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Más de una docena de represores, incluido quien fue el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez, comenzaron a ser juzgados ayer en San Juan, en el marco del primer proceso oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esa provincia. La mitad de los imputados, no obstante, está prófuga. “Estaban todos detenidos, pero la Cámara de Casación de Mendoza les revocó la prisión preventiva a fines de 2010. Cuando la Justicia sanjuanina los citó a declarar por otras causas, descubrió que estaban prófugos”, explicó a este diario uno de los fiscales del juicio, Germán Bermejo. Junto a su compañero, Dante Vega, solicitaron durante la primera audiencia la anulación del privilegio de prisión domiciliaria del que gozan dos de la media docena de imputados que no se fugó.
El tribunal, integrado por los jueces mendocinos Héctor Cortez y Alejandro Piña y el puntano Luis Fourcade, analizará los casos de torturas, detenciones ilegales, de-sapariciones y homicidios de 60 personas, que integraron, en etapa de instrucción, cuatro causas ahora unificadas. “La unificación de las causas es conveniente porque, en primer lugar, permite analizar de una manera más eficiente la sistematicidad del sistema represivo en la provincia en un nivel macro, panorámico –explicó Bermejo–. También sirve para proteger a los testigos, sobre todo a los sobrevivientes, de la reiteración de situaciones traumáticas.”
Entre los casos analizados figuran la desaparición y torturas a la modelo argentino-francesa Marie Ane Erize y del militante montonero José Alberto Carbajal, muerto en una sesión de torturas; y las detenciones ilegales y torturas de Hugo Ricardo Bustos, la actual jueza penal Margarita Camus –hija del ex gobernador Eloy Camus–, el actual gobernador, José Luis Gioja; su hermano y senador César Gioja; el juez provincial Abel Soria Vega y el sindicalista de UPCN y diputado nacional electo José Villa. Se prevé que el proceso oral dure un año y que declararán alrededor de 300 testigos. Las cuatro causas unificadas abrazan, según informó el fiscal, al 40 por ciento de las víctimas que el terrorismo de Estado dejó en la provincia. “Se esperan, por lo menos, dos juicios más”, pronosticó.
En este caso, es Menéndez quien carga con la mayor cantidad de acusaciones en relación con las 60 causas analizadas. Fue el único de los seis imputados que no están prófugos que presenció la primera audiencia, ayer, vía teleconferencia. Se encuentra en Córdoba, cumpliendo una de las seis condenas a prisión perpetua que obtuvo desde que comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Los otros cinco acusados son Jorge Antonio Olivera, jefe de Inteligencia; los subalternos Osvaldo Benito Martel, Daniel Gómez, Alejandro Víctor Lazo y quien era jefe de la Policía Federal, Horacio Julio Nieto. Este último es defendido en el juicio por el reconocido defensor de militares Eduardo San Emeterio. Ayer, la Fiscalía pidió que a Martel y a Lazo se les revocara el beneficio de prisión domiciliaria.
Los militares retirados Carlos Malatto, Juan Francisco Del Torchio, Gustavo De Marchi, Eduardo Cardoz, Jorge Horacio Páez y Eduardo Vic y el entonces jefe de la policía provincial Juan Carlos Coronel están prófugos. Todos habían sido detenidos a mediados de 2010 por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, “La Cámara de Casación de Mendoza los liberó en octubre de ese año, En agosto pasado los volvieron a citar para tomarles declaración indagatoria, pero nunca aparecieron”, denunció Bermejo. La Fiscalía solicitó la captura internacional. Aún no hay novedades de sus paraderos, a excepción del de Malatto, que se encuentra en Italia. La Justicia argentina ya pidió su extradición.
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