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La catástrofe ferroviaria postergó el anuncio sobre la construcción de un museo histórico dedicado a las Malvinas, allí donde hoy están los dormitorios en desuso de los marinos que prestaron servicios en su Escuela de Mecánica. Cuando se conoció ese propósito, por una visita oficial al predio, organismos defensores de los Derechos Humanos comunicaron su inquietud.
CFK la disipó al regreso de su operación: ordenó publicar el aún secreto Informe Rattenbach, que es la cuña más aguda que alguna vez se clavó en el palo militar; proclamó la precedencia de la soberanía popular sobre cualquier reivindicación territorial; renegó de todo intento bélico sobre las islas; denunció la militarización y nuclearización del Atlántico Sur y encuadró el reclamo dentro de la defensa de los recursos naturales de Sudamérica, amenazados por el pillaje de las grandes potencias. Eso explica el respaldo regional que nunca antes había acompañado la posición argentina, para exigir que el gobierno británico cumpla con la resolución de las Naciones Unidas que ordenó a ambas partes negociar dentro del marco del proceso de descolonización. Fue conseguida por el presidente Arturo Illia, en 1965. En 1982, el único político notable que se opuso a la invasión fue otro dirigente de la UCR, Raúl Alfonsín. Esa posición mesurada y su promesa de enjuiciar a los conductores de la guerra sucia contra la sociedad argentina fueron las razones de su sorprendente victoria sobre su lúgubre adversario justicialista, el mismo Italo Lúder que les dio a las Fuerzas Armadas “licencia para matar”, según la precisa descripción del dictador Videla. Los hechos posteriores, que culminaron con la desdichada frase sobre los héroes de Malvinas y con la ley de obediencia debida, no borrarán el reconocimiento histórico que Alfonsín merece por aquellos deslindes fundamentales. Pero tampoco pueden ser omitidos del análisis, que recobra actualidad ahora, cuando Cristina retoma y profundiza el rumbo firme y pacífico señalado por Illia y Alfonsín.
Cuesta comprender, entonces, la declaración de 17 intelectuales que identifican esta madura perspectiva con “la trágica aventura militar de 1982”. Varios firmantes provienen de distintas confesiones marxistas. Cuestionan como contrario a la paz “el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos –es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino–” y destacan las “inevitables consecuencias de largo plazo” que atribuyen a la guerra perdida en 1982. En esta legitimación pasiva del apoderamiento británico de las islas reverbera el Manifiesto Comunista de 1848 y su apología de la expansión colonial como transmisora de “la civilización hasta a las naciones más salvajes”. O la declarada alegría de Marx ese mismo año por “la conquista de México” por los Estados Unidos porque, como celebró Engels “la magnífica California” fue “arrancada a los perezosos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella”. Podría seguir con las enmiendas tardías de Marx, perfeccionadas por Lenin al distinguir entre el nacionalismo opresor de las grandes potencias y el nacionalismo liberador de las sociedades más débiles sometidas por aquellas, fundamento del posterior tercermundismo. Pero sería superfluo para estos efectos, porque los buscadores de nuevas alternativas para las Malvinas se quedaron en 1848. En esas definiciones marxianas puede encontrarse también la génesis del tránsito de algunos de ellos hacia el liberalismo y su aversión hacia el actual gobierno, que parece su motivación más profunda. Es legítimo reclamar la “crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina” y no es verosímil reducir ese fervor a una manipulación mediática, aunque es ostensible que ocurrió. Pero no hay razón para excluir de esa revisión a ellos mismos y a los partidos y las organizaciones en las que militaban. Salvo error u omisión, las corrientes leninistas, trotskystas y maoístas apoyaron la invasión con entusiasmo.
No veo tampoco que el gobierno plantee lo que ellos llaman “la causa-Malvinas” como “una cuestión de identidad” ni que la coloque “al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país”. Ocurre que están por cumplirse tres décadas de la guerra de 1982 y dieciocho de la ocupación inglesa de 1833 y esto coincide con grandes novedades en la escena mundial, como la profunda crisis europea y la emergencia de un nuevo poder regional, que tiene a la Argentina en su núcleo (Mercosur, Unasur y la CELAC) y que estrecha relaciones comerciales y políticas con otros polos de poder emergente. En el número enero-febrero de “Nueva Sociedad”, el economista y diplomático mexicano Jorge Eduardo Navarrete destaca que la contribución de los países emergentes al Producto Bruto global desde 1998 “es mayor que la de las economías avanzadas. En otras palabras, se modificó la brecha de producción entre los dos grandes segmentos de la economía mundial”. Mientras el Reino Unido “ha tenido un crecimiento aplanado a resultas de la austeridad”, entre el cuarto trimestre de 2007 y el primero de 2011 el crecimiento real del PIB argentino per cápita sólo fue superado por China y la India, y seguido por Brasil. Si se consideran los países integrantes del G-20, la Argentina, Brasil y México ocupan el 4º, 5º y 9º puesto en la tabla de solidez de la recuperación, luego de China, Turquía y la India. En cambio, Gran Bretaña está en el penúltimo escalón, después de Italia y antes de España.
La participación en tales agrupamientos, en cuya concreción Néstor Kirchner tuvo un papel más reconocido fuera que dentro del país, encabeza las prioridades y define la identidad nacional, no Malvinas. En cuanto a la “escasa relación” de las islas con “los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan”, me permito disentir. La militarización y nuclearización de la única zona de paz del mundo es una amenaza gravísima, sobre todo si se ejerce en apoyo de las exploraciones hidrocarburíferas en el mar y de la depredación de los recursos ictícolas. Ambas cuestiones están vinculadas con algunos de los problemas principales del país, como la restricción externa que amaga por la crisis global. En 2011 la Argentina exportó pescados y mariscos por 1.365 millones de dólares, más de lo que obtiene por la venta de carne vacuna. Y la balanza del comercio energético arrojó un saldo negativo de 4.500 millones de dólares, que explica la escalada de conflicto con Repsol-YPF.¿Qué lógica tendría controlar la remisión de utilidades y exigir inversiones a las multinacionales radicadas en el continente e ignorar que Gran Bretaña explota los tan necesarios recursos propios en el Atlántico Sur? La declaración recomienda al respecto “una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños”, olvidando que Gran Bretaña decide sin consultar a nadie y que los pasados intentos por congraciarse con los isleños sólo sirvieron para que el Reino Unido acelerara el usufructo inconsulto de esos recursos.
Los firmantes ven un “clima de agitación nacionalista” y proponen como alternativa “una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación”. Hubiera sido útil que explicaran qué intereses nacionales consideran legítimos y cómo conciliarlos con la autodeterminación de los habitantes de las islas. Sólo un tercio de esas 3.000 personas descienden de los ocupantes originarios, desde 1983 tienen la nacionalidad británica, y ningún argentino puede radicarse allí aunque lo desee. Esto ridiculiza aún más la pretensión autodeterminatoria. El resto fueron traídos de otras colonias inglesas, son trabajadores migrantes de Chile y Perú y funcionarios de la administración colonial. Como escribió un grupo de ex soldados conscriptos, los habitantes viven en una aldea controlada y no toman ninguna decisión de política exterior, forman parte de los territorios de ultramar de Gran Bretaña. “Conviven en una relación de un habitante por un miembro de las Fuerzas Armadas británicas, unos 3.000 soldados que están asentados en la fortaleza Malvinas en la base de Mount Pleasant, donde se violan tratados de la comunidad internacional como lo es el de Tlatelolco. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías militares”. No hay partidos políticos. La única radio y el único canal de televisión son militares y, según una fuente de la cancillería uruguaya, allí se preparan las tropas que inocularán la democracia al pueblo salvaje de Afganistán. El rompehielos “Protector”, que reemplazó al “Endurance” y llegó a las islas el mes pasado, es un barco científico, pero posee defensas que lo hacen invisible para el radar, lo cual lo asemeja a una nave de guerra. Los firmantes también consideran contradictoria la propuesta de “abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía” con el anuncio de que “la soberanía argentina es innegociable”. Es sólo un juego de palabras: en todos los procesos de descolonización los países que negociaron su soberanía ofrecieron algo a cambio. Mandela renunció al enjuiciamiento de los crímenes del apartheid en Sudáfrica y China admitió que Hong Kong mantuviera su régimen de gobierno y su sistema financiero integrado al circuito occidental. La Constitución de 1994 declara el respeto por el modo de vida de los habitantes de las islas y en todos los foros internacionales la Argentina ha expuesto que toma en cuenta sus intereses. Pero Gran Bretaña pretende, y los firmantes de la declaración lo comparten, que se pongan en la balanza sus deseos, que es otra cosa. También proponen “ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial– con los malvinenses”, que es lo que Londres querría como legitimación del escenario colonial. Agregan que ese diálogo debería ocurrir “con agenda abierta y ámbito regional”, como si no tomaran nota del apoyo de todos y cada uno de los países de la región a la soberanía argentina. Agenda abierta quiere decir, entonces, renuncia al derecho que nuestro país invoca y “abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno”, como si las tres cosas fueran lo mismo.
De los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución en 1994, los declarantes deducen en forma correcta que “los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho”. Es discutible si se les aplica la Convención Americana, dado que Gran Bretaña no la firmó y nadie reconoce a los malvinenses otra representación política. En cualquier caso ese tratado prescribe el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la integridad de cada persona, que nadie les discute. El artículo 23 reconoce incluso los derechos políticos “de los ciudadanos” a elegir y ser elegidos para ocupar cargos públicos, pero la Corona designa al gobernador sin consultarlos. El derecho a la autodeterminación sí está contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El sujeto de ese derecho no son los individuos sino los pueblos y, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó en diciembre de 1960 la Resolución 1514, está condicionado al derecho de integridad territorial de los Estados. En 1964, la Secretaría General incluyó a las Malvinas entre los territorios a descolonizar aplicando esos principios y en 1965 la Asamblea votó la resolución 2065 en la que reconoce que hay una disputa de soberanía entre ambos países, a los que insta a negociar una solución pacífica que tenga en cuenta “los intereses de la población”, pero no sus deseos. Es decir que el principio de integridad territorial prevalece sobre el de autodeterminación de un agrupamiento humano injertado allí por un acto de fuerza. Comparar esto con el proceso inmigratorio de nuestra “sociedad plural y diversa” es extravagante. ¿Por qué Gran Bretaña no reconoce, y los firmantes no se lo reclaman, el derecho humano a migrar, universal, imprescriptible e indivisible, que la Argentina consagró en la ejemplar ley 25.871/04, y después de unos años sin restringir la radicación de argentinos convoca a un plebiscito autodeterminatorio?
Mi desacuerdo con este documento no implica desconocer la legitimidad del debate que propone y de su oposición a sacralizar posiciones. No discutiría tampoco que “los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales”. Llamar a los firmantes gurkhas, cipayos, colonizados, quinta columna o traidores no es la mejor manera de rebatir sus endebles argumentos.
Fuente: Jorge Eduardo Navarrete, “La crisis global: brechas que se reducen. El desafío de los países emergentes”, en “Nueva Sociedad”, Nº 237, enero-febrero de 2012.© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
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