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Distintas agrupaciones políticas anticiparon que presentarán un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para dejar sin efecto la resolución del juez Manuel Blanco, quien determinó que la Justicia de la provincia de Buenos Aires no se hará responsable de distribuir las boletas durante las elecciones primarias del 14 de agosto. Aunque todo indica que ese fallo sería revocado por la Cámara, si esto no ocurriera los partidos que no tengan fiscales suficientes para acudir a los 4159 establecimientos habilitados para votar quedarían de hecho afuera de la contienda. La decisión de Blanco afecta principalmente a las agrupaciones menores, tales como el Frente de Izquierda, que sostuvo que esto “profundiza nuestra proscripción”.
El fallo, firmado por este magistrado platense, con competencia federal y electoral, dice que “en relación a las elecciones primarias a realizarse el 14 de agosto de 2011 este juzgado no tomará a su cargo la distribución de boletas de sufragio, resultando la provisión de las mismas a las mesas electorales, y su reposición, exclusiva responsabilidad de las agrupaciones políticas a través de sus respectivos fiscales”. En su resolución, Blanco explicó que la autenticación de las boletas es una tarea que “requiere de un importante incremento de personal y de dedicación horaria extraordinaria”, es decir, que no tiene los recursos para cumplir en tiempo y forma con la distribución, con “los exiguos plazos fijados por la normativa electoral aplicable”. En términos numéricos, el magistrado dijo que “como mínimo habría que realizar todo el proceso de armado y distribución de 31 millones 519 mil boletas”, lo cual calificó de “inmanejable y materialmente imposible”. Blanco adjudicó esta situación a un incremento en la cantidad de listas que se presentan.
Sin embargo, una fuente electoral afirmó a Página/12 que la premisa que sostiene el juez Blanco no es del todo cierta porque, en realidad, “hay menos listas que en elecciones anteriores”. De todos modos, aclaró que, aunque fuesen más “tampoco justifica” la decisión del juez, que “eligió cumplir con una parte de la ley sí y con otra no”. A su criterio, la distribución de las boletas es una obligación legal de la Justicia. De hecho, el magistrado dispuso que para las elecciones del 14 de agosto “no regirá la franquicia prevista en el artículo 66, inciso 5, primera parte, del Código Nacional Electoral”. En este razonamiento, la fuente anticipó que la Cámara podría conceder las apelaciones presentadas por los partidos. Entre las agrupaciones cuyos apoderados anunciaron que apelarán el fallo está la Unión Cívica Radical, el Frente Popular y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El precandidato a gobernador por esa alianza, José Montes, aseguró que “es un fallo escandaloso porque las urnas quedan en manos de los intendentes bonaerenses”. Y agregó que “la mayoría de las fuerzas que participarán no tiene los recursos para asegurar la distribución de las boletas en todas las mesas, por eso decimos que la norma judicial agrava la proscripción que impone el requisito de alcanzar el 1,5 por ciento de los votos para poder participar en las elecciones de octubre”. En ese sentido, el Partido Obrero –que forma parte del Frente de Izquierda– reclamó “la distribución de boletas por parte del Estado en cada mesa de elección”, y también denunció el “carácter proscriptivo de la reforma política y la autorización de colectoras”.
Margarita Stolbizer, candidata a gobernadora del Frente Amplio Progresista, señaló que su agrupación no tendrá dificultad, pero “es una maniobra que deja afuera a muchísima gente”. Por su parte, Carlos Brown, segundo candidato a diputado por el Frente Popular que lidera Eduardo Duhalde, dijo: “Gente tenemos, pero mucha más gente tiene el Estado, esto es en contra de la oposición”.
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