La Corte Suprema congeló por unos días sus discusiones sobre un posible fallo redolarizador que tendría alcance específico para los ahorristas. El tema quedaría en suspenso hasta que vuelva de viaje, la semana próxima, el ministro Eduardo Moliné O’Connor. Pero esa causa no es la única de alto voltaje político que los supremos tienen en la manga, lista para ser usada como arma de negociación ante un enigmático escenario político que podría influir en el futuro de cualquier de ellos. La polémica por la postulación a gobernador de Catamarca de Luis Barrionuevo –amparado por el presidente Eduardo Duhalde– y la pelea entre Alfredo Bravo y Gustavo Beliz por una banca en el Senado no estarían lejos de una definición. El equipo de Julio Nazareno, cabeza del tribunal, avanza en un proyecto que pretendería ratificar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales analizara ayer la expulsión de Barrionuevo del Senado, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, firmaba un dictamen que en caso de ser refrendado por la Corte, como todo indica que ocurrirá, pondría fin a la carrera electoral del dirigente gastronómico. En la reunión de ministros de ayer no se analizó el tema porque el dictamen llegó cuando ya había terminado.
El alto tribunal ya falló dos veces contra las peticiones de Barrionuevo, con la disidencia de Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda –dos jueces acólitos del Gobierno–, pero tiene pendiente pronunciarse en un conflicto de competencia entre tribunales catamarqueños. Allí, la Justicia Electoral inhabilitó al senador, mientras que el juez federal Pedro Navarro admitió una medida cautelar que presentó para poder competir. Becerra sostiene que no corresponde la intervención de la Justicia Federal, pero que de todos modos los cortesanos ya dieron una definición cuando el 18 de febrero se declararon incompetentes.
El capítulo sobre la redolarización de los depósitos del común de los ahorristas –que se definiría en la causa iniciada por Mirta Beratz–
sigue latente en la Corte, aunque ya el día posterior al fallo a favor de San Luis los ministros Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt lograron instalar el tema entre sus pares. El trío –que en el tribunal encarna la postura más intransigente contra la pesificación– impulsa como fecha tope para una definición el 24 de marzo, pero no hay certezas de que lo logren. Maqueda, señalan como ejemplo en el tribunal, ni siquiera vio el expediente y si quiere puede pedir tiempo extra para analizarlo, como ya hizo para dilatar el caso puntano. El próximo acuerdo sería el jueves de la semana próxima, con Moliné de regreso.
Entre otros empujoncitos que viene aportando Becerra, la semana pasada recomendó a la Corte que el socialista Alfredo Bravo, ahora postulado para presidente, debería quedarse con la banca de senador por la Ciudad de Buenos Aires que disputa con Gustavo Beliz, que se recicla como candidato a jefe de gobierno porteño por Nueva Dirigencia. El tema llegó al máximo tribunal apelado por Bravo luego de que la Cámara Electoral fallara a favor de Beliz. Pero el tema no será resuelto por el elenco estable de supremos –que se excusaron porque Bravo fue uno de los promotores del juicio político en su contra– sino por un equipo de conjueces ya designados que podrían resolver pronto. El procurador cuestionó duramente a la Cámara diciendo que “en él se hizo una interpretación irrazonable que pone en juego los resultados y autenticidad de la elección en menoscabo de las reglas electorales fijadas y de los principios de representación democrática, soberanía popular y autenticidad del voto de la ciudadanía.
Mientras tanto, en una de las secretarías de Nazareno avanza un proyecto que apuntaría a ratificar la validez constitucional de las leyes que amnistiaron a los militares. Pero un sector del tribunal plantea postergar una resolución. “¿De qué nos sirve sacar esto antes de las elecciones y sumarnos un escándalo más?”, razonan, palabras más palabras menos, varios ministros.
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