El país|Martes, 1 de abril de 2003

Por Adriana Meyer

“El 20 de diciembre me balearon y me dejaron parapléjico pero como no ocurrió en el centro de la ciudad no tengo justicia”, se lamentó Jorge “Tuly” Portillo ante Página/12. El fiscal de instrucción Carlos Donoso Castex archivó la investigación sobre los hechos en los que el joven fue herido y la Cámara de Apelaciones del fuero ordinario rechazó el pedido de sus abogados para que el caso pase a la Justicia federal, donde sí avanzó la investigación de cinco muertes producidas durante la represión a la rebelión popular que desalojó a Fernando de la Rúa de la Casa Rosada. Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), adelantó a este diario que acudirán a la Cámara de Casación y, eventualmente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 20 a la madrugada Tuly Portillo se había despedido de su novia y volvía a su casa, en el barrio Mitre. Ya habían empezado los saqueos y uno se estaba produciendo en un supermercado chino que estaba en su camino. Dobló por Ruiz Huidobro hacia Melián y se encontró con dos patrulleros y un auto particular. “La gente se les fue encima y yo quedé en medio de la calle, entre las balas y las pedradas. Fueron dos fogonazos y cuando me di cuenta estaba en el piso. Me quise parar, me quemaba la panza”, había relatado en diciembre a Página/12. Portillo tiene 21 años, quería ser futbolista profesional y tenía posibilidades para pasar de Platense a un club italiano. Pero quedó inmovilizado en una silla de ruedas. La bala le entró por el hombro, perforó sus pulmones, le rompió una vértebra, le rozó la médula y la arteria del brazo. “Sentía que cuando respiraba el aire seguía de largo, como si tuviera algo roto adentro. No movía las piernas y me volvía más loco”, evocó. Tras varios meses de rehabilitación ahora está haciendo contactos para ser tratado en Cuba.
La jueza federal María Servini de Cubría no quiso tomar el caso. Argumentó que ella investiga el corredor que va de Plaza de Mayo a Congreso, y que durante los turnos policiales los jueces federales no toman los hechos producidos en el desempeño habitual de la tarea policial. El juez de instrucción Ricardo Farías delegó el caso en el fiscal Carlos Donoso Castex, que determinó que la bala que hirió al joven es calibre 9 milímetros. El funcionario pidió que se identifique al personal que actuó en el hecho y la Policía Federal le dio seis nombres, pero los peritajes realizados a las armas que les secuestraron a esos efectivos determinaron que ninguno de ellos fue quien disparó contra Portillo. Entonces, el fiscal archivó el expediente hasta que la Federal logre la “individualización y captura del autor del suceso”.
Los abogados de la Liga apelaron esa decisión y pidieron la incompetencia de ese fuero para que la causa pase a manos de Servini de Cubría. Con el impulso de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, esa investigación avanzó incluso sobre las responsabilidades políticas de la represión del 20 de diciembre, de la que Portillo fue víctima. Por el contrario, Donoso Castex ignoró la denuncia inicial de la Liga contra el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro del Interior Ramón Mestre, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Federal comisario Rubén Santos, y contra los autores materiales, acusando a todos de tentativa de homicidio. Pero el juez se negó a desprenderse del sumario y sus superiores de la Cámara le dieron la razón. “El caso va camino a la impunidad”, expresaron en la Liga. Para impedirlo acudirán primero a la Casación, y si no obtienen resultados en esa instancia están decididos a reclamar justicia en la CIDH.
Para demostrar que el asunto era de competencia federal los letrados de la Liga habían presentado las desgrabaciones del trunking policial, en las que puede apreciarse que intervino la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal, cuyo jefe era el comisario Norberto Gaudiero, uno de los imputados en la causa que instruye la jueza Servini. “De lascopias certificadas que se acompañaron al momento de plantear la incompetencia surge una comunicación con un supermercado en el Barrio Mitre. Ese es el contexto en el cual fui víctima de disparos policiales. El juez de instrucción rechazó la incompetencia porque entendió que no surgía de la documentación presentada que en el fuero federal se estuviese investigando el hecho del que fui víctima. Resulta lógico que mi caso no apareciese en las transcripciones, ya que el responsable del disparo fue, justamente, un miembro de la policía”, escribió Portillo en el escrito que presentó ante los camaristas, con el patrocinio de Yanzón. “Los agentes policiales que llegaron al lugar dispararon a mansalva y yo fui víctima de una tentativa de homicidio, cuyas secuelas padeceré de por vida”, agregó. El joven insistió en que debe investigarse no sólo quién efectuó el disparo sino quiénes no hicieron lo debido para que el hecho no ocurriera, es decir, la responsabilidad de aquellas autoridades que debían garantizar que los operativos ordenados a partir de la noche del 19 de diciembre no atentaran contra la vida de los ciudadanos. “Los agentes de la Policía Federal intervinieron para dispersar a las personas en el supermercado chino, ninguna de ellas estaba armada y los agentes descendieron de sus vehículos y abrieron fuego con sus armas cargadas con balas de plomo, una de las cuales impactó en mi cuerpo. La ilegalidad del operativo resulta por demás evidente”, dice el escrito. “No se ha investigado quién dirigió el operativo y cómo se implementó, y nunca se intentó buscar la responsabilidad política en los hechos que me damnificaran”, agregó. Portillo y Yanzón concluyeron que la causa fue instruida “como si sólo se tratase de un hecho desafortunado que no guarda relación con los sucesos que conmovieron al país”.

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