Aunque Eduardo Duhalde dijo ayer por radio estar “muy contento” por haber podido decretar el levantamiento del corralón, habrá que aguardar hasta ver la reacción de los titulares de plazos fijos reprogramados. Como el mecanismo anunciado el jueves por Roberto Lavagna y rubricado al día siguiente por el presidente es voluntario, no debe descartarse que cierto número de ahorristas (“nadie los está obligando”, según Duhalde) prefiera una vez más desatender la oferta gubernamental y seguir jugando la carta judicial, sobre todo ahora que la Corte se manifestó en el caso de San Luis en favor de la redolarización. Por de pronto, las diversas asociaciones que agrupan a los ahorristas bancarios se apresuraron a rechazar el mecanismo que dio a conocer el ministro de Economía y que aparecerá el martes en el Boletín Oficial. Se espera que el jueves, en su reunión de directorio, el Banco Central reglamentará el DNU.
De hecho, si un número significativo de ahorristas opta por desdeñar la nueva oferta oficial –seguramente la última del actual gobierno–, la incertidumbre seguirá afectando a los bancos, que no podrán predecir con precisión sus necesidades de liquidez. Lo que se sabe es que los depositantes que aún tienen reprogramados sus plazos fijos, y que representan un 20 por ciento del contingente original, son los que en mejores condiciones están de aguantar esta larga guerra por la recuperación de sus dólares.
De entre ellos, los que además plantearon reclamos ante la Justicia sufrirían, en caso de aceptar el convite, un doble castigo porque, además de perder alrededor de un 20 por ciento de los dólares que en el 2001 llevaron al banco, deberían pagar los honorarios del abogado, que obviamente no aceptará haber trabajado gratis. La impresión es que, en torno de este asunto, hay suficientes intereses creados como para obstaculizar su resolución definitiva.
Es obvio que el ahorrista que opte por desprenderse de los Boden 2013 que reciba soportará el fuerte desagio de estos títulos en el mercado, donde se transan a menos de la mitad de su valor facial. Sin embargo, Lavagna prefirió hacer hincapié en que la suma final que obtenga le proporcionará más poder adquisitivo dentro del país que el que tenían, antes de diciembre de 2001, los dólares que le fueron pisados. Aunque en términos del derecho de propiedad ese razonamiento es irrelevante, es cierto que otros sectores sociales –los asalariados, por ejemplo– perdieron mucho más con la crisis.
Los salarios cayeron tanto en dólares como en poder adquisitivo. Con la nueva oferta oficial, un depositante del corralón pierde dólares pero gana poder de compra, al menos en términos del promedio de precios. Su situación es por tanto relativamente mejor o menos mala. Además, como a esta solución se llega mediante un cúmulo de bonos públicos (para resarcir a los bancos por la pesificación y la indexación asimétricas, y para cubrirle al depositante la brecha con el actual valor del dólar), el conjunto de la sociedad –incluidos los asalariados– asume una deuda adicional en favor del sector de los ahorristas (y del de los deudores).
Ya se sabe que la solución tampoco ha sido neutral entre los ahorristas, porque las anteriores ofertas del Gobierno fueron menos favorables. En todo caso, habrá que ver aún cómo evoluciona el dólar en las primeras semanas de abril para poder cerrar los números. Como en estos momentos los altibajos del tipo de cambio no arrastran, ni en un sentido ni en otro, a los precios internos (dentro de ciertos límites), sólo en el momento en que un depositante realice su opción podrá calcularse cuántos dólares perdió respecto de los que confió al banco y cuánto poder adquisitivo ganó finalmente. En el caso de los plazos fijos por más de 30 mil dólares, cuyos titulares quedarán obligados a una ulterior inmovilización de hasta 120 días, el balance de esta experiencia iniciada con Domingo Cavallo y concluida con el sucesor de Roberto Lavagna tomará todavía algún tiempo, con los consiguientes riesgos.
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