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El gobierno de España decidió desclasificar los documentos archivados en las oficinas diplomáticas de ese país en la Argentina durante la última dictadura. El anuncio lo formuló ayer en conferencia de prensa el ministro de Fomento, José Blanco, al término del último Consejo de Ministros del gobierno saliente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La medida había sido solicitada por un magistrado que a pedido del partido Izquierda Unida decidió reabrir este año la causa iniciada en 1997 por el juez Baltasar Garzón, en la que se investigan las desapariciones de alrededor de 600 ciudadanos españoles.
“El gobierno ha decidido desclasificar documentos relativos a la embajada y consulados de España en la República Argentina”, anunció Blanco. La desclasificación “corresponde a una solicitud de la Audiencia Nacional (N. de R.: el máximo tribunal penal español, equivalente a la Cámara de Casación Penal en la Argentina) que tiene abierto un sumario por los delitos de genocidio, terrorismo, tortura y lesa humanidad por hechos acaecidos en Argentina entre el año 1970 y el año 1980”, agregó.
La solicitud de apertura y entrega de los archivos al Ministerio de Relaciones Exteriores de España y a la Embajada de ese país en Buenos Aires la realizó el 29 de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, Pablo Ruz, con el objetivo de continuar con la investigación abierta en la década del ’90 por el juez Garzón sobre la desaparición de ciudadanos españoles y/o sus descendientes durante la dictadura en Argentina.
El sumario iniciado por Garzón, que en 1998 pidió sin suerte medio centenar de extradiciones de represores argentinos y que en 2005 derivó en la condena a 640 años de cárcel al ex capitán naval Adolfo Scilingo, investiga la desaparición de alrededor de 600 españoles, aunque se desconoce el número exacto. Ruz reemplazó a Garzón en junio de 2010, tras la suspensión cautelar del magistrado, actual asesor del Tribunal Penal de La Haya, acusado por presunto prevaricato por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
El partido comunista-ecologista Izquierda Unida, que ejerce como querellante en la causa junto con familiares de las víctimas, le había solicitado en el mes de abril al juez Ruz “que reclamase a la embajada española en Argentina la lista de desaparecidos en los años ‘70-’80 por la represión y la dictadura”, explicó una fuente de la Audiencia Nacional. El juez solicitó “el legajo con los expedientes de denuncia de ciudadanos españoles o descendientes por desapariciones forzadas”. La Cancillería, a cargo de la ministra Trinidad Jiménez, “respondió que estos documentos estaban clasificados como secretos desde 2010” pero que iba a solicitar su desclasificación, paso que dio el Consejo de Ministros en su última sesión antes de que asuma el poder el Partido Popular de Mariano Rajoy.
El gobierno que aún encabeza Rodríguez Zapatero informó ayer que fundaba la desclasificación en “el carácter excepcional de las circunstancias del procedimiento y la naturaleza de los hechos que se investigan y la gravedad tanto de la calificación que pudieran merecer tales hechos como de las penas que pudieran corresponderles”. Sin embargo, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales y con el objetivo de “conciliar la protección de la seguridad del Estado, de una parte, y el derecho fundamental de tutela jurídica efectiva, de otra”, pidió “la máxima protección y reserva procesal posible”.
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