El país|Martes, 11 de marzo de 2003

Por Victoria Ginzberg

El gobierno de la provincia de Buenos Aires está elaborando una herramienta administrativa para no pasar por otro escándalo por el nombramiento de un policía acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Después de parar la asunción del comisario inspector Jorge Luis Tejerina frente a la Dirección de Antecedentes, el ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero se prepara para establecer un mecanismo de consulta formal con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, algo parecido a lo que ocurre a nivel nacional con los ascensos de las Fuerzas Armadas. “Hay que respetar que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y debido a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no se puede comprobar eso, por ahora, judicialmente. Pero es cierto que a nivel administrativo no se necesita el mismo nivel de comprobación que en un juicio penal. Es en definitiva una decisión política”, reconoció un funcionario.
Hasta ahora, la provincia de Buenos Aires no cuenta con una herramienta legal o administrativa que impida formalmente la promoción de policías que participaron de la represión ilegal. Sin embargo, existe una ley provincial que establece que los vigiladores privados o los dueños de agencias de seguridad no pueden haber sido beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final o los indultos. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Jorge Taiana, está examinando los antecedentes de miles de personas que se postulan para ser cuasi policías en agencias particulares, pero no los de los oficiales que representan al Estado. Para salvar esta paradoja, el ministro Cafiero planea dar, de ahora en más, intervención a la oficina dirigida por Taiana antes de promover a los efectivos de la bonaerense.
La permanencia de los efectivos y las prácticas del pasado en las fuerzas de seguridad es una consecuencia más de la impunidad. Los funcionarios que están armando el proyecto evalúan qué condiciones establecer para impedir que un torturador sea premiado y salvar el hecho de que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impidieron que los reales antecedentes de estos personajes consten en sus legajos. Existen ciertas particularidades que los funcionarios de la provincia están teniendo en cuenta. Por ejemplo, la ley que regula los sumarios internos de la Bonaerense es de 1980, cuando todavía comandaba la fuerza el represor (Ramón) Camps y cuando por matar o torturar no se recibía un castigo sino una condecoración. En 1999, como parte de la reforma de la “maldita policía”, se creó una auditoría de asuntos internos y se establecieron nuevos criterios como causales de exoneración, pero como el efecto de la ley no es retroactivo, los delitos de la última dictadura se siguen evaluando con el viejo reglamento.
Por otro lado, hay algunos represores cuyos nombres eran desconocidos hace cinco años, cuando comenzó el Juicio por la Verdad. Este proceso –que no tiene efectos penales pero condujo a varias denuncias en las que se pide la anulación de las leyes que impidieron juzgar a militares y policías– sacó a la luz la identidad de ciertos policías, algunos de los cuales ya fueron pasados a disponibilidad. Tal es el caso de Miguel Angel Ferreyro, quien, cuando fue a declarar en el juicio era empleado en el Ministerio de Seguridad y mientras estaba en el banquillo fue reconocido por una de sus víctimas como un guardia que la sometió a “ultrajes contra el pudor”.
El martes pasado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata denunció que el futuro jefe de la Dirección de Antecedentes de la bonaerense había sido un soldado a las órdenes de Camps durante la última dictadura. El repudio que generó este nombramiento hizo que se paralizara la asunción pero también generó una polémica entre los funcionariosprovinciales y el organismo de derechos humanos. El gobernador Felipe Solá acusó a la APDH La Plata de buscar prensa y se quejó porque, según dijo, la información fue difundida en los medios y no se la habían acercado al Ministerio de Seguridad. Pero el titular de la cartera tenía los datos, se los habían entregado en julio del año pasado. Marta Vedio, secretaria jurídica de la APDH La Plata, aseguró que es real que existe “una dificultad importante” en identificar a los represores debido a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “que hicieron que, entre otras cosas, la información sobre represores quedara desperdigada por distintos juzgados, aunque los organismos tienen muchos registros exhaustivos”. Vedio reconoció que “no hay registros centralizados” pero afirmó que “en el caso particular de Tejerina el ministro no se puede escudar en eso, porque tenía la información”.
El nombre de Tejerina surgió a partir de un trabajo de recopilación de datos sobre la comisaría quinta de La Plata que hizo la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Con ese material, se comenzó a indagar sobre el centro clandestino de detención en el Juicio por la Verdad. En julio del año pasado, la APDH La Plata entregó los datos al Ministerio de Seguridad y en diciembre el fiscal Félix Crous pidió que Tejerina y otros 62 represores sean arrestados y juzgados. Lo cierto es que, pese a todo, Tejerina fue elegido para ocuparse de la Dirección de Antecedentes y podría haber sido designado si los organismos de derechos humanos no lo advertían públicamente. Varios funcionarios que conocen y aprecian a Cafiero aseguraron que “se trató de un error”. Sin embargo, la promoción de un torturador no puede depender de la buena o mala voluntad de un ministro. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó hace tiempo al Estado que remueva de sus puestos a los funcionarios comprometidos con la represión ilegal. Esta exhortación suele sólo cumplirse si antes hay denuncias de los organismos de derechos humanos y aún así, no siempre que esto ocurre.
En 1996 varios ex detenidos reconocieron en el entonces jefe del Centro de Atención a la Víctima de la Policía Federal, Ricardo Scifo Módica, al torturador que actuó en los centros clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo bajo al alias de “Alacrán”. El ex jefe de la Policía Federal, Adrián Pelacchi, lo defendió. Dijo que había cumplido con sus obligaciones profesionales en una época difícil y el ex ministro de Interior, Carlos Corach, culpó a las víctimas. “Esto se les pasó por alto a los denunciantes porque el señor comisario denunciado está al frente de ese centro desde el 1º de diciembre de 1991”, dijo. Los ex detenidos, que habían encontrado al torturador en una foto de un diario, respondieron a Corach que no era su responsabilidad ocuparse de que los represores no ocuparan cargos públicos y que, además, no podían estar husmeando en cada oficina del Estado para comprobar si se topaban con alguien que los había maltratado durante su cautiverio. Ni Corach, ni el ex presidente Carlos Menem se hicieron cargo de que esa era su función. Se limitaron a trasladar a Scifo Módica a un destino donde pasara más inadvertido. El Senado, que escuchó confesar a los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón que habían torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada, pide regularmente los antecedentes de los miembros de las Fuerzas Armadas propuestos para ascender, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a organismos de derechos humanos, aunque el conocimiento de los hechos no siempre es motivo para que se le niegue el premio. En marzo de 2000 seis militares cuestionados fueron ascendidos y el propio jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, está imputado en el Chaco en la causa por la Masacre de Margarita Belén, en la que la semana pasada el juez Carlos Skidelsky declaró inválidas e inconstitucionales las leyes que le impedían avanzar en la sanción de los responsables. La policía sigue sin control. Sólo si Cafiero implementa un mecanismo real de evaluación y sanción apartir de los antecedentes, se acotarían las chances de los represores de la última dictadura –que aún están en actividad– de hacer carrera en la bonaerense.

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