Cuando el número es bajo, no hay juez que pueda mejorarlo, por alta que sea su investidura.” Con esa lapidaria afirmación, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, acaba de dar por tierra con la fraudulenta pretensión de lograr en los tribunales lo que se ha perdido en las urnas. Al concluir que el maestro socialista Alfredo Bravo debe ocupar la tercera banca de senador por la Ciudad de Buenos Aires, marca también el principio del fin para las andanzas del señor Beliz, que con argumentos falaces impidió a la ciudadanía porteña completar la representación que le corresponde, conforme a las elecciones realizadas en octubre de 2001. El contundente dictamen, que abre paso al pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema en torno de esta controversia absurda, desnuda la endeblez de los argumentos sostenidos tanto por el ex niño mimado del menemismo como por los magistrados que fallaron a su favor oportunamente. Así, y tras sostener que “ser electo es una posibilidad sustantiva para cualquiera que aprecie de veras la diferencia entre una cifra más alta que otra”, el procurador concluye: “Quien se ofende judicialmente, una vez precluida la etapa comicial, pareciera desconocer que, en un Estado democrático y en una sociedad abierta, un candidato es un servidor público en expectativa, que debe saber estar atento al número que lo señala a él y a sus competidores”. Puestas las cosas en su lugar, comienza a hacerse justicia. Confiado en los efectos de una inversión multimillonaria, que le permitió desplegar una publicidad inusitada y pagar más de 6500 fiscales, el señor Beliz terminó enemistado con el electorado de la Ciudad, que prefirió a Bravo. Dolido en su vanidad, emprendió entonces una batalla judicial que, detrás de argumentos seudo jurídicos, no hizo sino poner de manifiesto un profundo desprecio por la voluntad popular. Así parece recordárselo el procurador en su alegato: “Cuando el sufragante deposita la papeleta en la urna, sabe que está ejerciendo una porción de la gran soberanía. Pero, por el mismo linaje sencillo de la papeleta –que para el perdedor es un puñal que se clava en las entrañas–, el vencido puede tentarse con dudar de la conclusión del sufragio”. La inveterada tenacidad del diputado Bravo y la eficaz asistencia letrada de Juan María Ramos Padilla han logrado que, finalmente, se haga justicia. Ni los votantes ni él mismo merecían esa afrenta. Pero Alfredo está acostumbrado a luchar en condiciones difíciles. Como aquel otro Alfredo, Palacios, que 40 años atrás había sido el último representante del socialismo en el Senado de la Nación.
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