“No tienen ningún sustento”

Para Julián Domínguez los fines de semana suelen arrancar bien entrada la tarde del sábado. Aprovecha que el Congreso está desierto y se queda en su despacho con un puñado de colaboradores hasta después del mediodía haciendo las cosas que en el trajín de los otros días no puede hacer. “Sobre todo, me dedico a leer y estudiar”, cuenta al recibir a Página/12 en la presidencia de Diputados. Sobre su escritorio tiene la documentación vinculada a la disputa por la transferencia de la concesión de los subtes a la ciudad de Buenos Aires y la lleva consigo hasta los sillones en los que prefiere acomodarse para la entrevista. “Macri es como el chico que juega a la pelota y cuando le meten un gol se la lleva”, dirá después con el grabador ya encendido. También respaldará a Amado Boudou y lo definirá como “un buen compañero de trabajo y un gran amigo”, y destacará la importancia de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que a instancias del Ejecutivo se debatirá este miércoles en el recinto de la Cámara baja.

–¿Qué espera del debate en el Congreso sobre el traspaso de la concesión del subte y el control de los colectivos a la ciudad de Buenos Aires?

–La ley 373 de la ciudad autorizó en el 2000 la transferencia de los subtes y el premetro, con lo cual hay un antecedente normativo explicitado. Después está el decreto 27/12 de Macri del 5 de enero, en el que fija la nueva tarifa para el subte. También está el dictamen de la Procuración General de la Ciudad que refrenda la facultad del jefe de Gobierno para subir la tarifa del subte. No estamos en presencia de un contrato de compraventa privada, sino ante un contrato interadministrativo en el que no se conciben potestades rescisorias unilaterales. Es una clara situación de incumplimiento de una obligación por parte de Macri.

–¿A qué atribuye la actitud de Macri?

–Hay un principio del derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. El tema de la cantidad de kilómetros de subte que iba a construir por año fue una de las grandes banderas de su campaña; lo que está haciendo implica un profundo desprecio a los vecinos de la ciudad.

–Desde el PRO sostienen que cualquier transferencia debe hacerse con los recursos correspondientes.

–Si una característica ha tenido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que siempre ha acompañado a las jurisdicciones y que nunca se dejó sin recursos nada que haga a la prestación de servicios de la gente; se ha hecho cargo de problemas provinciales y hasta de quebrantos de empresas privadas; ha puesto el Estado al servicio del requerimiento de la demanda de los vecinos.

–Pero el traspaso de la concesión de los subtes vino acompañado de la reducción de los subsidios a la mitad...

–No conozco puntualmente la operatoria que estaban negociando. Lo cierto es que había un proceso de negociación y que cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca.

–¿El oficialismo estaría dispuesto a abrir la discusión sobre el traspaso de la policía, el puerto, el juego y el registro de propiedad, como reclama el macrismo?

–El Congreso es el espacio donde se deben discutir todos los temas de la Argentina, cómo se perfecciona el federalismo y cómo se distribuyen equitativamente los recursos federales porque hay jurisdicciones que tienen un beneficio coparticipable mucho mayor al de otras. Rediscutir un modelo de coparticipación más equitativo y solidario es una deuda que la Argentina está teniendo, pero le recuerdo a Macri que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tienen el mayor ingreso per cápita de la Argentina. Además, nada tiene que ver esta discusión general del modelo de país con hacerse cargo de las responsabilidades de las que Macri debe hacerse cargo; él firmó un acta, pidió autorización para aumentar las tarifas, las aumentó y ahora no se hace cargo; Macri es como el chico que juega a la pelota y cuando le meten un gol se la lleva.

–¿Qué va a hacer el oficialismo frente al pedido de juicio político a Boudou que presentará la oposición?

–Boudou al frente de la Anses nacionalizó los fondos de los argentinos que estaban en manos privadas; los que criticaron esa medida fueron los que se perjudicaron con nombre y apellido. Otro debate que se dio recientemente es sobre la Casa de Moneda, que en el último tiempo ha ganado 52 millones de pesos. La exposición del titular de la AFIP echó por tierra las conjeturas periodísticas que no tienen el rigor y la verosimilitud del proceso judicial, donde la discusión se da en función de lo ocurrido. Cualquier dirigente político, gobernadores, intendentes, diputados, han venido con reclamos de empresas para que no se pierdan fuentes de trabajo. Gestionar por preservar las fuentes de empleo no es motivo de un requerimiento judicial. Amado es un buen compañero de trabajo y un gran amigo. La ventaja que tiene este debate es que sabemos con nombre y apellido qué intereses están detrás.

–¿Se refiere a la empresa Boldt?

–Exactamente. Boldt y los grupos empresarios y periodísticos que tienen intereses comunes. Pero esto se va a ir cayendo porque la acusación contra Boudou no tiene ningún sustento; no se termina de entender qué imputación se le hace, es un disparate.

–¿Qué lectura hace de las críticas de la oposición a la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el oficialismo y que este miércoles se debatirá en el recinto?

–Esta reforma tiene el propósito de poner al sistema y al Banco Central al servicio del crédito argentino y de recuperar la orientación del financiamiento al desarrollo nacional. Hay un cambio de paradigma: el modelo anterior hacía que los fondos del banco estén inmovilizados para obligar a todo el sistema a endeudarse, que el Estado salga de garante, se paguen tasas de intereses altísimas y que cuatro o cinco vivos se beneficien con las comisiones. Hay que mirar si las críticas corresponden a quienes de alguna manera fueron asesores jurídicos o financieros vinculados a consultoras que se beneficiaban con el mecanismo de endeudamiento. Venimos a cortar los lazos de la dependencia de la Baring Brothers a la fecha. Es un testimonio más de la recuperación de autonomía. Para qué sirve un Banco Central con 46 mil o 47 mil millones de dólares, si tenemos que salir a tomar plata y pagar tasas con un interés incompatible con el crecimiento y la rentabilidad de la producción.

–¿Hace alguna autocrítica por la forma en que se manejó el aumento de la dieta de los legisladores o sigue pensando que alrededor de ese tema se montó, como dijo en su momento, un “show mediático”?

–Ese siempre es un tema antipático, pero entendí que debía hacerme cargo de sincerar la situación. Hubo cuatro años de intentos de hacerlo, pero el señor Cobos, que cobraba como miembro del Ejecutivo, se negaba a firmar.

–¿Le molestó que algunos diputados salieran a cuestionar el aumento que sus propios bloques avalaron?

–No corresponde que como presidente de la Cámara emita un juicio sobre las personas. Los que no estén de acuerdo, tienen la posibilidad de renunciar al incremento de la dieta, pero yo no he tenido ninguna presentación de renunciamiento individual.

–Al margen de los proyectos que impulse el Ejecutivo, ¿qué agenda legislativa tiene el oficialismo en Diputados?

–Hay innumerable cantidad de proyectos que vamos a empezar a tratar. En el tema de adopción hay una comisión de juristas y una propuesta dando vueltas, hay muchos proyectos sobre economías regionales que debemos compatibilizar, con relación a Malvinas vamos a hacer una serie de reconocimientos de grupos de malvineros en las diferentes embajadas; en Agricultura hay tres o cuatro proyectos y también en la Comisión de Empleo; además hay una propuesta de reconocer a los jueces que han impartido justicia y dado un marco normativo para acelerar los juicios que se han demorado en materia de derechos humanos. Este año nos trazamos la meta de tener al menos tres sesiones por mes.

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