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El país|Lunes, 11 de febrero de 2002

Nombres y condiciones para una Corte "transparente"

Página/12 consultó a juristas y políticos sobre qué condiciones tendría que cumplir una nueva Corte Suprema y a nombrar sus candidatos. Un debate sobre cómo hay que elegirla.

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Una gran coincidencia fue que los Supremos no tienen que ser “pollos” de un partido o líder.
En general se esperan buenos antecedentes, honestidad y una cierta educación política.
“Respeto por los derechos humanos”, “compromiso democrático”, “honestidad,” “transparencia” son las frases que más sonaron para definir los requisitos fundamentales de los futuros jueces de la Corte Suprema. Si bien hubo reticencia en arriesgar nombres, los consultados se animaron a describir perfiles y a recalcar que el cambio también debe darse en el procedimiento de selección. Las mujeres y los profesionales jóvenes fueron los beneficiados en este debate que recién empieza.
El decano de la Facultad de Derecho de la UBA Andrés D’Alessio se animó a recomendar a Berta Kaller de Orchansky, presidente del tribunal superior de Córdoba. D’Alessio destacó que es necesario hacer “un identikit de las condiciones” de los futuros miembros. El abogado fue cauteloso y aclaró que “si se llegaran a producir las vacantes, haría falta gente con prestigio, no sólo como abogado, sino que no tenga cuestionamientos por la opinión publica. Como funcionario y abogado, debería tener experiencia en el tribunal”. D’Alessio agregó que “es necesario que sea gente que sepa trabajar en equipo, que no se tiente con el poder que le da ser miembro de la Corte, y que esté dispuesta a trabajar muchas horas”.
Es que para el jurista “la mala imagen de unos cuantos de los actuales miembros está fundada en la falta de pudor”. El decano también recomendó un cambio de fondo en el método de trabajo de la Corte. “Antes yo pensaba que era un disparate imitar a la Corte de Estados Unidos, que selecciona los casos según su interés”, explicó. “Suena feísimo, pero hice el cálculo y en 1980 cada expediente recibía 13 minutos de atención de los miembros. Si bien en el año ‘90 salió la ley que aumentó el número de miembros, en la actualidad el tiempo dedicado a cada expediente debe ser der cinco minutos. Así no se puede trabajar seriamente.”
El diputado salteño justicialista Juan Manuel Urtubey, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que “es imprudente hablar ahora”, pero dijo que le gustaría que “a la hora de seleccionar un juez de esa jerarquía, se tome en cuenta que la Argentina tiene 24 provincias y que la elección no se debe limitar cuatro profesionales reconocidos de la Capital. Hay un organismo que agrupa todas las Cortes provinciales y de allí pueden surgir los nombres”. Urtubey piensa que además de rescatar “gente prestigiosa del ámbito académico, hay que tener en cuenta que una generación que fracasó en la construcción de la Argentina no la puede cambiar. La representación no debe estar vinculada a viejos vicios de propuesta por partido, los nuevos jueces no deben provenir de la política, tendrían que ser elegidos por su desempeño en la profesión”.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, no quiso dar nombres: “Es riesgoso, pero puedo dar perfiles. La Corte es un órgano político, es un poder del Estado; sus miembros deben ser políticamente viables”. A su vez, esta abogada destacó con énfasis que los nuevos jueces supremos deberían ser “democráticos y sumamente respetuosos de la Justicia, además deben tener un interés por los más vulnerables”.
Oliveira subrayó un detalle. “Sería bueno que hubiera mujeres. También debe haber defensores del derecho internacional y de los derechos humanos que deben ser respetados, no sólo la vida y la libertad, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Deberían ser gente muy joven, por lo menos para la media de la Corte actual, que parece ser el paso previo a la Recoleta. Los jóvenes pueden aportar otra visión de la política. El tribunal debe ser político y jurídico, la política no es mala palabra. Mala palabra es `sinvergüenza’, que es lo que son los jueces de la Corte ahora.”
Marcela Rodríguez, diputada del ARI, coincidió. “Debe garantizarse la protección a los derechos humanos”, declaró, y añadió que “ya es hora de que comiencen a participar mujeres para incorporar nuevas perspectivas”. La legisladora, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró que “los futuros supremos deben ser personas que en un momento de crisis de legitimidad como el que estamos viviendo tengan solvencia moral y sean miembros de una Justicia independiente. Hay que pensar en unperfil calificado y a la vez honesto”. Además, hay que garantizar que los jueces no sean adictos a un gobierno o partido “porque ya vimos cuáles fueron los resultados. No se deben tolerar más las audiencias de 10 minutos para elegirlos. Se debe tomar en cuenta la opinión de académicos y profesionales. El procedimiento debe ser público para que se puedan analizar los antecedentes. Si la elección responde a equilibrar los intereses de distintos partidos, se va por mal camino. Los candidatos pueden pertenecer a un partido político pero no deben estar ligados a los intereses de un gobierno particular”.
El constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con Rodríguez en que “lo que interesa es el procedimiento que se utilice” y destacó el proyecto de selección propuesto por el CELS, la Fundación de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Poder Ciudadano, junto con las organizaciones no gubernamentales. Sabsay subrayó que “sería importante que se dé información a la gente sobre los pliegos de los designados, que son como los currículos, y que en el Senado se hagan audiencias públicas en las cuales haya participación y se generen interrogatorios para brindar control y legitimidad”.
Otra de propuesta de Sabsay es que “se tome en cuenta la nómina de candidatos de las asociaciones y la sociedad civil”. El perfil debe ser de un claro compromiso con la democracia pero sin ser un cuadro partidario”. Un futuro juez superior “debe ser de una formación profesional sólida y de antecedentes personales honestos e indiscutibles”. Sus postulantes también resultaron ser mujeres: Aída Kemelmajer de Carlucci, miembro del tribunal de Mendoza, y Graciela Reiriz, fiscal adjunta del mismo tribunal.
Uno de los que tiene la suerte de compartir el podio de los recomendados fue Atilio Alterini, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El que lanzó su candidatura fue Eduardo Orio, presidente de la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados del Consejo de la Magistratura. Orio destacó que “para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia es requisito ser ejemplo de los demás jueces inferiores. Se debe tener idoneidad técnica y moral. Debe tener fortaleza de carácter para evitar las presiones y la independencia de criterio para tomar las resoluciones. Yo propongo a Atilio Alterini porque es un brillante jurista, destacado académico, abogado en ejercicio activo de la profesión”. Alterini es el futuro decano de la Facultad de Derecho de la UBA: en marzo reemplazará a D’Alessio.
Daniel Basile, diputado bonaerense del PJ y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, recomendó a Enrique Manchini, presidente de la Cámara de Casación de La Plata, porque “tiene mucha capacidad, es honorable y honesto”.
Hubo quienes se rehusaron a proponer nombres para un nuevo tribunal. El constitucionalista Gregorio Vadeni consideró que “los cargos de la Corte están cubiertos, hablar de nombres sería una falta de respeto a los miembros actuales y a aquellos a quien propusiera”. Agregó que a partir del ‘99, el perfil de la Corte le parece “óptimo porque no está vinculado políticamente ni a Alfonsín ni a Menem” y agregó que “el perfil ideal del tribunal sería que no estuviera vinculado con ningún titular del Poder Ejecutivo nacional”. Leopoldo Schiffrin, miembro de la Cámara Federal de La Plata, coincidió en no proponer nombres porque “supone que la Corte tendría que irse y el tema es delicado porque se agarraron con la Corte por un fallo que es bastante acertado. Un juez de Cámara no puede hacer este juicio”.
Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia de Fernando de la Rúa, tampoco consideró pertinente hacer una postulación. “Voy a opinar cuando se produzca una vacante, primero se debe atravesar el proceso de juicio político”, afirmó, y agregó que “es ridículo tirar nombres ahora, voy a opinar cuando llegue el momento. Primero hay que discutir los criterios de selección, y a partir de allí hacer la selección según su perfil ocaracterísticas. No es serio hacerlo en este momento. Tirar nombres al voleo es hacer lo que todos critican y alimentar la misma calesita”.

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