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Cuando faltaban horas para que se cumpliera un año del asesinato de Mariano Ferreyra, el Tribunal Oral Criminal 21 anunció que el juicio oral empezará el 20 de febrero y durará al menos seis meses. Serán enjuiciados el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández y ocho hombres acusados de integrar la patota que mató al joven militante del Partido Obrero (PO) e hirió a balazos a otras tres personas cuando apoyaban una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca. Se les imputa homicidio calificado, delito que prevé penas de prisión perpetua. Serán convocados 280 testigos, entre ellos los manifestantes que presenciaron la agresión, policías, miembros de la Ugofe (que administra los trenes en sociedad con el Estado), Pablo Ferreyra (hermano de Mariano), el dirigente Rubén “Pollo” Sobrero y hasta el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
Pedraza, Fernández y los matones llegarán a juicio acusados de haber participado de un “plan criminal” para “aleccionar” a los tercerizados que protestaban por despidos y reclamaban su regularización como personal de planta. Así lo definieron tanto la jueza de instrucción Wilma López como la Cámara del Crimen. Con su reclamo, los ferroviarios subcontratados ponían en jaque –señalaron distintos fallos– el poder de Pedraza y la cúpula gremial y su manejo directo de las empresas que lucraban con la tercerización. Los seis policías procesados por su participación tendrían un juicio aparte, ya que una pelea de competencia mantiene trabado el trámite.
El 20 de octubre de 2010 los tercerizados planeaban un corte de vías junto con varias organizaciones, pero bajo el apriete del grupo de choque decidieron desconcentrarse. En el momento en que se iban fueron atacados, en Barracas, con piedras y armas de fuego. Mariano Ferreyra murió de un balazo en el abdomen, Elsa Rodríguez recibió un disparo en la cabeza que la dejó hemipléjica, mientras que Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron baleados en las piernas.
Estarán en el banquillo el barra brava de Defensa y Justicia Cristian Favale –que no era ferroviario– y el ex barra de Racing Gabriel Sánchez, acusados de haber disparado; el picaboletos Guillermo Uño y el portero de los talleres de Remedios de Escalada, señalados en la recolección de las armas, para hacerlas desaparecer; el delegado Pablo Díaz, identificado como quien daba las órdenes en el lugar; Claudio Alcorcel, presunto nexo entre Díaz y un grupo llevado por Favale; y Salvador Pipitó y Jorge González, imputados por amenazar al equipo del Canal C5N para evitar que filmara. A Pedraza y Fernández se los acusa de haber mantenido control a la distancia, y una motivación “política” y “económica” en la organización del ataque, todo agravado por supuestos intentos posteriores de comprar la voluntad de camaristas de Casación Penal.
Habrá audiencias dos y tres veces por semana. Resolverán los planteos de nulidad en el juicio y allí también evaluarán si hace falta una nueva reconstrucción. De los testigos, 59 son policías y gendarmes, 48 son testigos presenciales (muchos manifestantes), estarán los de la UF que declararon con identidad reservada, hay directivos la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) que concedió licencias laborales a la patota, el contador de la UF Angel Stafforini y el abogado Juan Araya, delegados que habrían reclutado gente, Sobrero (del Sarmiento) y Schiavi.
Maxi Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que lleva la querella de la mamá de Mariano, celebró que haya una fecha de juicio y dijo que podrían objetar al perito Roberto Jorge Locles citado como testigo, “ya que fue apartado por la jueza e imputado por adulterar un elemento de prueba, la bala que mató a Ferreyra”. Agregó que aunque el juicio a los policías sea después, “participaron del homicidio”. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que representa a los heridos junto con Claudia Ferrero, dijo que se opondrán a que sean testigos los policías procesados, igual que Stafforini, imputado por las supuestas coimas.
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