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El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo ayer en una conferencia de prensa que el vicepresidente Amado Boudou “no intervino ni en el pedido de la quiebra” de la empresa gráfica ex Ciccone “ni en el levantamiento”, cuestiones que resolvió el juez comercial Javier Cosentino. Su única participación cuando era ministro de Economía –según explicó– consistió en evacuar una “consulta técnica” del propio ente recaudador ante un pedido de la firma de “quita y condonación de intereses, multas y honorarios”. La nota en que Boudou avalaba esas facilidades con la finalidad de asegurar la recaudación y preservar “las fuentes de trabajo” fue presentada en algunos medios como una intervención interesada del entonces ministro con la finalidad de favorecer a la ex Ciccone.
Ese papel que firmó Boudou es uno de los tantos que analiza el fiscal federal Carlos Rívolo, en una causa todavía incipiente en la que busca establecer si el vicepresidente tiene alguna vinculación con la ex Ciccone Calcográfica (ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana), si incurrió en alguna conducta delictiva para beneficiarla y para propiciar que quedara bajo control del abogado Alejandro Vandenbroele, director de CVS. Después de que se difundiera que supuestamente Ciccone había quedado al mando de Vandenbroele y que este año se hicieron pruebas para que imprimiera billetes de cien pesos, la ex esposa del abogado, Laura Muñoz, definió públicamente a su marido como “testaferro” de Boudou. Ambos negaron conocerse.
La causa penal se abrió, a raíz de las declaraciones de la mujer, por la denuncia de un abogado. El fiscal Rívolo estaría poniendo parte del foco de la pesquisa en cómo fue el trámite de la quiebra de Ciccone, que es donde han hecho hincapié varias publicaciones periodísticas, atribuyéndole un papel central a Boudou. Esto explica que haya salido a hablar Echegaray. Según información que proporcionó el funcionario, la secuencia fue la siguiente: tras un planteo de la AFIP, el juez Cosentino declaró la quiebra de Ciccone Calcográfica el 15 de julio de 2010 por las deudas que tenía con el Estado; el 26 de agosto la AFIP señala por escrito la intención de levantar la quiebra; el 3 de septiembre lo pide Ciccone y el juez la concreta el 24 de septiembre.
El funcionario explicó que Ci-ccone pidió el 14 de octubre un plan para poder saldar sus incumplimientos que incluía “una quita y condonación de intereses, multas y honorarios” y “facilidades de pago”. Señaló que como excedía las facultades de la AFIP le remitieron el planteo al Ministerio de Economía. “El entonces ministro Boudou –precisó– contestó diciendo que ‘hagamos lo que la ley dice que tengamos que hacer’”, por eso aprobaron el pedido de la empresa para “cumplimentar la estrategia recaudatoria de AFIP para empresas concursadas o fallidas” y conservar los puestos de trabajo. La respuesta de Boudou tiene fecha del 8 de noviembre de 2010 y, aclaró Echegaray, es ajena al pedido de la quiebra y su levantamiento. Fue respuesta a una consulta puntual del ente recaudador.
Echegaray señaló que “lo que se hizo con Ciccone es lo mismo que se ha hecho con muchas otras empresas” y recordó los casos de los diarios La Nación y Clarín. “El diario La Nación tiene desde 2003 una deuda de 160 millones de pesos con el fisco, por aportes patronales apropiados como crédito fiscal, y la AFIP no procedió a cerrar el medio para mantener las fuentes de trabajo”, explicó. Afirmó que “lo mismo sucedió con Clarín, que tenía una deuda de más de 100 millones de pesos, pero llegó a un acuerdo fiscal” con la AFIP y regularizó su situación.
El titular de la AFIP se refirió también a la empresa Boldt, a la que Boudou vinculó con el duhaldismo y señaló como su acusadora en las sombras en un reportaje publicado el miércoles por este diario, ya que pretendía quedarse con el negocio de la impresión de billetes. Echegaray cuestionó la actuación del juez comercial Cosentino al haber permitido que alquilara la planta de Ciccone cuando había sido declarada en quiebra. El ente le reclamó al juzgado la restitución de la maquinaria a Ciccone, “que mostraba voluntad de pago”, mientras “Boldt estaba teniendo inconvenientes”. Boldt, informó Echegaray, “fue denunciada penalmente por la utilización de facturas apócrifas, falsificación de documentos públicos y simulación dolosa de pago y sellos falsos”.
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