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Los siete policías federales acusados de haber liberado la zona y facilitado el asesinato de Mariano Ferreyra están más cerca de ir a juicio oral. Los fiscales Fernando Fiszer y Martín Mainardi consideraron que la investigación está terminada y dan por probado que los uniformados permitieron que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) atacara a trabajadores tercerizados que reclamaban su incorporación a planta junto con agrupaciones de izquierda. Les atribuyen los delitos de “abandono de persona e incumplimiento” de sus deberes. El argumento es que dejaron a los manifestantes en situación de “desprotección” y que obraron de modo tal de lograr la “impunidad” de los hechos, que incluyen la muerte del militante del Partido Obrero (PO) y las heridas graves sufridas por Elsa Rodríguez (quien quedó hemipléjica con un balazo en la cabeza), Nelson Aguirre y Ariel Pintos (ambos con disparos en las piernas). Las querellas sumarán desde hoy sus pedidos de elevación a juicio, pero intentarán que se los enjuicie como partícipes necesarios en el homicidio.
Si la jueza Wilma López, a cargo del caso, resuelve elevar a juicio el expediente contra los policías en las próximas semanas, quedaría abierta la posibilidad de que el Tribunal Oral Criminal 21 los incorpore a las audiencias que comenzarán el 20 de febrero. Allí se juzgará al titular de la UF, José Pedraza, a su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y a ocho integrantes del grupo de choque acusados de concretar el ataque a los tercerizados donde llevaron armas de fuego y mataron a Mariano. Las querellas (la mamá de Ferreyra y varios heridos) postulan que el papel de la policía fue determinante en aquel desenlace.
Los fiscales sostuvieron en un escrito de 79 páginas que la policía conocía muy bien con antelación el conflicto de los tercerizados y sabía que ese día –el 20 de octubre del año pasado– planeaban una protesta que sería resistida desde el gremio. “Un grupo pretendía impedir el reclamo de otro y se deducía que el medio iba a ser violento (...) no hay dudas de que los jefes de policía a cargo conocían esa conflictividad”, afirman. Sin embargo, advierten, fue “notoria la determinación policial por permitir que el grupo identificado con la Unión Ferroviaria ataque al grupo que integraban las víctimas”.
El escrito hace hincapié en que la policía debía adoptar una función de “protección” que incumplió. Se mantuvo en un papel de “espectador” y en los momentos de mayor violencia abrió paso a la patota corriendo los patrulleros que la separaban de los manifestantes, que estaban en retirada y en minoría. A la inversa, sí persiguió a los tercerizados cuando respondían a la agresión. Por eso los fiscales dicen que “se rodeó la escena de un ropaje con pretensiones de protección que sólo lo simularon y permitieron que los peligros anunciados se concreten”. Fue, dijeron, “una especie de gatopardismo preventivo”.
Algunos datos elocuentes que agregan: la policía no dio intervención inmediata a la Justicia; en minutos clave comunica por teléfonos llamados POC (impiden el registro del contenido de lo que hablan); los hechos eran filmados y seguidos desde una sala de situación en la Dirección General de Operaciones, desde donde se impartían órdenes de replegarse y no meterse pese a la gravedad del escenario; la filmación fue interrumpida justo en el lapso en que matan a Mariano. Hay tramos donde se ve a la gente reclamando ayuda a la policía, que no llega. Las filmaciones disponibles y las comunicaciones de radio, dicen los investigadores, son ilustrativas. El ataque “pudo haberse evitado”, dijo la fiscalía.
Los policías que podrían llegar al banquillo son el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, que era jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, como jefe de la División Roca. El subcomisario Rolando César Garay, que coordinaba los patrulleros de la comisaría 30ª (en la causa informaron que habían tres, pero eran cuatro), y a quienes daban instrucción desde la DGO: el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, quien luego fue jefe de comisarías pero terminó expulsado; el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, quien operaba la radio, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. A ellos se suma el camarógrafo policial David Villalba.
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