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La cúpula radical deberá pasar por Tribunales, esta vez no será para hacer una denuncia sino para dar explicaciones ante la Justicia. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría citó a declarar al titular del partido, Ernesto Sanz; al vice, Angel Rozas, y a los titulares de las bancadas legislativas, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, por un planteo de un grupo de convencionales nacionales que reclaman la realización de la Convención Nacional. La UCR tiene pendiente la reunión anual de su máximo órgano partidario, que había sido convocado para el 29 y 30 de julio y suspendido sin nueva fecha.
En un trámite irregular que tenía como objetivo sortear los inconvenientes internos, la cúpula radical le pidió expresamente a la mesa directiva de la Convención que delegara en ellos la definición de la política de alianzas, que cambió el Acuerdo Cívico y Social con la Coalición Cívica, el GEN y el Partido Socialista de 2009, por la Udeso con el Partido Federal. Además, también solicitó la delegación del programa de gobierno, otra facultad que la Carta Orgánica partidaria prevé para la Convención Nacional. Por entonces persistía un profundo malestar con la plana mayor de la UCR por el acuerdo con Francisco de Narváez.
La jueza también solicitó distinta documentación. Al apoderado del partido le reclamó “el libro de actas donde se encuentre inserta el acta mediante la cual se habría dispuesto la suspensión” de la Convención. Además, pidió copia de la Carta Orgánica y copias certificadas de las actas de la Mesa directiva de la Convención y del Comité, mediante las cuales se adoptó la decisión de conformar la alianza electoral” denominada “Unión para el Desarrollo Social”.
La cúpula radical tomó esas decisiones ad referéndum de la Convención, es decir que deberían ser ratificadas por la asamblea de convencionales. Cuando convocó a la Convención cobró los 200 mil pesos que le pidió al Ministerio del Interior, pero todavía no los devolvió, a pesar de haberla suspendido.
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