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Un abogado que fue funcionario del gobierno de Antonio Domingo Bussi durante el terrorismo de Estado, asesor del bussismo en la Legislatura tucumana y defensor del represor Mario “Malevo” Ferreyra está en la recta final para ser nombrado titular del Juzgado Federal 2 de Jujuy. Se llama Juan Carlos Nacul y, pese a que desentona con el perfil de la mayoría de los 92 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, su pliego llegó hasta el Senado. Las impugnaciones presentadas por Hijos Juju y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de esa provincia apuestan a detener el nombramiento. También fueron cuestionados otros nueve postulantes, desde una secretaria investigada porque habría sacado dinero del país sin declarar hasta un abogado que no integraba la terna original pero apareció candidateado.
A todos los aspirantes les toca desfilar esta semana por el Senado, donde tienen la audiencia pública en la que los legisladores les hacen preguntas, incluso sobre las objeciones recibidas. La lista de posibles jueces, camaristas, fiscales y defensores que mandó Cristina Kirchner a la Cámara alta en julio está compuesta por una gran mayoría de hombres y mujeres jóvenes (entre 40 y 45 años), muchos con carrera judicial y/o nutrida trayectoria en derechos humanos, además de actividad académica. Esto volvió más llamativa la presencia de ciertos nombres entre los elegidos, en especial el de Nacul.
La agrupación Hijos de Jujuy expresó “profunda preocupación ante la posible designación” de Nacul y alertó sobre sus “peligrosos antecedentes profesionales”. El texto presentado en la Comisión de Acuerdos, que preside el kirchnerista Marcelo Guinle, recuerda que Nacul fue funcionario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán durante la última dictadura, con Bussi en el poder; asesor del bussismo en la Legislatura tucumana en el bloque de Fuerza Republicana (entre 1996 y 1999); y abogado defensor del Malevo Ferreyra, quien participó en el Operativo Independencia y fue implicado por las víctimas “como responsable de secuestros y desaparición de personas”.
El problema no sería estrictamente haber defendido al ex policía, sino que oficiaba como su vocero y le dio trabajo en su estudio para que cumpliera con el régimen de salidas laborales después de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de tres personas en 1991, cuando comandaba la Brigada de Investigaciones de Tucumán. Tras la sentencia, Ferreyra se fugó y estuvo 79 días en el monte. Fue detenido, pero –gestiones de Nacul mediante– Bussi le redujo la condena y en 1998 recuperó la libertad. El Malevo se suicidó en 2008 frente a las cámaras de TV cuando estaba cercado por causas por violaciones a los derechos humanos. La impugnación de Hijos advierte que el abogado habría intentado cambiar su imagen en los últimos años al mostrarse “misteriosamente” cercano a “políticas de derechos humanos”. Lo cuestionan “éticamente”, igual que Madres y Familiares de Desaparecidos, cuyo reclamo sostiene que “su presunta vinculación con los genocidas (...) no nos garantiza juicios justos”.
Nacul participó de veinte concursos, pero no había llegado tan lejos. Tiene audiencia pública en el Senado este viernes. Hasta ayer habían pasado 50 postulantes, en su mayoría con hinchada de parientes y amigos. Según fuentes parlamentarias, existen altas chances de que todos –excepto los impugnados– sean aprobados hoy mismo sobre tablas, según acordaron el radicalismo y el Frente para la Victoria (ver aparte). Hay que ver qué hace el Interbloque Federal.
Uno de los impugnados que ya tuvo la audiencia es el abogado Alberto Recondo, postulado para un juzgado federal civil de La Plata, cuestionado por organizaciones como Poder Ciudadano y el Observatorio de la Justicia Argentina y por la concursante con mayor puntaje, Adriana Delucchi. El intríngulis viene de 2009, cuando Recondo –que no integraba la terna sino una lista complementaria– saltó a ser propuesto por el Ejecutivo en reemplazo de Gabriel Cayssials, quien participaba en otros concursos y fue asignado a un juzgado de Capital. El propio Senado le devolvió la carpeta de Recondo al Gobierno, ya que para mandarla no había esperado a que Cayssials fuera aprobado. Los denunciantes dicen que debió haber hecho un expediente interno, que no se hizo. El abogado, sin carrera tribunalicia, sugirió que lo ataca la corporación judicial.
Otro de los “observados” fue Edgardo López Herrera, con chances de ser juez federal en Salta. Lo denunció la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, porque proviene del derecho privado y dudan de que encare las causas pendientes contra represores, a lo que se suma que le espera un juzgado con 16 mil expedientes en trámite, 11 mil de ellos provisionales. El Colegio de Abogados de la calle Montevideo (que apoyó los golpes de Estado) cuestionó que Ana María Figueroa integre la Cámara de Casación Penal, porque no es penalista. Ella les dijo ayer a los senadores que sus grandes temas son el derecho internacional de derechos humanos y el derecho constitucional y que no se puede entender al derecho penal fuera de ese sistema. Hasta el radical Gerardo Morales le anunció que tendría su apoyo.
Entre las demás impugnaciones, varias son porque el candidato no vive donde actuaría. Pero otra polémica es la de Karina Zucconi, secretaria de un tribunal oral, denunciada por el fiscal Sandro Abraldes ante la Justicia Federal porque habría sacado 400 mil dólares sin declarar a una cuenta en el exterior. La denunció Domingo Montanaro, concursante crónico que saca notas altas pero lo rechazan por posturas contrarias a los derechos humanos.
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