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Fue la última sesión de Diputados de un poco productivo período de sesiones ordinarias y antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre que modifica la mitad de las bancas de la Cámara baja. Oficialismo y oposición acordaron trabajosamente un extenso temario que llevaron ayer al recinto. Aprobaron en bloque un paquete de proyectos sin observaciones ni disidencias, pero abrieron el debate sobre las iniciativas más complejas y de mayor impacto social sobre los derechos civiles. La ley de identidad de género obtuvo media sanción con el respaldo mayoritario del cuerpo después de cinco horas de debate, donde la discusión en particular terminó dividiendo transversalmente a muchas de las bancadas. Los diputados también acordaron acotar el debate sobre la iniciativa de muerte digna para enfermos terminales para poder darle media sanción. Pero a pesar del “gesto político” de adelantar la votación en general del proyecto para incorporar el tratamiento de fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio, que se discutía contrarreloj, la iniciativa quedó sin media sanción por falta de quórum. Es que por tratarse del último día del período ordinario de sesiones, la posibilidad de sancionar leyes se acababa, como en el cuento de Cenicienta, a la medianoche.
La sesión especial empezó con atraso y algo distendida. Se aprobaron las renuncias de los diputados tucumanos del Frente para la Victoria que asumieron cargos legislativos y en el Ejecutivo provincial, el radical Héctor “Pechi” Quiroga, que asume la intendencia de la ciudad de Neuquén, y la del kirchnerista Mariano West, que asume la jefatura en la comuna bonaerense de Moreno. También hubo homenajes a los fallecidos Jorge Raúl Pérez, diputado del Frente Cívico Santiagueño, y Sergio Montiel, ex gobernador entrerriano de la UCR.
Una extensa cantidad de proyectos con acuerdo mayoritario de los bloques –salvo los que hicieron algunas objeciones sobre alguno de ellos en particular– se aprobó por 196 votos afirmativos, cinco abstenciones y ninguno en contra en un mismo paquete.
Allí se incluyó y se convirtieron en ley la autorización para la salida de tropas del país y el ingreso de extranjeras para la realización de ejercicio militares conjuntos; el feriado extraordinario (por única vez) el 27 de febrero de 2012 por el bicentenario de la creación y jura de la bandera patria; y la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Así como la creación de juzgados federales en varias ciudades y localidades del territorio nacional.
También son leyes la ratificación de los acuerdos con el Mercosur para la equiparación y el reconocimiento de los títulos de educación primaria y secundaria entre los Estado miembros; de la Unasur sobre compromiso en defensa de la democracia de los países que lo componen, y con la Unesco para la creación en Buenos Aires de un centro internacional para la promoción de los derechos humanos.
El debate se abrió a la hora de discutir el proyecto sobre identidad de género. Como presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) fue la encargada de defender el dictamen de la mayoría que suscribieron diputados de las bancadas del FpV, UCR, FAP y CC. “Es una iniciativa que permite respetar la dignidad de las personas transexuales, que contempla nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos que a ella se han incorporado”, arrancó Ibarra.
“Estamos discutiendo la diferencia entre sexo y género, donde el género es mucho más abarcativo, de acuerdo con lo recogido en fallos que sentaron jurisprudencia y de acuerdo con planteos de las organizaciones de derechos humanos. A veces la identidad de género no coincide con el sexo que le fue asignado en la partida de nacimiento”, continuó la diputada, que luego agradeció a las organizaciones que colaboraron con la elaboración del proyecto “que ha costado muchos años de lucha y esfuerzo”.
Desde las bandejas del recinto bajaron los aplausos del colectivo de organizaciones y militantes de organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTA), Frente Nacional por la ley de Identidad de Género y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), entre muchas otras. Muchos de ellos con musculosas violetas que llevaban como leyenda el apuro de la sanción de la ley: “Sin demora. Identidad ahora”.
Pero el debate se empantanó alrededor de dos artículos, el 5 y el 11 del dictamen de mayoría, donde el Peronismo Federal y el PRO –cuyos diputados se dividían entre el apoyo y el rechazo al proyecto– reclamaban la intervención judicial para permitir a los menores de edad, acompañados por sus padres, pudieran acceder al cambio de género permitiendo la modificación de su nombre de pila en la partida de nacimiento y la fotografía en el DNI, así como para acceder a ciertos tratamientos hormonales. El oficialista Luis Cigogna también se plegó al reclamo y dividió las opiniones dentro del FpV.
Las réplicas no se hicieron esperar. Ibarra, como la oficialista Juliana Di Tullio, la radical Silvana Giúdici y la ex Coalición Cívica Marcela Rodríguez invocaron la declaración universal de los derechos del niño, incorporada a la Constitución, como salvaguarda jurídico, y se negaron a someter a la Justicia la decisión asumida por los menores. En cambio, sí incorporaron al artículo 11 la autorización del juez correspondiente (de acuerdo con las distintas jurisdicciones judiciales) para el caso de la operación del cambio de sexo en menores de edad.
La votación en general consiguió 167 votos a favor del proyecto mayoritario, 17 en contra y siete abstenciones. La votación de los artículos polémicos logró disminuir el apoyo original, pero no revertir la tendencia mayoritaria: 117 a favor, 51 en contra y nueve abstenciones. El proyecto alcanzó media sanción.
Con el reloj corriendo en contra, oficialistas y opositores volvieron a acordar en reducir los oradores a sólo los miembros informantes del dictamen de mayoría para pasar a votar en general el proyecto de muerte digna y dejar abierta la discusión para las diferencias en particular. La aprobación también fue contundente: 142 votos a favor, sólo seis en contra y dos abstenciones.
Sin embargo, las diferencias pudieron saldarse más rápidamente de lo previsto. Lo que posibilitó que la regulación de la protección de la dignidad de los enfermos en situación terminal o de agonía para garantizar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad de seguir sometiéndose o no a determinados tratamientos médicos obtuviera la media sanción. El proyecto también libera de la responsabilidad civil, penal y administrativa a los profesionales que obren de acuerdo a la ley, que contempla la decisión del paciente.
Pero el apuro terminó por volver a empantanar el final de la sesión. El presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, pidió adelantar la votación en general del proyecto de fertilización asistida para que no quedara trunca si no se votaba antes de la medianoche. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, explicó las diferencias que dentro de su bloque abría el debate en particular, pero como muestra de “voluntad política” de aprobar la iniciativa, aceptó la propuesta de la UCR. La votación fue contundente 150 diputados lo hicieron a favor del proyecto, cuatro en contra y otros cuatro se abstuvieron.
Pero el gesto político también abrió la duda sobre su validez. Para muchos la votación no tendrá validez alguna después del recambio legislativo del 10 de diciembre y perderá estado parlamentario. Para otros, será al menos una muestra del consenso alcanzado para que la nueva composición parlamentaria tome los acuerdos alcanzados como base para una nueva discusión el año que viene si el tema no se incorpora a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo piensa convocar para diciembre.
Una hora antes de la medianoche la discusión se cortó abruptamente por falta de quórum. Para los diputados que terminaban su mandato quedó el sabor amargo de no poder avanzar en un tema que dividió opiniones hacia adentro de sus propios bloques. El reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad y la incorporación de su tratamiento dentro del PMO que brinda el sector público, las obras sociales y las prepagas quedó postergado hasta el año próximo.
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