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El fiscal federal Jorge Di Lello no encontró entre la documentación entregada por Sergio Schoklender facturas ni otra clase de pruebas que acrediten que la Fundación Madres de Plaza de Mayo financió gastos de campaña del kirchnerismo, como la impresión de afiches, ni con dinero propio ni con fondos públicos. Por eso, según trascendió ayer en tribunales, firmó a última hora un dictamen en el que señala que por el momento no cuenta con elementos para hablar de sospechas sobre algún delito electoral o desvío de dinero en ese sentido y le pidió al juez Norberto Oyarbide una serie de medidas para despejar las dudas sobre si existió financiamiento político para ciertos candidatos y si se utilizaron fondos estatales.
La semana pasada el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo presentó un escrito que terminó en el escritorio de Di Lello en el que denunciaba varias cuestiones, entre ellas las supuestas cuentas de las Madres en el exterior (Asturias, Canarias, Italia y Francia) y decía que la entidad había financiado gastos de campaña, pagando afiches y consultoras, del subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala; el ministro de Economía, Amado Boudou; y la presidenta Cristina Kirchner. Señalaba que para ellos la fundación había desembolsado 1.500.000 pesos. Schoklender dijo que había entregado al juzgado documentación que permitía acreditarlo, y que el juez la tenía guardada en su caja fuerte. Desde Madres negaron todo y aclararon que tuvieron una cuenta en la Caja de Asturias que fue cerrada.
Por la denuncia sobre financiamiento electoral, el abogado Ricardo Monner Sans se presentó en la fiscalía y reclamó que se investigara. Así fue que Di Lello le pidió a Oyarbide la documentación entregada por el mayor de los Schoklender y se encontró con gran cantidad de material impreso en la imprenta de las Madres, pero todo indica que ninguno correspondía a la campaña. ¿Qué había? Afiches, fotos, tarjetas, tapas de libros y panfletos –entre otras cosas– con fechas que van desde 2009 hasta febrero de 2011 y que sí incluían a Fatala, Boudou y la Presidenta. Pero según el dictamen de Di Lello, nada de eso está comprendido en el período de campaña, que se cuenta desde los sesenta días previos a la elección. Por otro lado, en los papeles puede leerse que en la mayoría de los casos se difunden charlas, encuentros, debates –desde ecología y economía y vida sana hasta fútbol para todos– y un libro de la gestión de Fatala en la ciudad.
Entre el material que dejó Schoklender la fiscalía no encontró facturas: sólo fotocopias de remitos, con la firma del motoquero o fletero que hizo la entrega, pero ningún dato o membrete que consigne la imprenta ni el monto pagado. Se consignan hasta diez mil afiches, por ejemplo, pero no hay otros datos. También entregó una carpeta con órdenes de trabajo, pero que tampoco tienen membrete. El único papel donde figuran montos es una planilla de Excel con un listado de trabajos de impresión y lo que supuestamente se pagó, que en este listado suma algo más de 400 mil pesos. Por todo esto, Di Lello, le pidió a Oyarbide una serie de medidas para determinar si efectivamente hubo aportes para gastos de campaña y si se utilizaron fondos destinados a la construcción de viviendas sociales u otros. También pedirá la versión taquigráfica de la presentación de Schoklender en el Congreso y la documentación que dejó.
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