La disputa entre Alfredo Bravo y Beliz por la senaduría de Capital debe ser resuelta por conjueces. El dictamen fiscal favorece al socialista. Puede haber sentencia en igual sentido.
Por Irina Hauser
Bravo viene batallando por la banca desde octubre de 2001.
Después de más de un año de idas y vueltas, la disputa entre Alfredo Bravo y Gustavo Beliz por una banca en el Senado está cerca de un desenlace. Si nada altera la agenda judicial, la Corte Suprema –integrada para este caso por ocho conjueces, que son camaristas de todo el país– se reunirá hoy para tratar el tema. Según rumores que se oían ayer en el Palacio de Justicia, la mayoría de los magistrados estaría dispuesta a seguir la línea del dictamen del procurador general Nicolás Becerra, que le dio la razón al socialista.
Cuando en diciembre de 2001 se produjo el recambio legislativo, la banca correspondiente al tercer senador por la Ciudad de Buenos Aires quedó vacía y nunca la ocupó nadie. Todavía Bravo y Beliz se pelean por ella. Aunque en las elecciones del 14 de octubre de aquel año el socialista había ganado por 2.511 votos, el ex ministro del Interior menemista cuestionó los comicios. Argumentó que Bravo lo había superado al presentarse a través de dos listas separadas –el ARI y el partido Nuevo Espacio, de Juan Carlos Dante Gullo– sin haber formalizado una alianza e inició acciones judiciales.
La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría le dio la razón a Bravo, pero después la Cámara Electoral hizo lo contrario. Los tres camaristas señalaron por unanimidad que la Constitución Nacional en su artículo 54 considera ganador al partido que obtuvo mayor cantidad de votos más no al candidato. El socialista cuestionó esa decisión, denunció a los jueces del tribunal de alzada y se presentó ante la Corte representado por el abogado y ex juez Juan Ramos Padilla. Pero los supremos terminaron excusándose, ya que Bravo era por entonces uno de los principales impulsores del juicio político en su contra.
Hace dos semanas Becerra sugirió a los jueces suplentes que deberían fallar a favor de Bravo quien, interpretó el procurador, tenía habilitación judicial para postularse a través de dos listas distintas con posibilidades de sumar los votos. Cualquier objeción, sostuvo en el dictamen, debió haber sido planteada antes de los comicios. El texto –que no es vinculante– incluyó duras críticas a la resolución de la Cámara. “El derecho al sufragio es demasiado importante como para generar su desprotección por medio de una inapropiada interpretación de la manifestación de la voluntad de los ciudadanos que se traduce en una violación a la garantía de la veracidad del sufragio”, señaló Becerra.
Ahora la última palabra la tienen los conjueces que integran transitoriamente, y exclusivamente para este caso, la Corte Suprema. En este caso son: Guillermo Pablo Galli, Eduardo Javier Vocos Conesa, Juan Carlos Poclava Lafuente, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Antonio Pacilio, Mirta Delia Tyden de Skanata, Ricardo Emilio Planes y Enrique Ulises García Vitor. La novena era la fallecida Luisa Riva Aramayo.
La reunión de los jueces transitorios prevista para hoy –según informaron a este diario allegados al tribunal– sería la primera que mantienen, lo que no implica necesariamente que tomen una decisión de inmediato. Si Bravo resulta favorecido –como se rumoreaba ayer en tribunales– jurará como senador con mandato hasta diciembre de 2007. El asiento que ocupa actualmente en la Cámara de Diputados sería heredado por María José Lubertino.
Imprimir|Regresar a la nota
