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El aumento en las dietas que se dieron diputados y senadores nacionales a fines del año pasado, y que había sido difundido y consignado en su momento, generó una polémica ayer cuando algunos medios publicaron que el incremento llegaba al ciento por ciento, algo que se contradice con la cobertura que esos mismos medios habían hecho del tema cuando fue requerido por las autoridades de todos los bloques. La decisión, firmada por los titulares de ambas cámaras, Amado Boudou y Julián Domínguez, se tomó con la finalidad de “adecuar la pirámide remunerativa” y a partir de “inquietudes planteadas por todos los bloques” por el atraso relativo respecto de los empleados parlamentarios, por lo que se determinó que la dieta fuera “un 20 por ciento superior al máximo cargo de dirección de los empleados del Congreso”, lo cual implicaría un aumento entre 20 y el 32 por ciento respecto del contrato anterior.
La medida fue defendida ayer por miembros del Frente para la Victoria, el PRO y la UCR, mientras que Proyecto Sur y el FAP salieron a criticarla, aunque el Partido Socialista y el GEN, que encabezan ese espacio, formaron parte de la reunión en la que se decidió el aumento.
El incremento es “totalmente razonable”, justificó ayer el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto. “A través de este aumento se subsana un retraso en la dieta de más de seis años, que ubicaba a los legisladores en una situación de desfasaje respecto del personal legislativo de planta”, agregó el rionegrino. La remuneración que ahora perciben diputados y senadores es totalmente razonable y está equiparada a la de un secretario de Estado del Poder Ejecutivo Nacional”. Pichetto recordó que la determinación “también fue refrendada por cada uno de los presidentes de los diferentes bloques políticos” y llamó a “debatir sin hipocresía el tema de las remuneración de los representantes elegidos por el voto popular”.
La resolución conjunta, fechada al 30 de diciembre de 2011, sostiene que “en consonancia con las inquietudes planteadas por todos los bloques representativos, se decidió adecuar la pirámide remunerativa”, según informaron, en su momento, las autoridades a través de un comunicado. El acuerdo para dar ese aumento surgió de una reunión en la que participaron el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez; la presidenta primera del cuerpo, Norma Abdala de Matarazzo (del Frente Cívico por Santiago, aliada del oficialismo); el vicepresidente segundo, Mario Negri (UCR); la vicepresidenta tercera, Alicia Ciciliani (Partido Socialista), la diputada Juliana Di Tullio (Frente Para la Victoria), y los jefes de bloque Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat Gay (CC), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Felipe Solá (Unión Peronista), Claudio Lozano (Unidad Popular), Margarita Stolbizer (GEN) y Gustavo Ferrari (Frente Peronista).
“Es un ajuste de una dieta que efectivamente venía muy atrasada desde la última década, desde la crisis de 2001.” La definición es de la diputada del PRO y ex directora de Poder Ciudadano Laura Alonso, insospechada de kirchnerismo. “Yo soy de las que piensa que a los funcionarios hay que pagarles bien, pero controlarlos también. Lo que hay que hacer no es nivelar hacia abajo, sino hacia arriba y que todos podamos ganar mejor. Es una buena oportunidad para aumentar el nivel de transparencia y en rendición de cuentas de nuestras actividades”, aseguró.
La oficialista Juliana Di Tullio a su vez sostuvo que este aumento “es una muy buena señal, porque si no parece que sólo pueden hacer política los que tienen dinero”, mientras que el radical Juan Pedro Tunessi calificó el aumento como “un sinceramiento”, ya “había un desfasaje con los sueldos de los cargos jerárquicos insostenible”. De todas formas, cuando fue abordado por la prensa, se quiso dispensar: “Es una decisión que tomaron los presidentes de las cámaras, a mí no me preguntaron”, justificó.
Sin embargo, no faltaron las voces disonantes respecto de este asunto: es el caso del diputado de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, que respaldó la denuncia de un supuesto aumento del ciento por ciento, aunque no dio argumentos para justificarla. “Es una barbaridad. He llegado el viernes de afuera y me he enterado de esto” que se aprobó en diciembre. “Va a contramano de la situación del país”, agregó. Para el ex candidato a jefe de Gobierno porteño, “que uno pueda contemplar como todos los sectores de la vida nacional el aumento en relación con la inflación es una cosa, pero no el ciento por ciento”.
Curiosamente, una ex compañera de ruta de Solanas, que se alejó de su espacio antes de las últimas elecciones, coincidió en este punto. Se trata de Victoria Donda, de Libres del Sur (actualmente parte del FAP), que consideró que “si debía haber una recomposición tenía que ser en el marco del porcentaje que se les aumenta a los trabajadores”. Para la diputada, “la política no se recupera haciendo que los funcionarios públicos se enriquezcan”.
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