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El secretario de Derechos Humanos de la CGT y titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y el presidente del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, Carlos Rozanski, continuaron sacándose chispas alrededor de una situación que lo tiene a Rozanski como presunto “acosador laboral” y a Piumato como el supuesto líder de una operación de “desgaste y persecución” del magistrado. “Hace tres años que venimos intentando que cese su acción persecutoria sobre los empleados del tribunal”, exigió el sindicalista. Para el juez que preside el juicio contra 26 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en seis centros clandestinos de detención del conocido “circuito Camps”, se trata de “una campaña turbia construida por Piumato”. Ayer, un grupo de empleados del TOF1 aseguraron en una conferencia de prensa que el clima de trabajo es “cordial”.
“El 5 de mayo denunciamos ante el Consejo de la Magistratura la situación de violencia laboral, persecución y violación a los derechos humanos que Rozanski aplicó sobre once empleados, pero hace tres años que venimos intentando que cese”, remarcó Piumato ante Página/12, además de ratificar que acudirá a la Corte Suprema para “pedir que saque a los trabajadores que denunciaron de ese tribunal y los reubique en otra dependencia, por lo menos provisoriamente hasta que se resuelva la denuncia”, una acción que informó en rueda de prensa junto a Juan Olivito, Francisco Martínez y Julio Díaz, que dijeron ser víctimas de los malos tratos de Rozanski.
Un grupo de veinte empleados del tribunal dijeron ante la prensa que el objetivo es “aclarar que queremos trabajar tranquilos” y prefirieron no dar sus nombres. “No entendemos el problema que plantea el sindicato, no entendemos las denuncias de malos tratos. Trabajamos en un clima cordial”, añadió uno de ellos y detalló que los empleados denunciantes “hace un año y medio que trabajan en la otra sede del tribunal”, ubicada en calle 47 de La Plata. Los conferencistas se desempeñan en la sede de calle 4, conocida como la sala AMIA y en donde se desarrolla el juicio por el “circuito Camps”. El martes el magistrado denunció que desde hace un año y medio sufre una “persecución” e intentos de desestabilización. “Detrás de esto hay algo que no está claro. La campaña que construyó Piumato tiene un objetivo turbio y un origen al menos problemático –dijo a Página/12–. Los casos de denuncia de acoso laboral contra mí en los que se basa son los de dos secretarias, Verónica Micheli y Karina Yabor, que fueron recusadas por la Secretaría de Derechos Humanos nacional en el juicio (por delitos de lesa humanidad en la Unidad 9) por interferir en la causa, con las víctimas y en defensa de dos condenados.” Además, en relación con la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, Rozanski apuntó que “no le han dado trámite a la denuncia”.
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