazzo, ya que en las escuchas los protagonistas aluden a reuniones y comidas con ellos e incluso a “atenciones” de fin de año. El juez de la causa (Luis Osvaldo Rodríguez) hizo lugar y analizaría sus llamados telefónicos.
Esta historia no sorprende en el ámbito judicial, donde en cambio domina la pregunta de por qué, aun después de la renuncia del polémico Alfredo Bisordi y luego la de Amelia Berraz de Vidal, hace más de tres años, poco y nada cambió. Fue el ex presidente Néstor Kirchner quien en 2007 convirtió en un debate nacional el papel de Bisordi, denunciado entonces por organismos de derechos humanos por demorar adrede los juicios por crímenes de la última dictadura. Bisordi ya había sido sancionado por decirle a la ex detenida desaparecida Graciela Daleo que era una “delincuente terrorista”, pero en el Consejo de la Magistratura lo protegió la corporación de los jueces, reticente a avanzar en un juicio político. Igual, Bisordi renunció y hoy defiende represores. En sus tiempos de casador protagónico, cuentan en el tribunal, solía visitarlo el misterioso Riquelme, a quien le atribuían una cercanía al ex obispo castrense Antonio Baseotto. Mitchell, otro de los camaristas a quien Riquelme decía visitar (en las escuchas), está siendo investigado penalmente y en el Consejo por denuncias que lo vinculan con la entrega de hijos de desaparecidos como juez de menores durante la dictadura. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, declaró que cuando buscaba a su nieto en pleno terrorismo de Estado y quiso entrevistarse con él le mandó a decir “que se cuidara” porque podía “terminar en una zanja”.
Además de la silla que dejó vacía Bisordi hay otras tres vacantes (de doce cargos), lo que implica que muchas de las grandes decisiones las están tomando jueces subrogantes que, para colmo, al concursar para quedarse con el cargo sacaron notas bajas y sólo uno de ellos quedó en carrera. González Palazzo tuvo la peor calificación en el examen: 45. Quedó en el puesto 23 de 25 aspirantes. Luis García se sacó 57 puntos. Augusto Diez Ojeda sacó 60 puntos en la prueba. Sólo Guillermo Yacobucci obtuvo 84 en el examen y por antecedentes quedó segundo en el orden de mérito y puede aspirar a un nombramiento definitivo.
Yacobucci y García tomaron decisiones de alto impacto como suplentes en Casación, tales como haber concedido la libertad a Alfredo Astiz y otros represores de la ESMA al considerar que habían estado demasiado tiempo presos sin juicio. Hace dos semanas, resolvieron que las muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera sólo se podrían comparar con un grupo de familiares de desaparecidos, pero no con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos, como dice la ley que regula su funcionamiento. González Palazzo y Diez Ojeda firmaron hace unos días nomás (con disidencia de Gustavo Hornos) un increíble, llamativo fallo en el causa sobre la privatización del espacio radioeléctrico en beneficio de Thales Spectrum: transformaron la apelación de los embargos millonarios de los imputados (de hasta 200 millones de pesos) en una declaración de inexistencia de delito y sobreseimiento de la mayoría de los imputados, entre ellos el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y otros once imputados que el juez Sergio Torres había implicado en una defraudación cercana a 700 millones de pesos.
La Cámara de Casación –creada en 1992 por Carlos Menem– es la instancia judicial de mayor importancia después de la Corte Suprema. Revisa condenas y situaciones de privación de libertad, pero muy raramente analiza procesamientos, y menos si fueron dictados en primera y segunda instancia, como ocurría en Thales Spectrum. Los pedidos para revocar procesamientos suelen ser rechazados de plano en este tribunal. Pero por ejemplo, el planteo en ese sentido de Mauricio Macri, que está procesado por asociación ilícita en la causa de las escuchas, está en suspenso en la Sala III desde octubre del año pasado.
Lo que querían los operadores judiciales de Pedraza era que esa misma sala revocara el procesamiento y liberara a los miembros de la patota ferroviaria. Según el fiscal Abraldes, hay indicios que hacen suponer que el sorteo fue manipulado para que le tocara a la sala que ahora integran Riggi, Liliana Catucci y Mitchell. El empleado que lo hizo intercambió ese día seis mensajes de texto con Aráoz de Lamadrid, quien le habría prometido un pago. Según varios testigos, el sistema informático se puede manipular, o bien se puede calcular la probabilidad de qué jueces serán elegidos.
Tras salir a la luz aquellas sospechas de forum shopping, abogados de otras causas denunciaron otras situaciones dudosas de asignación de expediente. La actual presidenta del tribunal, Angela Ledesma, puso mayores controles, pero dirigidos a los abogados, no puertas adentro. “Acá nadie va a dejar que lo vigilen”, dijo un encumbrado funcionario de Casación a este diario.
En su momento, en medio de la pulseada con Bisordi y las dificultades para el avance de las causas de derechos humanos, el oficialismo impulsó y consiguió aprobar una ley para crear una nueva Cámara de Casación, con diez cargos y competencia en el fuero criminal ordinario, al menos para descomprimir el trabajo (se calcula que los expedientes en el tribunal pasaron de 600 a 7000 por año). Tanto el concurso para esta nueva cámara como para los cuatro cargos en la ya existente están terminados, pero desde el año pasado las ternas están en el Poder Ejecutivo y no hubo nombramientos. Lo único que esto ha logrado es que se perpetúe la vieja cultura de Casación.
Para dar una idea del poder de este tribunal, así como cambió las condenas de Cromañón –por poner un ejemplo fresco– será el encargado de revisar las sentencias contra represores, producto de los históricos juicios que por fin se están realizando. La temática, evidentemente, sigue siendo conflictiva puertas adentro, a tal punto que hace algunas semanas, pese a que cada sala se había comprometido a hacer un informe para la Corte Suprema sobre la situación de las causas de derechos humanos, la jueza Catucci advirtió: “La Sala III no va a informarle nada a la Corte. ¿Por qué debería hacerlo?”. Y no hubo informe.
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