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El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero fue detenido ayer, acusado de conformar una “asociación ilícita” para quemar once vagones y atacar tres estaciones de la línea Sarmiento en mayo pasado. Lo mismo ocurrió con Leonardo Portorreal, un ex boletero, y otras tres personas. La decisión judicial fue repudiada mediante un paro de quienes integran la lista Bordó, que encabeza Sobrero en la Unión Ferroviaria. Los manifestantes se mantuvieron al costado de la vía, cerca de los talleres de la estación Castelar, y el servicio operó con demoras durante todo el día. La causa está bajo secreto de sumario y suma siete detenidos. Según fuentes judiciales, la empresa TBA, concesionaria de la línea, señaló que el Pollo impulsó el ataque para que incorporen a planta a empleados tercerizados.
Sobrero y Portorreal fueron arrestados por orden de Mariano Amaduri, quien subroga a Juan Manuel Yalj, titular del Juzgado Federal Nº2 en lo Criminal y Correccional de San Martín. Además de la asociación ilícita, según trascendió, se le imputa en el marco de la causa 5422 el “estrago doloso”, es decir, un delito cometido contra varias personas de manera intencional, con penas de prisión de entre ocho y veinte años. Los allegados a Sobrero negaron cualquier relación entre ambos y los otros tres detenidos: Rodrigo Hernán Peláez y los hermanos Fernando y Guillermo Díaz.
Estos últimos habrían sido individualizados por los investigadores a partir de los videos de seguridad en las inmediaciones de alguna de las estaciones atacadas. ¿Y qué pruebas pesan contra Sobrero y Portorreal? Durante la jornada se mencionaron escuchas telefónicas que los involucran, sobre todo al Pollo. En diálogo con Página/12, los abogados de este dirigente, Juan Carlos Giordano y Omar Dub, aseguraron que una de las dos personas detenidas en junio por este caso fue presionada para ampliar su declaración y decir que el Pollo le pagó 400 pesos para incendiar vagones.
“Fue todo imprevisto. A Sobrero no lo habían imputado antes, ni citado. Un secretario del juez nos dijo que estaba incomunicado hasta el lunes y recién ese día vamos a poder acceder a la causa”, comentó Giordano. Instalado en las vías, un compañero del Pollo, Edgardo Reynoso, cargó contra “las patronales” y “la burocracia sindical”. Mencionó al detenido por el caso Ferreyra José Pedraza, el gobierno bonaerense y distintas carteras del gobierno nacional, a saber: el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Transporte y la Jefatura de Gabinete. La madre de Portorreal agregó: “Se lo llevaron como a un reo, como a un Jesús”.
Los incidentes por los que se investiga a los siete detenidos ocurrieron el 2 de mayo pasado. Ese día, a las 6.30, un tren descarriló en Flores y como a esa altura sólo hay dos vías, el servicio se limitó de Moreno a Liniers. El atraso motivó la bronca de los usuarios y hubo actos de vandalismo, saqueos a boleterías y una serie de destrozos en las estaciones Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela y Liniers. Además, fueron incendiados catorce vagones de la línea Sarmiento. Los destrozos costaron 45 millones de pesos al Estado, informó luego el gobierno nacional.
“La empresa TBA radicó una denuncia en Capital Federal. El Juzgado Federal Nº 2 de Morón y el 2 de San Martín iniciaron actuaciones de oficio. La cantidad de juzgados es porque los incidentes fueron en varias jurisdicciones”, explicó una fuente de la Secretaría de Transporte nacional. La hipótesis del sabotaje fue esbozada por TBA y el Gobierno el mismo día del incidente, porque en un peritaje sobre las vías donde descarriló el tren se descubrió que habían sido retirados cuatro bulones y en el lugar se encontró un lubricante para aflojarlos.
A principios de julio, el juez Yalj hizo detener a Damián Martínez y Allan Darío Skrobacki y los acusó de “estrago doloso, interrupción de las comunicaciones por tierra y asociación ilícita”. Ambos fueron procesados y están con prisión preventiva. Por entonces, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que los incidentes fueron cuidadosamente planeados. “Esto fue un atentado contra los usuarios y contra el Estado”, dijo Schiavi.
En esa conferencia también se mencionó que los peritajes químicos señalaban que para incendiar las formaciones se utilizaron hidrocarburos, nafta o kerosene. “No puede explicarse en qué forma fue que se encontraron los hidrocarburos en el lugar, dejando solamente latente la posibilidad de que aquéllos fueran estratégicamente colocados”, concluyó el juez entonces. En este sentido, trascendió que un testigo de identidad reservada habría dicho que hinchas de All Boys pasaron la noche anterior a los incidentes cerca de una de las estaciones en un micro escolar y participaron luego del incendio de los vagones.
Según fuentes judiciales, los directivos de TBA declararon que los incidentes tenían una razón puntual: presionar a la empresa para que incorpore empleados tercerizados elegidos por Sobrero, quien pensaba utilizar esto con fines electorales. El juez Yalj, con licencia médica, se limitó a confirmar las detenciones, las acusaciones y luego advirtió que aún quedaban más personas por ser arrestadas. “Es una investigación que nos llevó mucho tiempo atar todos los cabos”, aseguró.
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