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Cinco policías que la semana pasada habían sido procesados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra fueron pasados a disponibilidad por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Se trata de dos comisarios, dos subcomisarios y un principal de la Policía Federal –un sexto policía, también procesado, ya estaba separado de la fuerza– a los que la jueza Wilma López señala como responsables de haber facilitado con su inacción que la patota de la Unión Ferroviaria atacara a los tercerizados.
Los desplazamientos fueron decididos en el marco de la política del ministerio de no mantener en actividad a aquellos integrantes de la Federal, Gendarmería o Prefectura que resulten procesados por la Justicia. Dos de los agentes pasados a disponibilidad son los que estuvieron a cargo del operativo, el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca. Los otros son el encargado de los móviles de la comisaría 30ª, el subcomisario Rolando César Garay, y los policías que monitorearon el operativo y dieron instrucciones desde la “sala de situación” de la Dirección General de Operaciones, el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, quien operaba la radio, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. El que ya estaba fuera de la Federal es el ex titular del área, el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano.
El asesinato de Ferreyra ocurrió el 20 de octubre pasado, cuando una patota de barrabravas y trabajadores ferroviarios atacó a balazos a un grupo de tercerizados que, acompañados por militantes de izquierda, habían intentando cortar las vías del Roca en protesta por su situación laboral.
Para la jueza, los policías no cumplieron con sus funciones al no evitar la agresión, franquearles el paso a los atacantes, no recoger pruebas luego de ocurrido el ataque, ni preservar la escena del crimen. López les imputó el delito de abandono de persona agravado por las lesiones sufridas por Elsa Rodríguez, que recibió un disparo en la cabeza que la dejó hemipléjica, y por la muerte del militante del Partido Obrero (PO), además de incumplimiento de sus deberes.
Los policías esperarán en libertad el inicio del juicio oral. Los diez detenidos que hay por el caso –entre los que está el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, como instigador del ataque– son ferroviarios y barrabravas reclutados para armar la patota.
Otra novedad de ayer fue que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, que tendrá a su cargo el juicio oral contra los diez acusados, abrió la etapa de pruebas suplementarias. El abogado del barrabrava Cristian Favale, uno de los acusados de haber disparado contra los manifestantes, pidió en este marco que se realice una reconstrucción de los hechos con todos los procesados y testigos. Favale busca así probar lo que considera “incongruencias” en los relatos que sostuvieron su procesamiento. También solicitó una pericia balística sobre el proyectil que hirió a Elsa Rodríguez en la cabeza, dejándola en silla de ruedas.
El abogado de Favale requirió además que fuera llamado a declarar como testigo el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. El argumento es que el intendente fue quien acercó a las autoridades del Ministerio de Justicia al testigo de identidad reservada que señaló a su cliente como sospechoso de haber sido el autor del crimen y, entre otras cosas, de haberse ufanado públicamente de haberlo hecho.
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